Para Rafael Termes, el concepto es suficientemente amplio para permitir varias y diferentes interpretaciones. De hecho la mayor parte de la literatura sobre el tema se ha dedicado a identificar propósitos específicos, tales como controlar el clima o preservar determinadas floras o faunas, para, a continuación, proponer políticas de desarrollo compatibles con estos propósitos.

Desarrollo
Agradezco sinceramente la invitación a participar en esta Jornada sobre
“desarrollo sostenido y sostenible”, organizada por la Fundación Iberdrola, con
la colaboración de la Oficina de Innovación y Tecnología Empresarial de la
Universidad Politécnica de Madrid.

El título que he elegido para mi
intervención pregunta si el desarrollo sostenible -entre comillas- sirve para
reducir la pobreza. Procuraré contestar a la pregunta, pero en aras a la
sinceridad quiero empezar diciendo que el sintagma “desarrollo sostenible” me
resulta incómodo. No por lo que dice, sino por lo que oculta o puede ocultar.
Cuando se estaba preparando la Cumbre Mundial sobre el “desarrollo sostenible”,
que tuvo lugar en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre de este año,
escribí que, visto que los organizadores y participantes ponían el énfasis en la
protección del medio ambiente de acuerdo cn la “greenhome hypothesis”, que
constituye el dogma de fe de los ecologistas radicales, nada de bueno para los
pobres cabía esperar de tal reunión.

Terminada la reunión de
Johannesburgo, leí el Proyecto de Declaración política presentada por el
Presidente de la Cumbre y comprobé que, al margen de expresiones románticas y,
sin duda, bien intencionadas, nada de lo que, en mi opinión, puede determinar la
erradicación de la pobreza, figuraba de forma concreta en la enfática
Declaración. Dicho esto y para fundamentar tal opinión, parece conveniente
empezar por analizar la definición de “desarrollo sostenible” ofrecida en 1987
por la Comisión Mundial sobre medio ambiente y desarrollo.

Dice así:
“Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades presentes,
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades”. Nadie con buen sentido puede oponerse al propósito
contenido en dicha definición. Sin embargo, por inobjetable que en principio
sea, el concepto es suficientemente amplio para permitir varias y diferentes
interpretaciones. De hecho la mayor parte de la literatura sobre el tema se ha
dedicado a identificar propósitos específicos, tales como controlar el clima o
preservar determinadas floras o faunas, para, a continuación, proponer políticas
de desarrollo compatibles con estos propósitos.

Paradigma de esta clase
de posturas es la de algunos grupos de ecologistas que acusan a los países ricos
de quemar demasiados hidrocarburos, lo cual daña a los países pobres. En
consecuencia, piden que se restrinja el consumo de hidrocarburos en los países
ricos. Tal política, sin duda, disminuirá, de entrada, la diferencia de renta
entre los países ricos y los pobres, pero lo hará reduciendo la renta de los
países ricos, ya que, siendo la energía un factor básico de producción, aumentar
su coste, con restricciones administrativas, redundará en reducción del ingreso.
Pero además, a la larga, tal política acabará perjudicando directamente a los
países pobres.

La razón es que reduciendo el ingreso de los países ricos
disminuirá su demanda de toda clase de bienes, incluyendo los agrícolas y los
textiles que son los principales productos que los pobres pueden exportar a los
ricos. El caso descrito no es más que una manifestación de un fenómeno más
general: los efectos perversos de las “bien intencionadas” políticas destinadas
a la promoción del “desarrollo sostenible”. Ejemplo de ello lo proporciona la
industria del reciclaje de plomo que opera en la India, en estrictas condiciones
de respeto al ambiente y a la salud, empleando altas cantidades de plomo.


