La entrada en vigor de la Constitución Europea obligará a unos pequeños cambios en nuestra carta Magna, asunto que se planteará mañana al Tribunal Constitucional.

PETICIÓN DE PP E IU
Haciéndose eco de la petición del Partido Popular y de Izquierda Unida, el
Gobierno ha decidido adelantar a mañana su consulta al Tribunal Constitucional
sobre la reforma de la Carta Magna con el fin de adaptarla al nuevo Tratado de
la UE. A pesar de esta solución, el Ejecutivo no ve “ninguna incompatibilidad”
entre ambas normas.

Según ha afirmado la vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega “Ejecutivo no ve contradicción
alguna entre la Constitución Española y el nuevo Tratado de la UE, pero ha
decidido adelantar su consulta al Constitucional porque así lo ha pedido la
mayoría de la oposición”. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando
López Aguilar, consideró “oportuno” que el Constitucional despeje las dudas
“cuanto antes”.

Fuentes oficiales recordaron que el Ejecutivo ya había
previsto desde el primer momento que la ratificación del Tratado haría necesario
introducir “retoques” en la Carta Magna y precisaron que la decisión de recabar
la opinión del Constitucional este mismo viernes obedece al deseo de obtener el
mayor consenso posible, ante la inquietud mostrada en los últimos días por el PP
e IU.

El consenso

Fernández de la
Vega se puso ayer en contacto telefónico con Mariano Rajoy para consensuar con
el líder del PP la decisión de solicitar este mismo viernes al Tribunal
Constitucional el informe que sugirió el Consejo de Estado sobre la adaptación
de la Carta Magna a la entrada en vigor del Tratado Constitucional de la UE.


En lo que respecta a Izquierda Unida, fue el portavoz del PSOE en el
Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, el encargado de consensuar esta decisión con
el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares.

No hacer caso de las consecuencias

Antes de su
conversación con Rubalcaba, Llamazares había advertido de que era una
“frivolidad” que el Gobierno mantuviera la celebración del referéndum sobre la
Constitución Europea antes de consultar al Constitucional sobre las posibles
contradicciones con la Carta Magna.

En términos similares se expresaron
desde el PP, donde su secretario general, Ángel Acebes, expresó su satisfacción
por el hecho de que el presidente del Gobierno “haya sabido rectificar y haga
caso a la propuesta de su partido de consultar al Constitucional antes del
referéndum del 20 de febrero, ya que hubiese sido insensato que los ciudadanos
acudieran a votar sin saber las repercusiones”.

En el mismo sentido, el
portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, recalcó que “no
existe Gobierno en un país serio capaz de convocar un referéndum sin calcular
las consecuencias” y destacó que, ante la “inseguridad permanente” del Gabinete
de Zapatero, ha sido la advertencia del presidente del PP, Mariano Rajoy, lo que
ha permitido el cambio de posición del Ejecutivo.

En cambio, el portavoz
de CiU en el Congreso y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la
Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, consideró innecesaria una reforma de
la Constitución española para adaptarla al Tratado de la UE, ya que en su
opinión es suficiente con la ratificación parlamentaria del texto, si bien se
teme que el dictamen del Tribunal Constitucional apueste por tocar algunos
puntos de la Carta Magna.