El juzgado investiga también si Huelva Solidaria cobraba además por tramitar solicitudes de regularización que no cumplían ninguno de los requisitos exigidos.

A cuenta de la regularización

La Guardia Civil de
Huelva ha detenido a cinco responsables de la organización Huelva
Solidaria, entre los que se encuentra su presidente, Manuel
Rodríguez, acusados de un delito contra las administraciones públicas y otro de
estafa continuada a unos 40 000 inmigrantes socios de la organización, a los que
realizaban trámites administrativos gratuitos a cambio de dinero.

La operación, denominada ´Comuna´,
se inició hace un año, a raíz de las denuncias presentadas por algunos de estos
socios, de origen extranjero, en las que manifestaban haber sido estafados por
los responsables de la asociación Huelva Solidaria, que les cobraban
ciertas cantidades de dinero por trámites administrativos que en realidad eran
gratuitos y que en ocasiones no llegaban a realizarse.

Debido al gran número de personas
que han podido ser estafadas por esta ONG, hasta más de 40.000 personas,
la Guardia
Civil ha solicitado a aquellos inmigrantes que se sientan
damnificados por las actividades de esta organización, presenten denuncia en las
distintas dependencias de la institución.

Las investigaciones siguen
abiertas, por lo que la
Guardia Civil no descarta nuevas detenciones, al tiempo que ya
se han instruido las correspondientes diligencias, que, junto a los detenidos,
han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva que
aún  espera localizar a dos imputados por el caso de la organización Huelva
Solidaria que se encuentran en paradero desconocido y que deben
ser juzgados, junto al presidente de la ONG onubense, Manuel Rodríguez, por un
presunto delito de estafa a inmigrantes.  

Los dos imputados desaparecidos por
la justicia y que son ex colaboradores de Huelva Solidaria son Carmen Mihaela y
Ludwig Suárez, y, según aseguró el propio presidente de la organización, “se
encuentran en Constanza (Rumanía) y en Bogotá
(Colombia)”. 

Solicitudes de
regularización 

El Juzgado de Instrucción número 3
de Huelva investiga un presunto delito de estafa después de que una decena de
inmigrantes denunciaran al presidente de Huelva Solidaria y a dos de sus
colaboradores –hasta ahora en paradero desconocido– por cobrar diversas
cantidades de dinero, hasta 1.500 euros en algunos casos, por gestiones que
nunca llegaban a realizar, sobre todo la organización de viajes para sus
familiares que nunca llegaban a realizar.  

El juzgado investiga también si
como aseguran estos inmigrantes, Huelva Solidaria cobraba además por tramitar
solicitudes de regularización que no cumplían ninguno de los requisitos
exigidos.