El ex presidente de Perú Alberto Fujimori, que se mantuvo en el poder entre 1990 y 2000, afronta desde este lunes un cuarto juicio por los casos de las escuchas ilegales, el pago a congresistas para que apoyaran su gobierno y por haber utilizado su poder para intentar controlar los medios de comunicación con el propósito de lograr su reelección.

Por delitos durante su mandato

La Fiscalía ha acusado a Fujimori por los delitos de peculado contra la administración pública, contra la libertad y la violación del secreto de las comunicaciones, dentro los casos conocidos como “interceptación telefónica”, “congresistas tránsfugas” y “medios de comunicación”. El juicio oral, a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por Cesar San Martín, se celebrara en la sede judicial de la Dirección de Operaciones Especiales, en Lima, y es el cuarto proceso penal que enfrente el ex mandatario desde que fuese extraditado a Perú en septiembre de 2007.

El fiscal supremo, Avelino Guillén, ha asegurado que la sala penal actúa con “independencia, transparencia y honestidad”, así como lo hizo en el anterior juicio al ex mandatario, y afirmó que la sentencia no se basará en “criterios subjetivos”, sino en “las pruebas necesarias y objetivas”, según informó europa Press.

El pasado mes de abril, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión al ser declarado responsable de la muerte de 25 personas entre los años 1991 y 1992, en las conocidas masacres de Barrios Altos y La Cantuta. A finales de 2007, la Sala Penal Especial había dictado una pena privativa de libertad de seis años contra el ex gobernante por el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinidad Becerra, ex esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos. En esta ocasión, la Fiscalía pide una condena de ocho años de cárcel y el pago de una reparación civil de 5 millones de nuevos soles (1,17 millones de euros) a favor del Estado peruano, además de 3 millones de nuevos soles (707.000 euros) para resarcir a los agraviados de las escuchas ilegales.

La Fiscalía ha señalado que el ex mandatario dio su aprobación a los organismos de inteligencia de Perú para realizar las interceptaciones ilegales a un grupo de personas que habían mostrado su desacuerdo con el gobierno. En el caso “medios de comunicación”, la denuncia de la Fiscalía destaca que el acusado presuntamente se aprovechó de su posición como presidente y emprendió algunas acciones con el fin de controlar los medios locales y poder conseguir así su reelección.

Pero una de las acusaciones más graves es la del caso de los “congresistas tránsfugas”. La acusación asegura que Fujimori ordenó el reclutamiento de legisladores dentro del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), los servicios secretos, a quienes pagó altas sumas de dinero, informó la prensa local.

La Fiscalía documentará este caso con un vídeo en el que aparece el ex asesor presidencial Valdimiro Montesinos entregando dinero al entonces parlamentario Alberto Kouri, a cambio de seguir apoyando al gobierno de Fujimori. Este material fue uno de los que se incautó la justicia peruana en el polémico caso de los “vladivídeos” que revelaron casos de corrupción en los que podría estar involucrado el ex presidente.