La presente polémica sobre la intención de estatizar las AFJP, absorbiendo el actual régimen de capitalización en un único sistema de reparto, nos hace reflexionar sobre lo errado de los principios que subyacen en el discurso oficial y en el de la oposición.

Alejandro Bongiovanni

El gobierno aduce que una cuestión tan esencial como es el pasar económico de quienes se ven invalidados de poder continuar trabajando, no puede tener como pilar “una actividad intrínsecamente riesgosa y que además ha demostrado que puede distanciarse fuertemente de la economía real por períodos prolongados“[1], en referencia a la actividad del mercado financiero. Sin embargo, uno bien puede preguntarse si no resulta mucho más peligroso que el sistema provisional dependa de los avatares y necesidades de caja del actual gobierno, cuyas políticas han demostrado ser tan inexplicables como impredecibles. No es muy descabellado alegar que las políticas que vienen desarrollando los Kirchner son también fundamentalmente “una actividad intrínsecamente riesgosa y que además ha demostrado que puede distanciarse fuertemente de la economía real por períodos prolongados“.

No obstante, lo que pretendemos analizar aquí es la piedra angular del discurso oficial. El argumento aparentemente inexpugnable que les sirve de justificación para cometer cualquier latrocinio, dado que criticarlo es atravesar los límites de la corrección política. Me refiero, claro, al principio de “solidaridad” y la “distribución de la riqueza”, conceptos absurdos y vacíos,  verdaderos caballos de batalla de mandatarios populistas como los Kirchner.

Por solidaridad entendemos la adhesión voluntaria a la causa de otra persona. No existe tal cosa como la “solidaridad forzada”. Uno lo hace porque así lo desea (y con sus propios fondos) o bien no lo hace solidariamente. Cuando el gobierno nos dice que el nuevo sistema provisional “estará basado en el principio de solidaridad, en el que el régimen público tiene un rol inclusivo y redistributivo“[2] la realidad es que quienes no deseen regalar mes tras mes parte de su trabajo para que otro individuo (¿qué quizás nunca realizó aportes?) se beneficie, ahora tendrán que hacerlo a la fuerza.

Supongamos –aunque diste de la realidad– que este gobierno realiza un honesto manejo de los fondos públicos. Aún así, usar la coerción estatal para obligar a los ciudadanos a que trabajen para cuenta de otras personas que no conocen ni verán jamás, resulta económicamente perjudicial y moralmente vacío. Aún en el caso que este gobierno no malgaste los fondos para sus necesidades de caja y clientelismo político, podemos ver que la “solidaridad a punta de pistola” es un dislate mayúsculo. La lamentable y renaciente idea del “Estado de Bienestar” lo único que logra es que las personas se divorcien de la responsabilidad individual, que los gobiernos crezcan adiposos y que el nivel general de ingresos decaiga.

Lo que resulta más preocupante es que en la vereda de enfrente la oposición no muestre muchas diferencias respecto a la adhesión a estos ridículos principios. Cuando lo que estaba en el tapete era la famosa resolución 125, uno puede recordar que quienes votaron en contra no lo hicieron por una convicción de la nocividad de la idea de “redistribuir la riqueza”, sino porque sabían que este gobierno utilizaría el dinero para acrecentar su aparato partidario y su poder político. Nadie criticó jamás la perorata redistributiva, vaca sagrada de todo aquel que quiera gobernar dividiendo al país entre pobres y ricos, víctimas y victimarios.

Hoy, el debate sobre la estatización de las AFJP y la creación de la SIPA, presenta a una oposición que mayoritariamente critica la oportunidad o el modo, que pretende soluciones intermedias o graduales; pero son muy pocos quienes rechazan el principio absurdo de la “solidaridad forzada”. Hasta tanto no abramos los ojos frente a estos pseudo principios “sociales”, hasta tanto dejemos de comprar el disparatado discurso redistributivo y al nefasto art. 14 bis. que pervirtió a nuestra Constitución, seguiremos siendo presa de mandatarios inescrupulosos, que siempre utilizarán el mismo refrito: acudir a la oratoria social para saquearnos una y otra y otra vez.