El gobierno debe estar consciente de que tiene ingresos como nunca antes en la historia, con un precio de barril de petróleo que superó los 100 dólares en los mercados internacionales, y por lo tanto no debería estar inventando nuevas formas de quitarles el dinero a los ciudadanos…
Roberto Villacreses León
El presidente Rafael Correa hace algunos semanas manifestó la intención del gobierno de cobrar 700 millones de dólares para renovar las concesiones de telefonía celular a la española Telefónica y la mexicana América Móvil, es decir con este millonario cobro por la renovación de licencias –un valor exorbitante para Latinoamérica- se demuestra una vez más la animadversión del actual gobierno hacia los inversionistas y el empresariado.
Se arremete contra los concesionarios de las frecuencias de radio y televisión al aumentarles el pliego tarifario. Si bien es cierto que estos pagaban valores irrisorios por el uso de las frecuencias, no se justifica bajo ningún criterio un aumento tan desproporcional –como pasar de un cobro de 40 dólares a 994 dólares al mes-, sobre todo ante las actuales circunstancias económicas. El sector privado requiere nuevos incentivos para continuar y no mayores cargas que hagan más difícil su labor.
Lo primero que queda claro es que el régimen busca mayores ingresos para continuar con su permanente campaña electoral y su voluminoso “gasto social” asistencialista, pues esto ayuda a la consolidación de su proyecto político. Recordemos que además reformó la ley petrolera para obtener el 99% de los beneficios extraordinarios del alto precio del petróleo, introdujo una reforma tributaria para sustraer más recursos del sector privado otorgándole enorme poder coercitivo al SRI y ahora tiene la mirada puesta también en el sector minero.
Por otro lado, se corrobora el real desconocimiento que existe por parte del presidente y su gabinete de cómo funciona la economía real, además de su evidente repudio hacia el empresariado o todo aquel que genera riqueza, seguramente por su formación ideológica. El régimen ignora que en nuestra pequeña economía todas las cargas que imponga sobre un sector tan importante como el de la telefonía celular o los medios de comunicación se trasladarán a la sociedad en su conjunto y al final los más pobres serán los más afectados.
Ese dinero que extrae el Presidente de estas empresas serán recursos que en gran parte se cargaran al consumidor final, y lo que no puedan trasladar será dinero que no estará disponible para reinvertir en mejoras tecnológicas para los negocios, para contratar más personal, o para que estos brinden un mejor servicio.
De nada nos sirve ahora la disminución del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de 15% para las telecomunicaciones, si ahora el gobierno pretende cobrarnos ese monto mediante esta otra vía. El ICE a las telecomunicaciones fue de 187 millones en el 2007 pero en este valor se incluye lo cobrado a la telefonía convencional, por lo tanto con los 700 millones que el Estado cargaría a las empresas de telefonía celular y que ellas trasladarían al consumidor, compensaría muy bien esta reducción de ingresos. El gran burlado en este juego será lamentablemente el consumidor, pues estas empresas como en cualquier negocio tratarán de recuperar de algún modo su inversión.
El gobierno debe estar consciente de que tiene ingresos como nunca antes en la historia, con un precio de barril de petróleo que superó los 100 dólares en los mercados internacionales, y por lo tanto no debería estar inventando nuevas formas de quitarles el dinero a los ciudadanos, pues son ellos los que ante la perdida de las cosechas, el aumento de precios, la disminución de la inversión y la baja confianza empresarial, necesitan del dinero para afrontar esta dolorosa situación y son quienes lo emplearan de forma mas eficiente que el mismo Estado.
El Presidente ha equivocado la ruta, su proyecto de “socialismo del siglo XXI” nos esta arrastrando a una situación económica de la que difícilmente saldremos bien librados. Este no es el cambio que la ciudadanía requiere, ni por el que se votó en las urnas. La gente lo que quiere Sr. Presidente es que usted no le meta más la mano al bolsillo y que nos deje trabajar.
El autor es Investigador Asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política.
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Economía Política
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