“Para los profanos, el gobierno no ha estado reduciéndose en los últimos años. No precisamente. Hemos visto, de hecho, una expansión dramática del estado regulatorio, y el gobierno federal ha manifestado poca disponibilidad a contener el gasto. Randy Barnett nos recuerda porqué cualquier fracaso por parte del gobierno “a todos los niveles” en respuesta a la ira del Katrina era de esperar”.

Políticas Públicas

 

Como consecuencia de la horrible calamidad cincelada por el Huracán Katrina tanto en Nueva Orleáns como en Mississippi, los críticos han comenzado a proponer llamamientos a un gobierno mayor para hacer frente a catástrofes futuras — ya sean naturales o humanas. Así, E.J. Dionne argumenta que “El gobierno es el enemigo hasta que necesitas un amigo”, y David Brooks se pregunta si “habrá un retorno progresista” en ciernes gracias a las consecuencias del Katrina y otras noticias. Pero la dependencia de un gobierno mayor como una especie de panacea nacional para los problemas reales o imaginados simplemente está tan mal pensada como antes de que el Huracán Katrina sembrara su devastación.

 

Para los profanos, el gobierno no ha estado reduciéndose en los últimos años. No precisamente. Hemos visto, de hecho, una expansión dramática del estado regulatorio, y el gobierno federal ha manifestado poca disponibilidad a contener el gasto.

 

Un motivo por el que poner fe en un gobierno mayor es erróneo lo explica el profesor de derecho Randy Barnett, que nos recuerda porqué cualquier fracaso por parte del gobierno “a todos los niveles” en respuesta a la ira del Katrina era de esperar:

 

…Los gobiernos están compuestos de seres humanos ordinarios con las mismas limitaciones de visión e interés propio que los humanos del sector privado (y a menudo, pero no siempre, incentivos mucho peores) — es decir, estos seres humanos afrontan problemas apremiantes de conocimiento, interés y poder. Tengo la misma reacción cada vez que hay llamamientos a un incremento de la supervisión del gobierno tras algún fallo en el sector privado. ¿Qué me hace confiar en que las instituciones del gobierno actuarán con algo de sentido común? Además, a menudo se da el caso de que las funciones principales que son utilizadas con más frecuencia para justificar la existencia de los gobiernos — como seguridad pública, defensa nacional e infraestructura pública — son las mismas tareas con las que los políticos del mundo real se quedan cortos en busca de objetivos más “elevados”, pero aparentemente más terrestres. Este parece el caso especialmente cuando el fallo a la hora de proporcionar estos “servicios sociales esenciales” es eclipsado de la opinión pública o, cuando es desvelado, la responsabilidad del fallo puede pasarse a otros.

 

Por supuesto, los libertarios y los conservadores partidarios de gobiernos pequeños pueden ser perdonados potencialmente por pensar que el Katrina está siendo utilizado como una especie de caballo de Troya para la introducción de más gobierno en nuestras vidas. Pero incluso si los argumentos a favor de un gobierno mayor son completamente sinceros, no tienen porqué persuadir necesariamente. En palabras del escritor libertario Julián Sánchez, “Se mire como se mire, hagamos responsables a los funcionarios a todos los niveles de lo mal que ha salido, pero ahorrémonos los méritos de los subsidios de lujo que se supone que vamos a sacar de esto”.

 

De hacer algo, puede hacerse el argumento — como Daniel Henninger — de que la respuesta al Huracán Katrina demuestra que el gobierno está inherentemente mal equipado para tratar con un amplio abanico de responsabilidades derivadas de la ayuda en los desastres, y que muchas de ellas deberían ser encargadas al sector privado. Al comentar el artículo de Henninger, el profesor de derecho Stephen Bainbridge resume aceptablemente el motivo de tal movimiento:

 

Los mercados de capital, productos y trabajo dan incentivos a los gestores corporativos y a los directores para producir bienes y servicios con eficacia. Lo que los defensores de la regulación gubernamental pasan por alto a menudo es que los reguladores también son actores, con sus propias motivaciones de interés propio. El problema es que los incentivos a los que responden reguladores y legisladores son a menudo contrarios al interés público. Los incentivos de legisladores y reguladores son marcados por grupos políticos de interés que no tienen necesariamente correlación con la maximización de los beneficios corporativa. En consecuencia, la preparación del gobierno para, y en respuesta a, los desastres es probable que esté encabezada por las preocupaciones políticas de los actores gubernamentales en lugar de por el bien público.

 

En suma, puede que haya tiempo para poner a prueba la mano invisible de Adam Smith liberalizando la ayuda en los desastres.

 

Hay mucho que aprender acerca de cuál es la mejor respuesta a un desastre natural — o, a estos efectos, a un atentado terrorista. Como consecuencia del Huracán Katrina, estamos seguros de tener investigaciones y audiencias públicas para determinar cómo calibrar mejor nuestra respuesta nacional, con el fin de reducir la pérdida de vidas y recuperarse de desastres naturales y humanos tan pronto como sea posible. Es de esperar que durante el curso de este debate, aquéllos que ven al gobierno como poseedor de capacidad total para solucionar los problemas den un paso al frente y argumenten que el momento para reducir el gobierno — si es que tal reducción va a ocurrir en realidad — ha pasado hace mucho. Pero sólo porque se haga el argumento — y se hace insistente y sonoramente, para que conste — no lo hace correcto.

 

El autor es abogado y colaborador de TCS.

Fuente: TechCentralStation