Dada la escasez local de desperdicios de plomo y la necesidad de
importarlos, las restricciones a la exportación de plomo usado, con la intención
de evitar el vertido de peligrosos desperdicios en los países pobres, han
provocado que numerosas instalaciones legales tuvieran que cerrar por no ser
rentables. El resultado ha sido que la mayor parte de los desperdicios locales
de plomo son reciclados por la industria sumergida, la cual, trabajando en
condiciones irregulares, produce la contaminación del agua y del aire, con
desfavorables consecuencias sanitarias. Otro ejemplo de los perversos resultados
de las buenas intenciones, cuando éstas van acompañadas de la ignorancia
económica, lo tenemos en lo sucedido con los elefantes en Africa.

El
comercio del marfil puso en peligro la población de elefantes. Los países
enfrentaron este problema de distintas formas. Algunos, como Kenia, declararon a
los elefantes patrimonio nacional, creando cuerpos de funcionarios para vigilar
su protección. Otros, como Tanzania, privatizaron los elefantes, entregándolos a
las tribus para que establecieran los derechos de caza y el precio por elefante
muerto. Y ¿qué ha ocurrido? En los lugares donde los animales han sido
nacionalizados, el coste burocrático para protegerlos ha resultado inútil. Los
propios pobladores informan a los cazadores ilegales del paradero de los
elefantes, ya que los consideran un peligro para sus cosechas. Los cazadores los
matan, les sacan los colmillos y luego entierran los cuerpos. De esta forma, en
Kenia y en los países que han seguido la política nacionalizadora los elefantes
se han casi extinguido.

En cambio, en Tanzania se ha producido un cambio
de mentalidad: antes, la población local se quejaba de los daños causados por
“vuestros” elefantes; ahora, dicen que “nuestros” elefantes deben ser protegidos
y, al tiempo que cuidan de que no produzcan daños, las tribus aseguran su
reproducción y actúan de acuerdo con un plan para no sólo obtener el marfil,
sino para comercializar la piel y la carne. Las tribus de Tanzania asignaron
valor al elefante porque es de su propiedad, y cuando algo se valoriza, se
conserva, y eso mismo puede ocurrir con todos los animales, los árboles, las
montañas, los ríos, etc. Detrás de todo el planteamiento de los ecologistas
radicales, “los verdes”, late la resurrección del pensamiento malthusiano.


So pretexto de que los medios de subsistencia crecen a un ritmo inferior
al crecimiento natural de la población, como en 1798 dijo y nunca probó Thomas
Robert Malthus, estos grupos neomalthusianos propician políticas antinatalistas
para los países en desarrollo, incluyendo el uso de anticonceptivos y
recurriendo, incluso, al aborto. Por cierto, Malthus, en las sucesivas ediciones
de su “Ensayo sobre el principio de población”, atemperó su notorio pesimismo,
para en la sexta, aparecida en 1826, treinta y ocho años después de la primera,
acabar diciendo que debía señalar que “los males derivados del principio de
población más bien han disminuido que aumentado”. Así es, porque la teoría
malthusiana no tiene fundamento alguno. En los últimos dos siglos -cuando la
población se ha sextuplicado-el PIB real mundial ha amentado 50 veces.


Esto es válido también para las economías en desarrollo, donde la
población se ha multiplicado por un factor de 6,1 y el PIB real por 36. En los
últimos 40 años, en que la población mundial se ha duplicado, creciendo a una
tasa media anual del 1,8%, el producto real mundial ha crecido a una tasa del
4%. Es decir, el producto por persona ha crecido a una tasa del 2,2% al año.
Esto implica que la disponibilidad de bienes por habitante se ha más que
duplicado durante los últimos 40 años. Nadie, por tanto, puede argumentar que la
explosión demográfica está empobreciendo al mundo. Todo lo cual no impide
reconocer que existe una gran desigualdad de renta por habitante entre las
distintas regiones y países del mundo. Esto es consecuencia, en parte, de los
modelos socio-económicos que imperan en los países menos desarrollados, y, en
otra parte, de la actitud de los países ricos en relación con los países pobres
y, por lo tanto, no tiene nada que ver con la evolución demográfica.

