El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, planea utilizar los excedentes de la recaudación fiscal para expandir el sector público.

Temor ante reciente declaraciones

El Gobierno cerrará este año con un superávit fiscal récord,
cercano a 4,5%. Este excedente de recursos le permitió pagar los intereses de la
deuda pública y, además, ir cancelando una parte de los vencimientos de capital
con el FMI y los tenedores de bonos que no cayeron en default. Y proyecta seguir
con esta política el año próximo, según los números que surgen del proyecto de
Presupuesto 2005.

Sin embargo, Roberto Lavagna dijo que “hay un tercer excedente (de superávit
fiscal) que en los próximos 30 días, diremos cuál será su destino, pero
básicamente irá a promover actividad productiva, educación y ciencia y
tecnología”, desalentando nuevamente la posibilidad proponer una reducción de
impuestos al trabajo, a las Ganancias personales, y menos aún a los activos no
productivos, las retenciones o incluso el cargo por el uso de cuentas corrientes
en bancos. Tampoco alentó esperanzas de constituir un fondo para poder ofrecer a
los acreedores afectados por el default un pago en efectivo, para captar más
adherentes a la altamente rechazada propuesta de reestructuración de la
deuda.

La convicción del ministro parece ser que el
sector público es un mejor administrador de los recursos que el sector privado
de donde se nutre, a pesar de que esa estrategia ya ha comenzado a manifestarse
en un freno de la recuperación de la actividad
global.

Como contrapartida, Lavagna obtuvo de los expertos fuertes
críticas por no pensar en políticas de ahorro genuinas. Según el analista
económico Daniel Sticco, “lo ideal sería que la mejora de
las erogaciones en las áreas sociales sean producto de la reasignación de
partidas, por ahorros genuinos en la administración de la hacienda pública,
tanto nacional como provincial; mientras que el sobrante de caja resultante de
la eficiencia tributaria debiera destinarse a cancelar deuda pública y ofrecer
“premios” a quienes pagan todos los impuestos”.

Por su parte, Mario Teijeiro, presidente del Centro de Estudios
Públicos, precisó que “si seguimos este criterio, la peor opción es reducir el excedente
fiscal a través de aumentos adicionales del gasto público, sea este gasto
corriente o inversiones de baja productividad. Es seguramente la opción política
más atractiva en un año electoral, pero es la más nociva para el crecimiento
económico. Aumentar el gasto público significa perder la oportunidad de aumentar
el crédito al sector privado”.

A la luz de las alternativas existentes, la recomendación de los
analistas es priorizar la reducción de impuestos, pues consideran que se trata
de una condición necesaria para reestablecer los incentivos a favor de la
inversión en actividades formales y productivas. “Si la política económica
reestableciera las condiciones para la inversión productiva eficiente, explica
Teijeiro, los incentivos para la repatriación de capitales estarían dadas y el
crecimiento del crédito podría ser sustituido por la inversión directa. En
cambio si los incentivos para la inversión productiva no están dados, el
crecimiento del crédito financiará consumo o inversiones de baja productividad”.