Con motivo de la convención anual del Partido Laborista británico, el Instituto para la Investigación de Política Pública (IPPR) ha vuelto a relanzar su propuesta de transformar el Estado del bienestar británico, muy generoso con los subsidios sociales, en un Estado relacional que mejore la calidad de los servicios públicos sin gastar tanto dinero.

En el Reino Unido y Holanda

Por su parte, el gobierno holandés de liberales y socialdemócratas propone la idea de una sociedad participativa en la que el Estado intervenga menos y deje más espacio a la iniciativa ciudadana.

Los ideólogos del Estado relacional son un grupo de intelectuales vinculados al IPPR, un think tank británico de centroizquierda. Tal y como explican en un documento base (1), pretenden distanciarse de la herencia estatalista de Gordon Brown y articular una nueva teoría sobre el papel del Estado que aúne los mejores elementos del Nuevo Laborismo de Tony Blair, favorable a adoptar criterios de gestión privada en los servicios públicos, y del Laborismo Azul, una filosofía emergente dentro del partido de Ed Miliband que aboga por descentralizar el Estado y reducir la dependencia de los subsidios.

Una mayor igualdad en las relaciones sociales
Para Nick Pearce, director del IPPR, la izquierda británica lleva tiempo sin reflexionar en profundidad sobre el papel del Estado. Se da por supuesto que el laborismo es el garante de la igualdad y la justicia social, pero “hay muy poca discusión sobre cómo la obligada aspiración a una mayor igualdad debería relacionarse con otros valores importantes para el centro-izquierda”. Por eso se pregunta en un reciente artículo publicado en NewStatesman: “¿Cómo se ha de reafirmar o moderar el compromiso por la igualdad ante las exigencias de la libertad personal, el autogobierno democrático, la primacía de las relaciones humanas o el deseo de conservar y proteger las cosas que la gente valora?”.

Esta falta de reflexión en la que se instaló el laborismo durante la era de Gordon Brown ha pasado por alto lo que revelan las últimas encuestas sobre actitudes en el Reino Unido. Aunque muchos británicos se quejan de la brecha entre ricos y pobres, “la gente se muestra escéptica sobre la acción del Estado y entienden que el dinero no es lo único que contribuye a vivir bien”. De ahí que, en sintonía con las propuestas del Nuevo Laborismo sobre el bienestar y el Estado social inversor, Pearce reivindique más atención a la igualdad de oportunidades en el trabajo, la escuela o el espacio público: en lugar de gastar más en subsidios, el nuevo Estado relacional tendrá que promover “la igualdad en las relaciones sociales”.

A los ideólogos del Estado relacional también les interesa atajar el problema de las desigualdades de riqueza y renta, pero subrayan que la igualdad social abarca más aspectos. Su propuesta busca “una sociedad en la que los sujetos se relacionan unos con otros como ciudadanos libres e iguales y en la que las injustas jerarquías de poder, estima y posición se superan poco a poco”. De ahí, por ejemplo, que subrayen la necesidad de combatir “las formas de dependencia y coerción que experimentan los trabajadores a los que se les niegan condiciones decentes de trabajo y salarios razonables para ganarse la vida”.

Mejorar la calidad de los servicios públicos
Frente a un modelo de gobierno burocrático y distante, los ideólogos del Estado relacional aspiran a “situar las relaciones humanas en el centro del debate sobre el papel del Estado en general y el funcionamiento de los servicios públicos en particular”. Con la vista puesta en las elecciones de 2015, estos autores brindan una serie de propuestas al Partido Laborista. Algunas de ellas guardan parecido con las formuladas por David Cameron para articular su visión de la “gran sociedad”.

Dada la actual coyuntura económica –marcada por la pérdida de empleos, la presión fiscal y el déficit público–, es preciso plantearse cómo gastar mejor. Esto supone establecer nuevas prioridades estratégicas de acuerdo con las necesidades sociales. Por ejemplo: para favorecer la conciliación entre familia y trabajo, estos autores recomiendan dedicar más recursos al cuidado de niños y ancianos, mientras se ajusta el gasto sanitario según un plan a largo plazo.