Las
argumentaciones de los controlistas se explican por otros motivos relacionados
con intereses menos confesables. La realidad es que los demógrafos han cedido a
las presiones de las instituciones donantes de fondos y se han plegado a los
criterios impuestos por ellas, en detrimento de las exigencias del trabajo
científico, De hecho, cuando el organismo oficial estadounidense de ayuda al
desarrollo se convirtió en la principal fuente de financiación de los estudios
demográficos, estos estudios acabaron convirtiéndose en “sirvientas” de los
programas de control de la natalidad, para lo cual algunos demógrafos crearon
una nueva teoría que justificaba el intervencionismo.

Tal teoría se basa
en que, si bien los campesinos de los países menos desarrollados son agentes
racionales, no limitarán la natalidad por sí solos, porque carecen de los
métodos anticonceptivos necesarios para planificar sus familias. Así empezó a
difundirse la idea de que en los países menos desarrollados existe una “demanda
insatisfecha” de anticonceptivos, idea tras la cual no es inverosímil suponer
que se escudan intereses mercantiles. Un adalid en tiempos recientes de la
defensa del crecimiento de la población, como garantía para el avance económico,
fue el profesor Julian Simon, de la Universidad de Maryland, fallecido,
inesperadamente, en 1998, a las pocas semanas de haber recibido el Doctorado
Honoris Causa, en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad de
Navarra, evento en el que tuve el honor de conocerle.

Cuando redacté mi
ponencia yo no podía saber que el profesor Richard Ernst, en la suya, que
acabamos de escuchar, iba a citar, como yo acabo de hacerlo, al profesor Simon.
Pero me alegro que haya sido así, ya que ello me permite aclarar algunas de las
cosas que Ernst ha dicho. Julian Simon no era ningún iluso visionario, sino una
persona centrada en la realidad. Infatigable trabajador y hombre comprometido
con la verdad, Simon decía que “los seres humanos no son sólo bocas que
alimentar sino mentes inventivas y productivas que acaban encontrando soluciones
para los problemas humanos”. En 1980, Simon hizo un famoso envite de 1.000
dólares contra el malthusiano Paul Ehrlich, apostando a que, pasados 10 años,
cinco recursos naturales, a elección de Ehrlich, serían más baratos, probando
así que su disponibilidad no había declinado.

Simon ganó; los precios de
todos y cada uno de los cinco recursos disminuyeron, en media, un 40 por ciento.
Pero la mejor prueba de que Simon tenía razón la aportan, al día de hoy, los
trabajos de Bjorn Lomborg que, contrariamente a lo que ha afirmado Richard
Ernst, no era seguidor de Simon, sino todo lo contrario. Lomborg militaba en el
campo malthusiano y en tal condición se decidió a refutar empíricamente las
tesis de Julian Simon. Se puso manos a la obra… y descubrió que Simon tenía
razón. La réplica se convirtió en una confirmación.

El libro de Lomborg,
publicado en danés en 1998, recientemente ha aparecido en versión inglesa, bajo
el título The Skeptical Environmentalist, cuya portada ha proyectado el profesor
Ernst, y en el que todos podemos leer el resultado de sus investigaciones
totalmente conformes con las tesis de Julian Simon. Pero ello no ha impedido que
Greenpeace, el Club de Roma y otras instituciones y personas dominadas por la
misma ideología sigan repitiendo la cantinela que, en 1968, hizo escribir a Paul
Ehrlich que la batalla por alimentar a la humanidad estaba perdida. Es más, este
conjunto de gentes no pueden tolerar que nadie les discuta que el estado del
medio ambiente mundial va de mal en peor, ya que afirmarlo así es lo
políticamente correcto. Si alguien lo pone en duda, enseguida saltan las alarmas
ideológicas y se decreta la busca y captura del infractor. Esto es lo que le ha
sucedido a Lomborg.

