James A. Dorn argumenta que un enfoqúe más apropiado para las relaciones entre China y EE.UU. no es la confrontación sino una alianza económica estratégica a largo plazo que reconozca el progreso que ha logrado China sin implantar barreras a las relaciones comerciales.

James A. Dorn
Mientras el congreso de los EE.UU. practica el proteccionismo y la Casa Blanca consiente, China continúa moviéndose hacia una economía de libre mercado. La aprobación el 16 de marzo, por el Congreso Nacional del Pueblo, de la nueva ley de propiedad es otro paso positivo en la transición de China de la planificación al mercado. El movimiento de China hacia la libertad económica es verdadero, y el Congreso debe responder manteniendo abiertas las puertas comerciales, no imponiendo tarifas aduaneras punitivas que perjudican a ambos lados.

La insistencia de Washington de tomar represalias contra China por subvalorar su moneda, inundando los mercados de EE.UU. con mercancías baratas, y por subvencionar las exportaciones implica que China es un enemigo, contra el que se necesita tomar represalias. ¿Pero, hay alguien que crea seriamente que los consumidores estadounidenses están peor si las mercancías se pueden importar a precios más baratos de lo que cuesta producirlas en el país? Imponer tarifas aduaneras a China perjudica a los consumidores de EE.UU. y a los usuarios industriales de productos importados; es un acto de suicidio económico.

Amenazar con eliminar las relaciones comerciales normales con China por medio de una ley del Congreso, como lo propone el senador Byron Dorgan (D., N. D.) sería una tontera. Violaría también las reglas de la Organización Mundial de Comercio. De la misma manera, la decisión del Departamento de Comercio de EE.UU. de revertir su antigua política e imponer pagos compensatorios a las compañías chinas, aún cuando el Departamento de Comercio todavía clasifica a China entre las economías que “no son de mercado”, abrirá una Caja de Pandora y agravará los sentimientos proteccionistas del Congreso en el Capitolio.

En su apuro por penalizar a China, el Congreso está desviando la atención de las acciones constructivas que esa nación ha tomado y está tomando para reestructurar sus instituciones y así acercarse al liberalismo económico. Como lo dijo el Primer Ministro Wen Jiabao en su discurso en Harvard en diciembre de 2003, la transición de China de planificación a mercado ha llevado al “gradual levantamiento de antiguas restricciones impropias, visibles e invisibles, a las libertades del pueblo de elección de trabajo, movilidad, empresa, inversión, información, traslado … y estilo de vida”.

Esto se demuestra con la nueva ley de propiedad. Al darle una mayor seguridad a los derechos de propiedad, la ley le otorga contenido al artículo 13 de la Constitución de la República Popular China, la que fue enmendada por el Congreso del Pueblo en 2004 y que proclama que: “la propiedad privada legal de los ciudadanos es inviolable”. Más importante es que al hacer más transparentes los derechos de propiedad, la ley ampliará los límites del mercado de intercambio, aumentando al mismo tiempo la libertad y la prosperidad.

El gran economista del siglo XVIII, Adam Smith reconocía los beneficios sociales de la propiedad al escribir, “[ Si] la gente no se siente segura de la posesión de su propiedad” y “la buena fe de los contratos no es respaldada por la ley,” entonces “el comercio y la industria rara vez pueden prosperar por mucho tiempo.” Dos mil años antes Mencius escribió, “La gente puede tener un plan de vida a largo plazo solamente si sabe que su propiedad privada está segura”.

La libertad económica, especialmente en las áreas costeñas, ha hecho de China la tercera potencia comercial y a su vez ha ayudado a millones de personas a salir de la pobreza. Sin la rápida expansión del sector no estatal y el crecimiento de la clase media, la presión política para enmendar la constitución y promulgar una nueva ley de propiedad no hubiera ocurrido.

