Omar al Bashir cuestionó la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) y expulsó del país a organizaciones humanitarias. Las organizaciones denuncian los peligros por la falta de asistencia. Miles de seguidores salieron a las calles en defensa de su líder.

Luego de la orden de arresto dada por la CPI
Acusadas de cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) fueron expulsadas por el propio presidente Omar al Bashir, al menos 10 organizaciones humanitarias. El Gobierno de Jartum asegura que no puede garantizar la seguridad de los cooperantes tras conocerse la decisión judicial.

Dos de las diez organizaciones –Oxfam y Save the Children– han advertido de que esta acción pone en peligro cientos de miles de vidas.

“Si se revoca la licencia de Oxfam, se verán afectados más de 600.000 sudaneses a los que proveemos diariamente de ayuda humanitaria y al desarrollo vitales, incluida agua limpia”, ha advertido Penny Lawrence, directora internacional de esa ONG. Por su parte, el director de operaciones internacionales de la sección británica de Save the Children, Ken Calwell, ha asegurado: “Esto tiene implicaciones muy preocupantes para los 50.000 niños a los que prestamos actualmente apoyo en Jartum y el noreste del país”.

Asimismo, el presidente Bashir cuestionó fuertemente la orden de arresto emitida por el organismo internacional. “Aquellos que han emitido una orden de arresto no están cualificados moral u objetivamente para tomar estas decisiones y medidas, porque son responsables de la humillación y el saqueo de la riqueza de los pueblos”, señaló el mandatario.

El presidente sudanés ha subrayado que la orden del tribunal internacional, con sede en La Haya, no se había dictado sólo contra él, sino contra “todos los estados que rechazan la política de dictados” de los países occidentales. “Sudán, que rechazó todo tipo de humillación y que resistió al colonialismo, no puede aceptar el regreso de ese colonialismo otra vez”, agregó Bashir.
 
Más de dos mil personas han vuelto a salir a las calles de Jartum, capital de Sudán, para apoyar al presidente Bashir.

Bashir está en el gobierno desde 1989, donde mediante un golpe militar provocó el estallido de la guerra civil entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista.

Desde entonces gobierna con puño de hierro en una región dividida en facciones rebeldes y que no ha dejado de sangrar por las disputas de los recursos.

La comunidad internacional, hoy materializada en la orden de arresto emitida por la CPI acusa a Bashir de delitos que se cobraron la vida de más de 300.000 personas.