Sus adversarios no se han limitado a criticar su
obra, sino que han promovido su condena por un “Comité Danés de Deshonestidad
Científica” y han presionado a Cambridge University Press para que retire el
libro. Afortunadamente, Lomborg ha podido demostrar la inconsistencia del
informe emitido por el Comité Danés y Roger Pielke Jr. de la Universidad de
Colorado ha salido en defensa de las investigaciones de Lomborg y ha denunciado
la instrumentalización de la ciencia, perpetrada por los ecologistas, en defensa
de objetivos políticos. Pero, al margen de estas anécdotas, lo importante es que
Simon además de desmontar con elocuentes cifras las tesis sobre la necesidad de
reducir el crecimiento de la población si no queremos vernos envueltos en un
apocalíptico panorama de pobreza y vulnerabilidad, afirma rotundamente que el
instrumento por excelencia para el desarrollo no es la reducción arbitraria de
la población, sino la población misma. Desde el comienzo de la edad moderna, el
nivel de vida ha aumentado al mismo tiempo que las dimensiones de la población
mundial.

No existe una razón económica por la cual esta tendencia hacia
una vida mejor no pueda continuar indefinidamente. El problema del mundo, añade,
no es el exceso de población sino la falta de libertad política y económica. El
aumento de la población, de momento, puede causar problemas de escasez, pero, en
ausencia de regulaciones erróneas de la actividad económica, la gente resuelve
los problemas y al final se da una situación mejor que si no se hubiera
producido la escasez. El último recurso es la gente, especialmente la gente
joven cualificada y esperanzada, cuando puede obrar con libertad. Es evidente
que determinados daños causados por ciertas actividades son un pecado contra la
naturaleza y contra el propio hombre. “En la raíz de la insensata destrucción
del ambiente natural -dice Juan Pablo II en su Centesimus annus- hay un error
antropológico. En vez de desempeñar su papel como colaborador de Dios en la obra
de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la
naturaleza, más bien traumatizada que gobernada por él”.

Es importante,
a mi juicio, ver que el error antropológico que el Papa señala en el párrafo
citado consiste en olvidar que Dios creó el mundo para el hombre y le puso en él
para que, cuidándolo y cultivándolo, lo utilizara para la realización de sus
fines. Y esto es lo que, desde los orígenes, en términos generales, ha venido
haciendo el hombre, con las lamentables desviaciones que el Papa condena. El
primer error de algunos defensores del “crecimiento sostenible” es que ven a los
seres humanos sólo como consumidores y polucionadores, y no como productores y
gestores. En consecuencia, ignoran nuestra capacidad, como colaboradores de
Dios, para aumentar la abundancia de la tierra. La creciente realización de este
potencial ha permitido a las sociedades de economía avanzada no sólo reducir la
polución, al producir bienes y servicios para la mejora de la humana condición,
sino incluso aliviar los efectos negativos de la polución pasada.

Un
ambiente limpio es un bien costoso y, por lo tanto, no es extraño que los países
que disponen de mejores tecnologías disfruten de mejor ambiente. La tendencia
entre algunos ecologistas de oponerse al progreso económico en nombre de la
gestión del medio ambiente es, desgraciadamente, destructora. El segundo error
de estos grupos es creer que “la naturaleza sabe más” y que “una tierra no
tocada por la mano del hombre” es el ideal. Este romanticismo conduce a
divinizar la naturaleza y a oponerse al dominio del hombre sobre la creación;
hasta tal punto que la ideología marxista de la lucha de clases reaparece en la
ecología profunda. La hostilidad entre empresarios y trabajadores se reproduce
ahora en la hostilidad intrínseca entre hombre y medio ambiente, donde el ser
humano es el explotador y la nueva víctima es la naturaleza.

