“Se hace necesario, en consecuencia, restituir la confianza. Se torna urgente releer los mensajes enviados por la insatisfacción ciudadana. No es cuestión de copar los cargos públicos abandonados por las huestes gutierristas con nueva gente sino que, lo importante es proporcionarle nuevos contenidos a una gestión de gobierno que tenga como norte principal devolver al país a la senda de la representatividad y legalidad.”

Democracia
Con los primeros pasos dados por el flamante gobierno reaparecen los temores a
que las nuevas autoridades no hayan realizado una lectura apropiada de los
sucesos de abril que terminaron con la aspiraciones dictatoriales del coronel
golpista.

El mensaje fue claro: existe una ciudadanía hastiada de los
manejos de trastienda que permeabilizan los intereses de grupos políticos o de
presión que, a contrapunto del deseo de las mayorías, pretenden continuar en las
mismas prácticas del reparto de posiciones de poder, como si nada hubiese
ocurrido. No es el momento del análisis de lo que dice el texto legal o
constitucional.

Quizás es el momento de dejar a un lado el positivismo
jurídico. Probablemente los partidos políticos pueden tener la razón desde el
exclusivo punto de vista del contenido de las normas y les corresponda organizar
los tribunales como lo señala la Constitución y la Ley.

Pero el hecho
cierto es que su mandante, el pueblo, ya no cree que esos procedimientos sean
legítimos porque, simplemente, los depositarios de la confianza de los electores
se encargaron de malgastarla y desbaratarla. Hoy en día, apenas una ínfima
mayoría tiene depositado algún grado de credibilidad en las entidades
públicas.

En ese escenario cualquier acción que emprenda el gobierno, el
congreso o los representantes de cualquier entidad pública que desee realizar
cambios de cierta envergadura será mirada con recelo porque los actores
perdieron legitimidad. Se hace necesario, en consecuencia, restituir la
confianza. Se torna urgente releer los mensajes enviados por la insatisfacción
ciudadana.

No es cuestión de copar los cargos públicos abandonados por
las huestes gutierristas con nueva gente sino que, lo importante es
proporcionarle nuevos contenidos a una gestión de gobierno que tenga como norte
principal devolver al país a la senda de la representatividad y
legalidad.

En ese aspecto, las autoridades no han dado los pasos
apropiados. Se han enredado en declaraciones confundiendo aún más a la
ciudadanía. Pareciera como que el interés fundamental del gobierno es sostenerse
por el resto de tiempo que falta para completar el período presidencial.


Quizás aquello sea importante pero es más trascendental restituir al
pueblo la confianza en sus instituciones. Si esa tarea encuentra obstáculos de
cualquier naturaleza al Gobierno le queda la vía de la consulta popular con una
interrogante medular: ¿desea la población que permanezcan las actuales
autoridades de gobierno, legislativas, de control, en sus cargos? Si la
respuesta fuera negativa el Presidente estaría en la obligación moral de
convocar a elecciones anticipadas.

Solo de esa manera, con la
intervención de otros actores, que emerjan de la voluntad popular, se podría
iniciar la tarea de la renovación institucional. El voto popular no admite
excepciones y solo la voluntad del pueblo sería el elemento capaz de decidir y
escoger en última instancia a las personas que tendrían tan delicado
encargo.

De allí que cualquier pretensión de orden corporativo debiera
ser rechazada en forma categórica por antidemocrática. Será responsabilidad
única de los ciudadanos acertar en su elección. Nada se podrá hacer si se sigue
privilegiando con el voto a los populistas y a los charlatanes de cualquier
signo o color.

Fuente: El Comercio –
Ecuador