Aunque el régimen de presidencias es rotativo y alfabético, el pleno de la Aladi nombró al embajador de Ecuador como próximo sustituto del colombiano.

ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN
Una más de las consecuencias habidas tras la ruptura de las relaciones
diplomáticas entre los gobiernos de Uruguay y de Cuba, el 24 de abril de 2002,
ha sido la exclusión del país caribeño de la presidencia del Comité de
Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), con sede
en Montevideo.

Durante veintiún años, Cuba y Uruguay estuvieron sin
relaciones diplomáticas, desde el 8 de setiembre de 1964 -cuando el gobierno
uruguayo accedió a una exigencia de la Organización de Estados Americanos (OEA)
en ese sentido- hasta el 17 de octubre de 1985, al retorno de la democracia
uruguaya tras casi 12 años de dictadura militar entre 1972 y 1985. El único
vínculo diplomático que en la actualidad mantienen los gobiernos de Uruguay y
Cuba es de carácter consular.

La última ruptura de las relaciones
diplomáticas entre ambos países tuvo lugar después de que Castro intercambiase
insultos con el presidente Jorge Batlle, por la iniciativa del gobierno uruguayo
de impulsar ese año en la Comisión de Naciones Unidas en Ginebra, la moción de
exigir a Cuba el cumplimiento de los Derechos Humanos.

Cuba es miembro
pleno de Aladi desde el 26 de agosto de 1999 y su primer Representante
Permanente fue el embajador Miguel Martínez. Desde que fue expulsado de Uruguay
Alvarez Portela, el gobierno de Fidel Castro nunca designó un embajador para que
lo represente en el organismo de integración latinoamericano.

Aunque el
reglamento de Aladi señala que el régimen de presidencias es rotativo y por
orden alfabético, al asumir el viernes la presidencia del Comité la colombiana
Claudia Turbay, el pleno de Representantes Permanentes, soslayó a Cuba, que está
representada por un alterno, y nominó al embajador de Ecuador como el sustituto
de Turbay dentro de seis meses.

Algunos datos
sobre Aladi

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus
doce países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 430 millones de
habitantes.

El Tratado de Montevideo de 1980, marco jurídico global
constitutivo y regulador de Aladi, fue suscrito el 12 de agosto de 1980
estableciendo los siguientes principios generales: pluralismo en materia
política y económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia la
formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos
diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y
multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales.


A su amparo, por expresa atribución concedida a sus órganos, los países
miembros pueden –sin necesidad de otro texto legal autorizante interno- aprobar
acuerdos de muy diversa naturaleza.

La Aladi propicia la creación de un
área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un
mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos: una preferencia
arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países
miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países; acuerdos de
alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros) y acuerdos de
alcance parcial, con la participación de dos o más países del área.

Los
países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región (Bolivia,
Ecuador y Paraguay) gozan de un sistema preferencial. El Tratado de Montevideo
1980 está abierto a la adhesión de cualquier país latinoamericano.

La
Aladi está compuesta por tres órganos políticos: el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores, la Conferencia de Evaluación y Convergencia y el Comité
de Representantes; y un órgano técnico: la Secretaría General.