Es una
especie de humanofobia que contradice la verdad, recibida de la revelación y
confirmada por la razón, según la cual solamente el hombre, entre todo el orden
creado, es capaz de desarrollar y enriquecer la creación, de forma que intentar
destruir o limitar las instituciones económicas, fruto de la creatividad humana,
en nombre de los animales o de las plantas, quita toda racionalidad a este tipo
de gestión medioambiental. Parece claro, por lo menos para mí lo es, que este
desviado pensamiento sobre el desarrollo sostenible no puede en modo alguno
beneficiar a los países en desarrollo, reduciendo en ellos la pobreza.


La pobreza sólo se reduce mediante el crecimiento económico. Oponerse a
que las empresas transnacionales se implanten en los países en desarrollo,
pretextando que su actividad perjudica el medio ambiente, es condenar a estos
pueblos a la perpetuación de la pobreza. Lo que estas naciones necesitan es
inversión productiva de bienes, mejor si son exportables, formación de capital
humano y gobiernos que garanticen: – el derecho a poseer e intercambiar las
propiedades sin intervenciones burocráticas. – el derecho a asociarse y a
contratar libremente con otros. – el derecho a la libertad de expresión – el
derecho a obtener legal reparación cuando las personas o las propiedades han
sido dañadas. – el derecho a la igualdad ante la ley y a su aplicación por
tribunales de justicia independientes. Por otra parte, los gobiernos de los
países en desarrollo deben ser emplazados para que descentralicen la propiedad y
el control de los recursos naturales.

Esta privatización, junto con el
respeto a la propiedad y al imperio de la ley, estimulará la creatividad
empresarial y la protección del medio ambiente. El resultado será un sano
crecimiento económico y, cuando la economía crece, el hombre es capaz de lograr
mejores tecnologías, agua limpia, fuentes adecuadas de energía, mejor sanidad y
mayor seguridad. El resultado será el verdadero desarrollo sostenible. Por
contra, los tratados internacionales sobre el medio ambiente, tales como la
Convención de Estocolmo, el Protocolo de Kyoto y el Protocolo de Bioseguridad
que pretenden mejorar la salud humana y el medio ambiente, en realidad tienden a
proteger los derechos adquiridos de los países ricos. En la medida que entren en
vigor, actuarán como restricciones al libre comercio y mantendrán los países
pobres en su pobreza.

Es evidente que todas las imágenes que se nos
proyectan sobre la penosa situación en que se hallan las personas de estos
países pobres, producen en toda persona bien nacida sentimientos de compasión y
el deseo de intentar lo posible para remediar su profunda pobreza. Pero esta
opción preferencial por los pobres no puede materializarse en ayudas monetarias
que no sirven de nada, como lo prueba que los países de Africa Subsahariana, que
reciben la asistencia económica per cápita más alta del mundo, sigan siendo los
más pobres. Ante el triste espectáculo de la miseria, la reacción debe ser, como
señala el profesor Prahalad, de la Universidad de Michigan, dejar de ver a los
pobres como objeto de nuestras obras de misericordia, otorgándoles subsidios que
son malbaratados o robados por funcionarios corruptos, sino verlos como personas
capaces de construir su propio futuro, si alentamos su creatividad y les
ayudamos a participar en el desarrollo que es el único remedio contra la
pobreza. Esto es exactamente lo que piensan las personas privadas de los países
pobres cuando pueden expresarse libremente, al margen de lo que pregonen los
gobiernos que les tienen oprimidos.

El Cardenal Joseph Ratzinger,
contestando a una de las preguntas que le formula el periodista Peter Seewald,
recogidas en la obra “Dios y el Mundo”, afirma que “dar sólo dinero suele ser
hiriente para el otro. Yo lo he comprobado -añade- una y otra vez en el Tercer
Mundo. Si sólo nos mandáis dinero, te dicen las gentes, muchas veces más que
ayudarnos nos perjudicáis. El dinero se malgasta deprisa en cualquier parte y
empeora aún más la situación. Vosotros tenéis que dar más. Tenéis que venir en
persona, tenéis que daros a vosotros mismos, y después contribuir a que los
dones materiales que traéis se empleen correctamente, que no sean algo sobrante
de lo que os desprendéis, exonerándoos en cierto modo de la pregunta que os
planteamos de qué somos para vosotros”.

