La vuelta a las relaciones con Cuba tiene que estar precedida de la liberación de los presos políticos de la isla. Esta es la idea llevada al Parlamento por el PP.

COMO CONDICIÓN AL DIÁLOGO
El pleno del Congreso debatió en la sesión de ayer una moción del PP en la que el grupo de la oposición pide como condición a que se reabra el diálogo con el régimen de Fidel Castro que el Gobierno exija la liberación de todos los presos políticos que hay en Cuba.

De esta manera, los populares consideran que la única forma de que el Ejecutivo desbloqueé el diálogo con Cuba para promover la democratización y la defensa de los derechos humanos es la “inmediata e incondicional liberación de los presos disidentes”.

Además, la oposición reclama que el Ejecutivo cuente con el consentimiento “público y expreso” de la oposición democrática cubana antes de plantear cualquier modificación de la política española y de la UE sobre la isla.

Derecho de relación

Otra de las reclamaciones es la de facilitar a todos los ciudadanos españoles, y en particular a los parlamentarios, “el ejercicio del derecho internacional que les asiste de establecer relación y contacto directo con la oposición democrática cubana” cuando visiten la isla.

El PP pidió además al Ejecutivo que vincule al Parlamento y a la sociedad civil española con la política hacia Cuba mediante la consulta con los partidos de todas aquellas cuestiones sustanciales que afecten a la política de apoyo a la transición a la democracia del país caribeño.

Caso Moragas

Los populares están especialmente sensibilizados con la cuestión cubana después de que el pasado 16 de octubre las autoridades de la isla no permitiesen el paso al país del secretario de Relaciones Internacionales del partido, Jorge Moragas.

Moragas viajó a Cuba con visado de turista y acompañado de dos diputados holandeses con el objetivo de reunirse con algunos dirigentes contrarios al régimen castrista. La moción del PP demanda al Gobierno que proponga en la UE la “institucionalización de contactos regulares y públicos de las embajadas de la UE con los disidentes cubanos”.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de trabajar para lograr la democratización de la isla, pero pusieron reservas al documento del PP, al entender que rozaba la “injerencia” en un Estado soberano, suponía una intromisión en la política exterior del Gobierno y era una iniciativa “partidaria”.