Esta decisión que respalda al presidente, Carlos Mesa, ha sido muy criticada por los sindicalistas y campesinos que amenazan con el boicot.

SE CELEBRARÁ EL 18 DE JULIO
Tras un largo debate político, el Congreso aprobó en la madrugada de ayer la Ley
del Referéndum, por un total de por 74 votos a 26. Esta Ley incorpora un
artículo transitorio autorizando, en forma extraordinaria, la consulta que había
sido convocada solo por decreto supremo.

Con esta votación, el Congreso
Nacional da respaldo al presidente Carlos Mesa ya que, mediante esta normativa
se da legalidad al referendo que se celebrará el día 18 de julio en el que los
bolivianos deben decidir el destino de las reservas de gas, y que los sindicatos
habían amenazado con boicotear.

De esta manera, los bolivianos tendrán
que decidir si se exporta el gas de sus reservas y si quieren recuperar la
propiedad de los hidrocarburos explotados, actualmente en poder de las
petroleras.

Un decreto presidencial había establecido el pasado mes de
abril la celebración del referendo y provocó un debate sobre la necesidad del
respaldo legal, que ahora ha quedado refrendada por el Congreso. En este
momento, la Mesa tendrá que enfrentarse con la oposición al referendo de los
sindicatos y campesinos.

Críticas a la
decisión

La Central Obrera Boliviana (COB) ya ha reiterado su
rechazo a la decisión del Congreso, ha anunciado una campaña en contra y exige
la nacionalización de los hidrocarburos, propuesta que ha sido descartada por el
Gobierno por sus implicaciones económicas y legales. Ahora está trabajando para
reunir el millón de firmas necesarias para evitar el referendo.

Por su
parte, el dirigente campesino y ex diputado Felipe Quispe amenazó con imponer un
“estado de sitio” en el altiplano y quemar urnas. Ante estas actuaciones, el
presidente Carlos Mesa reiteró su llamado a participar en las urnas y criticó
con dureza a los dirigentes sindicales que amenazan con el boicot.

El
destino de las reservas de gas, y su posible exportación a Estados Unidos a
través de puertos chilenos, fue el detonante de una fuerte protesta social a
finales del año pasado. La violencia callejera dejó un saldo de 70 muertos y
unos 200 heridos y llevó a la renuncia del entonces presidente, Gonzalo Sánchez
de Lozada, que fue sustituido por Mesa.

Al asumir el gobierno, Mesa
aceptó la demanda popular de convocar a un referendo sobre el gas y a la
conformación de una Asamblea Constituyente.