Es cierto que la diferencia
cultural y, sobre todo, los sistemas políticos imperantes en estos países,
dificultan, de momento, que por sí mismos apliquen el modelo de mercado. Pero si
las empresas transnacionales, de acuerdo con los gobiernos de los países
afectados y con la colaboración de las instituciones multilaterales, son las que
gestionan las actividades empresariales, educativas o sanitarias, las
poblaciones, al ver las ventajas que se derivan de ello, sin duda celebrarán la
presencia de las transnacionales y el hecho de que, a través de ellas, puedan
entrar en el proceso globalizador que es donde están sus expectativas de
desarrollo y bienestar. Un ejemplo de que es posible hacer inversiones en
infraestructura en países en desarrollo, atrayendo capital privado, lo
proporciona lo sucedido en Sudáfrica.

Una de las plagas que los
pretendidos abogados de los pobres con 0 frecuencia alegan, para recabar la
ayuda con cargo a un determinado porcentaje de los PIB de los países ricos, es
la carencia de agua potable en los países pobres. Es verdad, pero también lo es
que hace un par de años, la colaboración del gobierno sudafricano, las
administraciones locales, el Banco Mundial y la multinacional francesa Suez
Lyonnaise des Eaux llevó agua potable a más de 600.000 personas en Cisira,
provincia de El Cabo. En este pueblo, como en otros muchos de la región, el agua
siempre ha sido gratuita, pero insalubre. Los habitantes de Cisira tenían que
caminar a diario dos horas para tomarla del río y transportarla a casa.


Era frecuente que la gente del pueblo, en especial los niños, enfermaran
por beberla. Hoy, los habitantes de Cisira se aprovisionan de agua de buena
calidad en los surtidores automáticos repartidos por el pueblo. Introducen una
tarjeta magnética para abrir la válvula, y así pueden llenar sus cubos. El
sistema ha sido construido por Suez Lyonnaise. El agua se extrae del río, es
tratada en una depuradora y bombeada hasta los surtidores. Se acabaron las
caminatas y las enfermedades causadas por el agua. Hasta ahora, Suez Lyonnaise
ha desarrollado, en El Cabo, unos treinta proyectos como éste. El plan se
propone llegar a un millón de beneficiarios en el año 2005.

Para que el
proyecto tuviera éxito, hubo que convencer a la gente de que tenían que pagar
por el agua potable, lo que suponía cambiar su mentalidad y hacerles ver que la
tarifa del agua no era un impuesto, sino el precio de un servicio que tiene un
coste de mantenimiento. Pero, se dudaba de que los habitantes, pobres casi
todos, tuvieran el dinero necesario. Se puso un precio asequible, 2-3 dólares
mensuales, que supone entre el 2% y el 5% de los ingresos de una familia. Y se
ha comprobado que los pobres están dispuestos a pagar para tener agua en buenas
condiciones.

El director de la subsidiaria de Suez Lyonnaise en
Sudáfrica, lo tenía claro desde el principio: “Si la gente puede permitirse
comprar una cerveza al día, puede permitirse pagar por el agua. Es una cuestión
de prioridades”. Los habitantes de Cisira lo corroboran: “¿Se imagina lo que era
pasarnos la vida yendo al río para sacar agua sucia y turbia? – dice una mujer
del pueblo-. Es magnífico. Por supuesto que conseguimos el dinero”. Lo que
necesitan estos países no son enfáticas declaraciones sobre la preservación y
salvamento del planeta, ni tampoco ayudas a fondo perdido; lo que necesitan es,
por un lado, que acabe la mala gestión de sus corruptos gobiernos que, por
ejemplo, permite que el gobierno de la India tenga almacenados 58 millones de
toneladas de trigo y arroz, comprados a precios exorbitantes a los influyentes
lobbies agrícolas, mientras el 47% de los niños de 1 a 35 meses sufren
malnutrición y un tercio de los 1.045 millones de indios no comen lo necesario,
porque, a consecuencia de esta equivocada política, los precios de los alimentos
básicos, como el pan, están fuera del alcance de los más pobres.

