Los ecuatorianos ya no soportan el juego indigno de los políticos mediante arreglos y negociados mafiosos inaceptables.

EDITORIAL

Al cierre de esta edición, el debilitado Congreso de Ecuador intentaba contener el descontento popular, que aumenta día a día como una bola de nieve, con crecientes peticiones de que renuncie el presidente del país, Lucio Gutiérrez.

El presidente del Parlamento, Omar Quintana, convocó ayer una sesión del pleno para ratificar la decisión adoptada el viernes por Gutiérrez de destituir a la Corte Suprema de Justicia e iniciar la discusión de la reforma de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que centran el conflicto político del país.

Sin embargo, los cien diputados del Congreso estarán en el punto de mira de miles de ciudadanos que también les exigen que renuncien a sus cargos, porque han sido incapaces de resolver el conflicto del poder judicial iniciado en diciembre pasado.

Este “cacerolazo”, el tercero que se produce en América Latina desde el año 2001, es otra manifestación de ciudadanos pacíficos hartos de las miserias de sus gobernantes. Aquí el detonante fue la indignante decisión de Gutiérrez de “limpiar” nada menos que la Corte Suprema de Justicia renovando a sus miembros para que el ex mandatario, Abdalá Bucaram, prófugo por corrupción, pudiese regresar al país libre sin ser perseguido por la justicia.

Fue el acabose. Anular los juicios por malversación de fondos de Bucaram hizo que media Quito y media Guayaquil saliesen a protestar pacíficamente pidiendo que los dos mandatarios terminasen en la cárcel. Cinco días de protestas, un estado de sitio derogado, un Congreso sesionando blinadado y una emisora radial pidiendo la desobediencia civil conforman otra cuadro democrático dantesco que ya se hace costumbre en la región.