El Gobierno colombiano ha cesado y entregado a la justicia ordinaria a 25 militares, incluidos tres generales y cuatro coroneles, por su presunta responsabilidad en el asesinato de de 11 jóvenes civiles.

Investigarán a 2.300 funcionarios públicos
La medida fue anunciada por el Presidente del país, Álvaro Uribe, y por el comandante en jefe de las Fuerzas Militares colombianas, el general Freddy Padilla de León, quien manifestó que los militares destituidos pasarán a disposición de la justicia ordinaria para que respondan penalmente en caso de ser hallados culpables.

Los militares fueron llamados a calificar servicios o destituidos, dijo en Bogotá el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, en una conferencia de prensa conjunta con el Presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Pacto con los delincuentes

“No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía, y la distorsión de esa eficacia con el asesinato de víctimas inocentes”, afirmó Uribe.

Tras anunciar la toma de “drásticas decisiones”, el Presidente colombiano explicó que una comisión constituida por el Ministerio de Defensa estableció que varios militares pactaron con delincuentes para maquillar los resultados de sus operaciones.

Los crímenes se registraron, principalmente, en Norte de Santander, departamento de la frontera nordeste con Venezuela, en el que estaban destacados los militares apartados del servicio. El grupo lo encabezan los generales Roberto Tito, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, comandantes de las divisiones séptima y dos del Ejército, y de la brigada 23.

Investigan a 2.300 funcionarios públicos

Por otra parte, la Procuraduría General colombiana (Fiscalía) anunció que está investigando a 2.300 funcionarios públicos por su presunta implicación en ejecuciones extrajudiciales. El fiscal general, Edgardo Maya Villazón, dijo que se habían producido asesinatos cuya causa se desconoce, por lo que presumen que hayan podido ser cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad o funcionarios judiciales.

Como ejemplo, Maya Villazón utilizó el caso de 111 cadáveres que fueron hallados entre los años 2007 y 2008 en el municipio de Ocaña, en el departamento Norte de Santander (norte del país). Se sabe que fueron asesinados, pero no se conocen más detalles.