Establecer prioridades sirve, a su vez, para determinar unos objetivos claros en la provisión de los servicios públicos. Por ejemplo: en educación, centrarse en ayudar a los alumnos con bajo rendimiento; en sanidad, agilizar las listas de espera …

Para acabar con las trabas burocráticas y fomentar la descentralización, los ideólogos del Estado relacional proponen dar más protagonismo a los ciudadanos y a las comunidades locales. En educación, plantean la posibilidad de “dar a todas las escuelas públicas la autonomía de que gozan ya las academias independientes”, financiadas con dinero público y gestionadas por asociaciones de padres, profesores y otros grupos. También dejan en manos de los padres la opción de diseñar los servicios de los centros de cuidados para niños; y a las asociaciones de vecinos les permiten participar en la asignación de viviendas sociales.

Otra propuesta central es la de promover que más entes privados se hagan cargo de la provisión de los servicios públicos. La variedad y la elección van acompañadas de nuevas formas de control democrático pensadas para evitar tanto la competencia feroz de las empresas como la burocracia excesiva de las autoridades locales.

Mejorar la calidad de los servicios públicos exige formar a los funcionarios en nuevas habilidades: “la capacidad para empatizar, comunicar, escuchar y movilizar coaliciones de ciudadanos y profesionales al servicio de logros sociales”. En la misma línea, se potencia el uso de las redes sociales y otros recursos online “para interactuar con los usuarios y comprender mejor sus necesidades”.

Holanda: espolear a la sociedad civil
También Holanda asiste en estos días al lanzamiento de un nuevo proyecto político para ajustar el tamaño del Estado. Aunque la presentación corrió a cargo del nuevo rey, Guillermo Alejandro, el discurso expresa las ideas del gobierno de coalición formado por liberales y socialdemócratas: “El clásico Estado de bienestar –dijo el monarca– evoluciona de forma lenta pero segura hacia una sociedad participativa”, en la que “la gente quiere decidir por sí misma, organizar su vida y cuidar unos de otros”.

Detrás de estas palabras hay dos ideas. En primer lugar, el gobierno holandés quiere cambiar el modo de plantear los problemas sociales para que el Estado intervenga menos y deje más espacio a las propuestas de la sociedad civil. Unida a la anterior está la idea de poner en manos de los ayuntamientos la prestación de los servicios de asistencia social para jóvenes, el cuidado de los dependientes y enfermos crónicos o los programas de creación de empleo. Aunque los ayuntamientos dispondrán de menos fondos que cuando se encargaba el Estado, su proximidad con los ciudadanos servirá para conocer mejor las necesidades locales y asignar mejor los recursos.

A diferencia de la propuesta británica sobre el Estado relacional, mucho más elaborada, la idea de la sociedad participativa está todavía por perfilar. A la espera de un desarrollo claro, sus críticos sospechan que se trata de una operación de maquillaje para justificar un nuevo ajuste de 6.000 millones de euros en ayudas públicas.

Sin embargo, en su discurso al Parlamento el rey aclaró que la sociedad participativa no es un parche a una situación de emergencia: más bien apunta a un cambio permanente en el Estado de protección social construido en los años 60 y 70 del siglo XX, y que hoy “no es adecuado para responder a las necesidades de los nuevos tiempos”, marcados por la globalización, el envejecimiento de la población o la crisis económica.

Es curioso el recelo que ha despertado esta propuesta en algunos sectores de la izquierda europea. Mientras el ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem –un socialdemócrata convencido de mantener una estricta disciplina presupuestaria en la Unión Europea–, saca la calculadora y concluye que es preciso ajustar el déficit público de Holanda, los socialistas de otros países le acusan de desmantelar un Estado del bienestar que no tienen que pagar ellos.

Está por ver si la sociedad participativa no es más que un paraguas para los recortes. Pero por lo que se conoce hasta ahora, parece que la idea del gobierno holandés apunta sobre todo a espolear la iniciativa y la responsabilidad de la sociedad civil frente al cuidado de mayores y otros fenómenos sociales.

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Notas

(1) Rick Muir y Graeme Cooke (eds.). The relational state: How recognising the importance of human relationships could revolutionise the role of the state. Institute for Public Policy Research. Noviembre, 2012.