Los jueces ecuatorianos advirtierten que el país atraviesa una situación de ausencia de norma “que da lugar a un estado de facto. Se están improvisando elementos –sostienen- que no cuentan con el fundamento jurídico necesario”, y califican la situación como “una especie de dictadura”.

Debido a la transición política que vive el país
Ecuador ha ingresado en la denominada “etapa transitoria” al nuevo orden constitucional, dejando al país sin gobierno de justicia, al extinguirse la Corte Suprema. La medida responde al programa de transición dispuesto por el Gobierno de Correa que, entre otras cosas, deja cesante a 31 magistrados sin designar a los jueces de la nueva Corte.

La Carta Magna que rige desde la semana pasada contempla que la Corte Nacional de Justicia se integre provisionalmente con 21 jueces que, elegidos de entre los cesados mediante un sorteo, permanecerán en funciones hasta que se nominen los nuevos titulares a través de los nuevos procedimientos constitucionales.

Tal situación ha puesto en riesgo los trámites en los juzgados y se da por descontado que los procesos que llevaba la Corte quedarán en suspenso. Rodrigo Bucheli, un ex magistrado cesado anticipadamente, declaró que “no hay una fundamentación jurídica para reemplazarla (la Corte Suprema) con la llamada Corte Nacional de Justicia”.

Anomalía jurídica

Opinó que el país, en esta materia, atraviesa una situación de ausencia de norma, “lo que da lugar a un estado de facto. Se tata de salir del apuro improvisando elementos o generando otros que no cuentan con el fundamento jurídico necesario”, y calificó la situación como “una especie de dictadura“.

El presidente del órgano electoral, Omar Simon, aseguró que el sorteo de magistrados será público y “con absoluta transparencia y claridad”, aunque los magistrados cesados han expresado su rechazo a ser sometidos a una rifa y quizá no acepten actuar en los cargos provisionales.

Para el gobierno “no hay ningún problema”

Algunos sectores advirtieron que la falta de jueces podría generar un vacío institucional, pero el asambleísta oficialista César Rodríguez desestimó tales voces. “Estamos en un periodo de transición y los sectores que hablaban de una acefalía desean generar un ambiente negativo. No hay ningún problema”, afirmó.

En una sesión ordinaria del Congreso temporal, integrado por 76 miembros, se eligió a la directiva de ese organismo, en la que el presidente y dos vicepresidentes pertenecen al partido gobernante Alianza País, que tiene mayoría de representantes en ese organismo.

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral funcionarán hasta las elecciones generales anticipadas que están previstas para febrero.