Varias asociaciones que agrupan a diferentes televisiones ecuatorianas, así como constitucionalistas y políticos de la oposición han denunciado que el “Consejo Nacional de Comunicación e Información” contemplado en el proyecto de Ley de Comunicación de Rafael Correa sería un órgano de control que atenta incluso contra la Constitución. Dicho consejo, según denuncian, tendría unos poderes excesivos y dependería directamente del Gobierno ecuatoriano.
Ante la política de Chávez
Según informa la prensa ecuatoriana, el Consejo Nacional de Comunicación e Información previsto en el proyecto presentado por los diputados afines al Gobierno de Rafael Correa tendría capacidad de acusar, investigar, juzgar y sancionar a los medios de comunicación. La constitucionalista Verónica Regalado dijo l diario La Horaque “hay que esperar” para conocer “el posible régimen de sanciones” que se impondríaa los medios. Destacó que lo previsto en la norma “son órganos que en primra instancia están destinados al control de medios. Lo grave está en que es un órgano dependiente del Gobierno y funcionaría según el criterio presidencial”.
Los “súper poderes” del Consejo constituyen un “absurdo jurídico” y son contrarios a la Constitución ecuatoriana, según denuncian la Asociación de Canales de Televisión de Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados. El director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, Roberto Aspiazu, dijo no entender por qué tanta hostilidad de Correa contra los medios de comunicación, si durante su campaña le abrieron espacios para presentar su programa.
Aspiazu dijo que “considero que este país puede funcionar sin ley de comunicación. El proyecto del Ejecutivo presentado por mi amigo Rolando Panchana apunta a controlar a los medios. Pienso que se puede seguir viviendo sin ley y ojalá no se convierta en mordaza”. Añadió además que el Ejecutivo debe tener claro el ámbito de las telecomunicaciones para que no sea incluido en el proyecto.
El diputado de Sociedad Patriótica Fausto Cobo acusó a los legisladores próximos a Correa de querer “estructurar este organismo inquisidor al igual que lo visto en la ley de Educación Superior y ley de Aguas”. Sostuvo que la intención del Gobierno es la creación de un organismo único de control para la comunicación. Dijo que el trasfondo es controlar la tarea informativa y eso “atentaría los derechos ciudadanos”.
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