Con 46 votos a favor y 21 en contra, el gobierno kirchnerista logró la mayoría necesaria para convertir en ley el proyecto que -en términos del oficialismo- “rescata a Aerolíneas Argentinas y Austral” de manos del grupo español Marsans. Comienza la etapa más crítica para fijar el precio de la operación.

¿Quién pagará la deuda?
Luego de varias horas de debate, anoche el Senado Argentino convirtió en ley el proyecto de reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que luego de estar 18 años en manos de capitales españoles, pasó nuevamente a manos del Estado Nacional.

Si bien el oficialismo logró imponerse cómodamente a favor de la reestatización, ahora comienza la etapa más complicada ya que deberá negociarse con el Grupo Air Comet-Marsans a fin de determinar el precio de la compra de las acciones.

Las claves de esta nueva fase que se inicia tras la aprobación de la ley, son dos. La primera es cómo se establecerá el monto de la reestatización, es decir, cual será su precio. La segunda, quien asumirá la deuda acumulada por las firmas, estimada en 890 millones de dólares. Ambas claves son dos puntos que la ley que se sancionó anoche no menciona.

Respecto al precio a pagar por las acciones, inicialmente existió un acta-acuerdo para la transferencia de las dos líneas aéreas que firmaron el grupo Marsans con el Secretario de Transporte Argentino Ricardo Jaime. Éste acta, que aún tiene validez para el grupo español, establecía que para determinar el precio pondrían una doble valuación de las empresas (una del Estado y otra de Marsans), que, en caso de no coincidir, sería dirimida por una tercera consultora. Éste acta fue eliminada del proyecto que se aprobó anoche, ya en su paso por la Cámara Baja, debido a que la mayoría de los legisladores la rechazaron y amenazaron con no aprobar el proyecto de reestatización.

Ocurre que, pese a este cambio en el contenido del proyecto, el documento firmado por Jaime sigue teniendo validez para Marsans, que ya adelantó que se negará a vender si el precio del Tribunal de Tasación no la conforma. Además, advirtió, a través de su director corporativo, Vicente Muñoz, que recurrirá “ante el Ciadi y otros tribunales internacionales” si el Estado Argentino decide expropiar las aerolíneas, que es una de las variables que se manejan en caso de no llegar a un acuerdo con el grupo español.

Dieciocho años después de su privatización, la reestatización de Aerolíneas ya es ley. El debate, en cambio, recién empieza.