Familiares de secuestrados insisten en recibir pruebas de supervivencia porque se teme que varios de ellos están enfermos y en condiciones infrahumanas

PAZ EN COLOMBIA
Las Farc, primera guerrilla de Iberoamérica, mantiene secuestradas a más de
1.600 personas, algunas de ellas desde hace ya siete años. De esa multitud de
secuestrados, las FARC aspiran a “canjear” por unos 300 guerrilleros presos a
tres asesores estadounidenses, una veintena de dirigentes políticos, incluida la
ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y unos 45 soldados y
policías.

En lo que algunos analistas entienden como una poco clara
actitud de negociación, las FARC modifican de forma continua las condiciones
para establecer el diálogo. A pesar de la mala experiencia habida con el
presidente Pastrana, el grupo rebelde ha exigido al gobierno la
desmilitarización de unas zonas aún por definir y la liberación de todos sus
hombres en prisión, lo que ha sido rechazado por el presidente Uribe.


Cualquiera puede ser objeto de secuestro por las Farc: desde un rico
ganadero hasta el conductor de un taxi, desde un soldado de reemplazo hasta un
parlamentario regional o un senador de la república.

El secuestrado se
convierte en moneda de cambio al albur de las necesidades políticas y
estratégicas del grupo guerrillero, amén de las siempre insaciables necesidades
económicas. En algunos casos no es más que una mercancía que se traspasa de un
grupo armado a otro, de una banda de delincuentes a otra de narcotraficantes, en
una cadena de horror y angustia de difícil comprensión.

Por otro lado,
desde la postura de las FARC de ser un auténtico estado, lo que el resto del
mundo llama secuestrados, ellos los consideran prisioneros, al modo como los
estados legítimamente constituidos tienen cárceles y prisioneros. Es primero en
este lenguaje complicado y fatuo donde se empantanan y acaban perdiéndose los
procesos de paz, de negociación y de canje habidos hasta el momento.

Las
familias de 12 diputados regionales, secuestrados por las Farc hace 27 meses,
junto con la Asamblea del Valle han solicitado la mediación de los gobiernos de
Cuba, México y Venezuela para un eventual “canje” de sus parientes por
guerrilleros presos.

La petición coincide con la disposición del
presidente Alvaro Uribe a modificar sus exigencias en torno a un intercambio
humanitario. No obstante, el Gobierno colombiano niega la desmilitarización de
cualquier zona del país y exige la libertad de todos los secuestrados por el
grupo irregular.

“Creemos que los presidentes de México, Vicente Fox; de
Cuba, Fidel Castro; y de Venezuela, Hugo Chávez, nos pueden ayudar a conseguir
un acercamiento con las FARC. El presidente Uribe ya ha cedido en todo lo que
corresponde”, dijo Angela Giraldo, portavoz de los familiares de 12 ex diputados
secuestrados.

“Ahora, Uribe no pide cese de hostilidades, ni que los
guerrilleros que salgan de las cárceles abandonen el país, aunque con la
condición de que firmen un documento comprometiéndose a no volver a delinquir”,
indicó el senador liberal Carlos Barragá.

Estados Unidos y la Iglesia
Católica han manifestado por separado su rechazo a un eventual “canje” con las
FARC, alegando que éste podría incentivar el secuestro en Colombia y, de paso,
pondría en el mismo nivel a verdugos y víctimas.

Al cumplirse 27 meses
del secuestro de los diputados del Valle, sus familiares insisten en que se
envíen pruebas de supervivencia porque se presume qua varios de ellos están
enfermos y en condiciones infrahumanas.