“Las regulaciones son, en la práctica, un impuesto oculto a los americanos. Tenemos que depender de intermediarios para medir este impuesto, como el número de páginas impresas en el Registro Federal, o el tamaño de los presupuestos de agencias regulatorias”.

Susan E. Dudley

Antes de irse de vacaciones este mes, el Congreso aprobó casi 300 billones de dólares en incremento de gastos. Pero el gasto, apoyado a través de los impuestos, no es el único modo por el que el gobierno federal desvía recursos del sector privado para lograr sus objetivos. El otro es la regulación, y en los últimos años, ese también se ha incrementado a un ritmo vertiginoso.

 

Cada año, más de 60 departamentos federales, agencias y comisiones emplean personal combinado de alrededor de 240.000 empleados a tiempo completo para redactar y cumplimentar las regulaciones federales. Juntos, decretan miles de nuevas regulaciones cada año. Igual que los programas apoyados mediante los impuestos, las regulaciones pueden proporcionar beneficios a los americanos. Al contrario que con el gasto directo apoyado por los impuestos, no obstante, no existe un mecanismo — como el presupuesto fiscal o los procesos de apropiación — para hacer un seguimiento del gasto al margen del presupuesto exigido por las regulaciones.

 

Las regulaciones son, en la práctica, un impuesto oculto a los americanos. Tenemos que depender de intermediarios para medir este impuesto, como el número de páginas impresas en el Registro Federal, o el tamaño de los presupuestos de agencias regulatorias.

 

Considérese esto. El código fiscal federal ocupa dos volúmenes, cada uno más grueso que la Biblia. Pero, el Código de Regulaciones Fiscales es mucho mayor; ocupa hoy más de 20 pies de estanterías. Y está creciendo. En el 2004, el gobierno federal imprimió 78.851 páginas de reglas y anuncios nuevos en el Registro Federal. A cuatro minutos por página, se necesitarían dos personas y media leyendo ocho horas al día durante un año sólo para hacerse una idea de las nuevas normas y pronunciamientos (sin mencionar lo que se necesita para cumplirlos realmente).

 

Otra medida interesante de la actividad regulatoria desproporcionada es un informe anual publicado conjuntamente por el Mercatus Center de la Universidad George Mason y el Centro Weidenbaum de la Universidad de Washington en St. Louis. Examina el Presupuesto del Gobierno de los Estados Unidos para hacer un seguimiento de los gastos federales y del personal dedicado a las regulaciones entre 1960 y el 2006.

 

El Presupuesto Federal Anual 2006 exige que el Congreso asigne 41,4 billones a actividades regulatorias, de 39,5 billones en el 2005. Esto refleja un incremento del 4,8% en las partidas destinadas a redacción, administración y cumplementación de las regulaciones federales. El presupuesto de los reguladores crece a un ritmo más rápido que otro gasto no discrecional, que el presupuesto del Presidente mantuvo en el 2,1 por ciento en el 2006. Desde 2000, el presupuesto de los reguladores ha crecido un increíble 46%, tras ajustar la inflación.

 

Las actividades regulatorias vinculadas a la seguridad nacional reciben los mayores incrementos en el presupuesto del 2006; el Departamentos de Seguridad Nacional tiene presupuestado recibir 1,1 billones de dólares en financiación de actividades regulatorias en comparación con el año pasado. El presupuesto de los reguladores también incluye grandes partidas en descubiertos de la Agencia de Protección Medioambiental (250 millones de dólares), la Food and Drug Administration (191 millones de dólares) y la Oficina de Patentes y Marcas (351 millones de dólares). Se espera que el personal de las agencias regulatorias federales alcance un máximo de 242.376 empleados en el 2006, un incremento del 0,6% con respecto al 2005.

 

Las regulaciones imponen costes sociales sobre individuos y empresas más allá de los dólares fiscales directos extendidos para redactarlas y hacerlas cumplir, y las páginas del Registro Federal, personal de la agencia y otros costes sobre lo presupuesto proporcionan simplemente una idea de las tendencias en la magnitud de la fiscalidad que se nos oculta. Según la Administración de Pequeña Empresa, el precio de las regulaciones federales sobre las empresas norteamericanas, los trabajadores y los consumidores se acercaba a un trillón de dólares al año.

 

¿Pero por qué debería preocuparse el ciudadano medio por este impuesto oculto? Ha nacido para los grandes negocios, no para nosotros. No es así. Los pequeños empresarios, la máquina del crecimiento económico en América, soportan la carga más pesada. Porque para los pequeños fabricantes, los que emplean a menos de 100 empleados, el precio por empleado de cumplir con las regulaciones en el espacio laboral es un 68% más alto que de las grandes firmas. Las cargas regulatorias innecesarias incrementan el precio de contratar empleados norteamericanos, reducen la competitividad norteamericana, lastran el crecimiento laboral y proporcionan empleos a ultramar.

 

También pagamos el precio como consumidores. Desde que nos despertamos por la mañana — tirando de la cadena dos veces, cortesía de los estándares de aplicación del Departamento de Energía — hasta que ponemos a nuestros hijos sus pijamas aprobados por la Comisión de Seguridad del Producto al Consumidor, las regulaciones no sólo nos incrementan el precio de los bienes y servicios que compramos, sino también las elecciones que hacemos.

 

Los americanos hacen bien en estar alarmados con el incremento del gasto directo autorizado por el Congreso este mes. Pero también deberían estar preocupados por el impuesto indirecto de la regulación, que según todos los estándares, también está creciendo.

 

Susan E. Dudley es directora del programa de estudios de regulación del Mercatus Center en la Universidad George Mason.

Fuente: TechCentralStation