Tras 18 años de haber estado privatizada en manos de capitales españoles, el gobierno argentino envió el proyecto de reestatización al Parlamento. Fuertes críticas por parte de la oposición

La oposición cuestiona el proceso
Aerolíneas Argentinas volvió a ser propiedad del Estado, cuando este mediodía el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó el traspaso de la compañía con los accionistas del grupo español Marsans.

Tras 18 años de haber estado en manos de capitales españoles y en el marco de un gran conflicto que perjudica la prestación del servicio, Aerolíneas Argentinas regresa a manos del Estado Argentino.

Una comisión bicameral del Parlamento analizará las condiciones del traspaso de la empresa, en crisis de funcionamiento por las deudas, y luego la presidente Kirchner hará un anuncio por la tarde en la Casa de Gobierno.

La mencionada Comisión Bicameral deberá aprobar la operación acordada con el grupo Marsans. Después de eso, se necesitará el visto bueno de los accionistas en España, donde Marsans enfrenta un juicio del Estado por desvío de fondos para la operación de Aerolíneas.

Los titulares del grupo español, Gonzalo Pascual y Gerardo Diez Ferrán, llegaron a Argentina para acudir a la reunión que formalizará la estatización de la compañía aérea.

Aerolíneas Argentinas y Austral concentran el 80% de los vuelos de cabotaje del país y según el gobierno la empresa tiene una deuda de 890 millones de dólares, de los cuales unos 240 millones son de corto plazo. Los costos operativos agregan pasivos por otros U$S 30 millones al mes, según cálculos del Gobierno, que aportó 50 millones de pesos la semana pasada para comprar repuestos y así poner a funcionar algunas naves que estaban detenidas.

Sólo 32 aviones de los 56 de ambas flotas están en condiciones de volar, según una fuente sindical, pero “en las próximas horas se agregarán dos o tres aviones más en servicio”, prometió el Secretario de Transporte, Ricardo Jaime. “Hay un plan de recuperación de equipos para que se pueda cumplir con toda la programación. En el caso de vuelos regionales e internacionales se habló con otras empresas para hacer códigos compartidos o transferencia de pasajes”, explicó el funcionario.

Según el cuestionado secretario de Transporte, “la incorporación de capitales privados será el horizonte una vez que se ponga en valor a las empresas”. Asimismo, Jaime señaló que la “incorporación se hará a través de un proceso de licitación nacional e internacional”.

No se descarta, sin embargo, que el Estado Nacional termine gestionando la empresa como lo hizo en numerosas oportunidades similares.

Paralelamente y en el marco de una crisis política interna en el oficialismo (tras la división producida por las diferencias respecto al tema de las retenciones) el debate en el Parlamento puede tener sobresaltos.

El diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, advirtió que el debate puede ser “ajustado” si la propuesta de reestatización de Aerolíneas “es solo a efectos de limpiar los pasivos de la empresa para luego reprivatizarla”.

“Si se confirma que esto es un negociado para cubrir la deuda de 1000 millones de dólares va a haber elementos para cuestionar la operación y las nuevas condiciones que hay en el Congreso van a permitir debate más ajustado”, dijo el legislador quien agregó que “tenemos que ver si estamos ante una tradicional operación de estado bobo que luego de permitir que vaciaran la empresa vuelve a correr con la deuda para dársela a otro privado”.

Lozano advirtió que “todos sabemos que la aeronavegación es una actividad que requiere de subsidio estatal y por la experiencia vivida no tiene sentido seguir poniendo recursos, sino mantener el control” y recalcó la necesidad de “saber si se justificó la intervención de la empresa por parte del Estado, o si no hubiera sido mejor dejarla quebrar” para que el grupo Marsans asumiera la deuda.