Denuncian que se sugirió a las autoridades cubanas la estrategia a seguir para evitar tener que dar amparo al diputado español. Otras fuentes niegan esto.

ESCÁNDALO DIPLOMÁTICO EN CUBA
El pasado viernes, Castro impidió al diputado del PP Jorge Moragas entrar en
Cuba. Moragas iba a reunirse con disidentes cubanos en una visita que había sido
previamente difundida y anunciada por el Partido Popular y que, evidentemente,
era consecuencia de la polémica producida en España en dias pasados con motivo
de la celebración del 12 de Octubre.

Como es sabido, el PP
denunció la intención primera del gobierno de Zapatero y su embajador en la
Habana de impedir la tradicional participación de disidentes cubanos en los
actos previstos para celebrar la fiesta nacional de España en Cuba. Carlos
Alonso Zaldivar tuvo que dar marcha atrás en su decisión inicial pero su
discurso, provocó el disgusto y precipitado abandono de Oswaldo Payá y otros
disdentes cubanos de la residencia del embajador español.

En el fondo de
toda esta cuestión está el cambio que se observa en la política exterior de
España con la dictadura de Castro a raiz de la llegada del partido socialista al
gobierno. En los útimos meses se han sucedido declaraciones de diferentes
responsables políticos del gobierno de Zapatero que han causado gran
preocupación en el ámbito político y en las organizaciones de derechos humanos,
así como en la disidencia cubana tanto interior como exterior.

Las
autoridades cubanas impidieron el ingreso de Moragas y sus acompañantes al país
reteniendoles en la zona internacional del aeropuerto  de la Habana. Un
técnicismo para impedir la intervención de la embajada de España, reclamada, al
parecer, con insistencia por el diputado Moragas que aseguraba, en sonido
dufundido por la cadena cope el sábado, saber de la efectiva presencia del
embajador en las instalaciones del aeropuerto. Sin embargo, y según ha podido
saber el diarioexterior de fuentes de la propia embajada de España en Cuba, el
embajador Carlos Alonso Zaldivar que conocía con antelación el viaje supo 
previamente cual iba ser la reacción del gobierno de Castro. El embajador de
España evitó finalmente estar en el aeropuerto y envió en su lugar al
consul, a pesar de lo prometido a Moragas.

Según estas mismas fuentes, se
podría haber sugerido a las autoridades cubanas esta estrategia para no tener
que intervenir y dar amparo al diputado español y sus acompañantes. Una eventual
entrada del diputado y sus acompañantes (dos diputadas holandesas y una ong)
hubiera causado más dificultades a la embajada de España que a las propias
autoridades cubanas. Si esto se confirmara el escándalo diplomático está servido
y el gobierno español, además de llamar a consultas a la embajadora Allende
debería hacer lo propio con su embajador en la Habana.

Otras fuentes
niegan los hechos y consideran que Moragas no ha actuado correctamente
y que debía haber coordinado su viaje con la embajada de España para obtener un
visado distinto al de turista.

Entre el personal diplomático español
destacado en la Habana y en no pocos trabajadores locales, se sigue con
gran preocupación el cambio de rumbo del gobierno de Zapatero. Consideran que en
España no se sabe como es el día a día de su trabajo en Cuba, la permanente
presión que tienen sobre su trabajo y lo que es peor, en su vida personal. Creen
que un gobierno con criterio, lejos de causarles dificultades, facilita su
crédito, prestigio e independencia y como consecuencia una mayor consideración
por parte de la población e incluso de muchos funcionarios del regimen
castrista.

En España las reacciones al suceso se han sucedio durante todo
el fin de semana. El líder de la oposición ha pedido firmeza al gobierno de
Zapatero y señalado que Moragas no es sólo un diputado del PP sino que como tal,
representa al pueblo español. La nota la ha dado el lider de Izquierda Unida.
Llamazares ha acusado a Moragas de provocador.

El propio gobierno de
Zapatero, después de nueve horas, censuró con contundencia los hechos y llamó
urgentemente a consultas a la embajadora cubana en España. En
medios políticos de la disidencia cubana se considera que ésta es una
posición tibia y que el gobierno de Zapatero debe investigar la actuación del
embajador español en lo que consideran un escándalo de primer orden.