El Senado argentino comenzará a discutir el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para transferir al Estado el control de los fondos privados de jubilación. Tras 14 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el 7 de noviembre por 160 votos a favor, 75 en contra y dos abstenciones.

Las gestoras están preocupadas
En esa audiencia, el proyecto tuvo el respaldo de la bancada del gubernamental Frente para la Victoria y de algunos bloques de la oposición que lo hicieron en general y presentaron algunas enmiendas para precisar sobre el futuro manejo de los fondos.

Con este trámite se avanzó hacia el fin de las Administraciones de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), entidades privadas creadas en enero de 1994 por el gobierno del presidente Carlos Menem.

La mandataria Cristina Fernández de Kirchner firmó el pasado 21 de octubre esta iniciativa, a la cual calificó de “trascendental” porque con la medida se está decidiendo a favor del patrimonio de los retirados.

La semana pasada, eldiarioexterior.com conversó con uno de los gerentes de las llamadas AFJP (del sistema privado de reparto) quien aseguró estar “preocupado” por la situación de las cuentas personales y advirtió que el Estado cree que las pensiones están más seguras bajo su dominio. “Estamos en pleno proceso de transición, y no sabemos cómo terminará”, señaló la fuente.

23 mil millones para el Estado

De aprobarse el proyecto, pasarían al Estado 80 mil millones de pesos (unos 23 mil 600 millones de dólares) administrados hasta ahora por 10 fondos privados de pensión.

Para Fernández, las AFJP fueron una política de saqueo y recordó que un millón y medio de argentinos quedaron sin jubilación por el desempleo y la capitalización de estas, que no inscriben a las personas si no tienen trabajo.

En declaraciones a una radio local, el titular de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso, Héctor Recalde, advirtió que “si no concurre el Estado” para garantizar a todos los afiliados a las AFJP el haber mínimo, habría “50 mil jubilados que no hubieran cobrado nada”.

Precisó que la transición entre el sistema de reparto y las AFJP no valió 20 mil millones de dólares, como proclamaba el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, sino que terminó costándole al pueblo argentino 98 mil millones.

Por su parte, dirigentes de la oposición calificaron como un “atropello al estado de derecho” la medida tomada por Kirchner y pusieron en duda el destino de los fondos. “No sabemos para qué se utilizarán estos recursos que a partir de ahora pasará a controlar el Gobierno”. En medios de Buenos Aires se especula con que los fondos se destinarán a cubrir la deuda pública.