Desde el sindicalismo no vinculado al Gobierno nicaragüense se denunció que desde las organizaciones sandinistas fieles al presidente Daniel Ortega se obliga a los funcionarios públicos a asistir a manifestaciones “orteguistas” bajo amenaza de despido del puesto de trabajo. Desde el Ministerio de Trabajo (Mitrab) no se dan por enterados o, incluso, ironizan con estas denuncias.

A favor de Daniel Ortega

La Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público hizo públicas este fin de semana que ha recibido denuncias de trabajadores del Estado que aseguran haber sido obligados a asistir a las manifestaciones organizadas por el partido de Daniel Ortega bajo amenaza de despido. El secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Álvaro Leiva, dijo que “esto es un abuso laboral y una violación a los derechos humanos”, según informó El Nuevo Diario.

“Cuando hablamos de violación a derechos constitucionales, nos referimos específicamente a la violación del artículo 25 de la Constitución Política de Nicaragua, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad individual, es decir, a la libertad de decidir, a la libertad de tomar una decisión”, dijo Leiva. A esto añadió que en el país centroamericano todos “tenemos derecho a un trabajo y a que éste no sea condicionado”.

Leiva explicó que los trabajadores públicos son presionados por los Consejos de Liderazgo Sandinistas, CLS, que cuentan con infraestructura en todos los órganos de la Administración y han protagonizado estos días actos vandálicos contra la Embajada de Estados Unidos. El dirigente sindical, que pidió la intervención del Mitrab, explicó que “logramos comprobar la asistencia de trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura, de Gobernación, del FISE y otras entidades que fueron trasladados en contra de su voluntad hacia las instalaciones de la embajada”.

Desde el Ministerio de Trabajo optaron por no darse por enterados. El secretario general del Mitra, José León Argüello, sostuvo que su labor “es tutelar los derechos laborales y no vigilamos si participan o no (los empleados públicos) en actividades proselitistas”, según el citado rotativo nicaragüense. Argüello llegó a ironizar diciendo que “después del horario laboral, fijado a través de un decreto presidencial, las personas que trabajan para el Estado son libres de asistir a lo que ellos estimen conveniente”.