En declaraciones a la cadena COPE, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha considerado que incluir la embriaguez como un agravante en los casos de violencia de género, con el objetivo de endurecer la pena, es “desproporcionado”.

 

Gabriela Bravo indicó que “como jurista puedo decir que cualquier medida que conlleve el simple y mero endurecimiento de las penas me parece ciertamente peligroso”. Añadió que “cualquier propuesta de endurecimiento hay que hacerla siempre con mucha reflexión y justificación”.

 

En su opinión, destacó que las sanciones relacionadas con la violencia de género “tienen una respuesta punitiva ya importante dentro del Código Penal”. Observó que actualmente se sanciona como atenuante “precisamente por el hecho de que estar embriagado conlleva una merma fundamentalmente de las condiciones psíquicas de una persona” y “tanto su voluntad como su inteligencia estén disminuidas por esa ingesta de bebidas alcohólicas”.

 

Y es que este martes, la subcomisión del Congreso de los Diputados que durante los últimos nueve meses ha trabajado para mejorar la Ley Integral contra la Violencia de Género, recomendó al Gobierno que se considere un agravante actuar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Actualmente, esa situación puede servir para reducir una condena.

Otra recomendación se refiere a que la persona condenada en firme por un delito de violencia de género, pierda la patria potestad y el derecho a visitar a sus hijos.

Por su parte, Susana Camarero, portavoz de Igualdad del PP, ha declarado en la misma emisora que “no podemos permitir que los agresores se salgan de rositas” y mantener que el abuso de alcohol y drogas sean un atenuante o eximente en casos de violencia de género. Estamos, dijo, ante un “delito muy importante” que “se ha cobrado ya la vida de 43 mujeres en lo que va de año”. Es, añadió, “la lacra social” que “nos impide avanzar como sociedad” y por ello el Estado debe poner todos los medios para combatirlo.