Finalmente ha tenido que ser el Senado de Bolivia quien aprobara la polémica ley de hidrocarburos que tiene conmocionado el país. Opositores y analistas creen que el presidente Carlos Mesa se ha lavado las manos en el asunto.

Acusa al presidente Carlos Mesa de lavarse las manos
La situación del presidente de Bolivia Carlos Mesa es cada día que pasa más y más incómoda. Además de tener a la población en su contra, ahora se ha ganado también la antipatía de los miembros del Senado y del Congreso. Al tener a la opinión pública en contra de la Ley de Hidrocarburos aprobada en el Congreso, Carlos Mesa, optó por no promulgarla para mantener la unidad.

Ni logró el consenso, ni logró evitar que la ley se promulgara. Finalmente fue el titular del Senado, Hormando Vaca Díez, quien promulgó la polémica Ley de Hidrocarburos y, de paso, aprovechó para criticar la falta de decisión del presidente Mesa, a quien acusa de “lavarse las manos”. No es el único que ve a Carlos Mesa como un Poncios Pilatos, muchos opositores y analistas políticos también lo ven así.

El que sí ha decidido “mojarse” políticamente y coger el toro por los cuernos ha sido Hormando Vaca Díez, a quien no le importaron tanto como a Mesa las protestas en contra de la ley de hidrocarburos que ha protagonizado el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Central Obrera Boliviana (COB) y finalmente firmó su promulgación. En tono irónico, que contenía una dura crítica a la falta de acción de Mesa, Vaca Díez declaró que “gobernar no es eludir responsabilidades”, sino enfrentarse a ellas. De hecho, para evitar más problemas, Carlos Mesa evitó tanto vetar la ley como firmarla o devolverla al Congreso, de modo que se cumpliera el plazo legal para que la promulgación recayera en el Senado, como así ha sido.

Vaca Díez reconoció que es muy posible que ahora la ley lleve a algunas empresas a iniciar juicios al estado, pero la inacción de Carlos Mesa le ha obligado en cierta manera a firmar la norma.

La nueva ley mantiene las regalías que pagan las petroleras en 18%, pero crea un impuesto directo a la producción del 32%. De este modo la carga tributaria asciende al 50%. Por otra parte, obliga a que los contratos entre las petroleras y el Estado se adecuen al nuevo texto legal.