En una encuesta realizada en 20 países en 2005, GlobeScan descubrió que China tiene la más alta proporción de respuestas (74 %) que están de acuerdo con que la “economía de libre mercado es el mejor sistema en el cual basar el futuro del mundo”. Este resultado es extraordinario dado que hasta hace muy poco tiempo Beijing mantenía la planificación central.

“La gran idea” del Presidente Hu Jintao es crear una “sociedad armoniosa y próspera” vía el “desarrollo pacífico”. Para lograr esta meta, en todo caso, se requiere de un cambio institucional —a saber, un estado de derecho que realmente proteja a las personas y a la propiedad. Como Wu Jinglian, uno de los principales reformadores, indicó recientemente, “Si no establecemos [un] estado de derecho justo y no tenemos una protección clara de los derechos de propiedad, entonces esta economía de mercado se hará caótica y corrupta e ineficaz”.

El ideal socialista de la armonía es completamente consistente con la idea central del liberalismo de mercado: un gobierno limitado y no intervencionista (wu wei), en el sentido de proteger la propiedad y los contratos, origina un ordenamiento espontáneo del mercado. Mucho antes del liberalismo occidental , Lao Tzu argumentaba que cuando el gobernante no toma “ninguna acción”, “la gente prospera por sí misma”.

Desde una perspectiva liberal, “el principal objetivo y la condición del desarrollo económico”, escribió el fallecido Peter (Lord) Bauer, es extender “la gama de opciones” —o sea, expandir “la gama de alternativas eficaces que la gente tiene a su disposición”. Esa meta es completamente consistente con el objetivo de “construir el socialismo con características chinas”, lo que, en las palabras de Wen, es “emancipar y desarrollar las fuerzas productivas, y respetar y proteger la libertad del pueblo chino para buscar la felicidad”.

En su discurso en Harvard, Wen atribuyó el desarrollo pacífico de China desde 1978 a “la política de reforma y apertura, y en el análisis final, a la creatividad del pueblo chino inspirada por la libertad”. Y, como Mencius, argumentó que, “sin protección efectiva del derecho de los ciudadanos a la propiedad, será difícil atraer y acumular capital valioso”.

Si las nuevas provisiones de la ley de propiedad se hacen cumplir, se despolitizará la vida económica y la sociedad civil se beneficiará de la autonomía que la propiedad privada crea. La actual corrupción no proviene del avance del mercado; es el efecto secundario de la carencia de los derechos de propiedad completamente transferibles de la tierra y otros activos propiedad del gobierno. Si los inversionistas tienen que trabajar con funcionarios del gobierno que pueden beneficiarse con la venta de los derechos sobre la tierra, los sobornos y otros favores prosperarán.

Aunque la nueva ley fortalece los derechos del uso de la tierra, no cambia la propiedad estatal de ella. Los agricultores no pueden usar tierras de propiedad colectiva como colaterales. Los políticos locales seguirán tomando las decisiones finales acerca del desarrollo y las compensaciones a campesinos y residentes de las ciudades por la confiscación de sus tierras para “uso público” seguirán siendo arbitrarias. Estas deficiencias, sin embargo, no deben cegarnos a los méritos de la nueva ley ni al significado histórico de la primera medida de China para salvaguardar un importante derecho humano.

Una alianza económica estratégica de largo plazo es un enfoque mucho más sensible a las relaciones entre China y EE.UU. que regresar al proteccionismo destructivo. En lugar de hacer daño a los negocios y consumidores estadounidenses que se benefician del libre comercio, el Congreso debería reconocer el progreso que ha logrado China y no erigir barreras a las relaciones comerciales.

James A. Dorn es Vice-presidente para Asuntos Académicos de Cato Institute y especialista en China y coautor de China´s Future: Constructive Partner or Emerging Threat? (El Futuro de China: ¿Socios Constructivos o Amenaza Emergente?).

Traducido por la clase de “Introducción a la Traducción No Literaria” del profesor Jorge Salvo en la Universidad de Carolina