Y
necesitan, por otro lado, que acabe la hipocresía de los países ricos que,
comprometiéndose a destinar determinados porcentajes de su PIB en forma de
donativos, que son malbaratados, cuando no robados, por gobiernos corruptos, que
de esta forma perduran, en cambio subvencionan la exportación al Tercer Mundo de
los productos de sus propios países, al tiempo que cierran sus fronteras,
mediante protección arancelaria, a los artículos procedentes de los países
pobres, en especial los agrícolas, textiles y demás manufacturas intensivas en
mano de obra, en los que estos países disfrutan de ventaja competitiva. La razón
esgrimida para este cierre de fronteras en la que se escudan los adversarios de
la globalización y especialmente los sindicatos de los países ricos, es que los
países pobres hacen competencia desleal porque producen sin respetar los
derechos laborales básicos.

Para ilustrar el sinsentido de esta postura,
en orden a la cooperación al desarrollo, no me resisto a relatar lo sucedido
entre Camboya y los Estados Unidos. Hace unos pocos años, Camboya firmó un
acuerdo con Estados Unidos sobre sus exportaciones textiles. Camboya se
comprometía a mejorar las condiciones laborales en ese sector. A cambio, Estados
Unidos prometía aumentar un 14% la cuota de importaciones textiles de empresas
camboyanas, lo que suponía un aumento de 50 millones de dólares al año. La mayor
vigilancia del gobierno camboyano sobre las condiciones laborales tuvo
consecuencias positivas para los trabajadores. En un país donde la renta per
cápita anual es de 180 dólares y donde los profesores universitarios ganan 20
dólares mensuales, el salario mínimo en la industria textil se fijó en 40
dólares al mes.

A partir del acuerdo se autorizó que los trabajadores
textiles crearan sindicatos y eligieran a sus representantes. Se hizo
obligatorio conceder 19 días de vacaciones pagadas. La perspectiva del aumento
de las exportaciones a Estados Unidos hizo que se crearan nuevas empresas, que
dieron trabajo sobre todo a mujeres. Es un trabajo duro: diez horas al día,
durante seis días a la semana, cosiendo una prenda tras otra. Pero consiguieron
ahorrar dinero para mantenerse y ayudar a sus familias. Llegó el momento de
recoger los frutos. Los representantes del gobierno de los Estados Unidos
reconocieron que el acuerdo había logrado importantes mejoras laborales en muy
poco tiempo. Pero el sindicato norteamericano del textil se opuso al aumento de
la cuota de importación de tejidos camboyanos, asegurando que en Camboya
persistían las violaciones de las normas laborales internacionalmente
reconocidas.

El gobierno de los Estados Unidos cedió y no amplió la
cuota. Después de esta decisión cerraron 18 fábricas textiles y multitud de
trabajadores perdieron su trabajo y sus ingresos. Pero los trabajadores
camboyanos tienen el consuelo de saber que los sindicatos norteamericanos velan
por sus derechos laborales. No cabe mayor hipocresía. El libre mercado hubiera
enriquecido a los trabajadores del textil camboyano; la intervención estatal,
instigada por los intereses de clase, les sume en la miseria. Con ello, quisiera
terminar volviendo a la definición de desarrollo sostenible que utilicé al
principio de mi exposición, para darle un sentido distinto, pero, a mi juicio,
más constructivo. La especie humana, a lo largo de los siglos, se ha adaptado al
mundo en el que, desde que el Creador la puso en él, ha vivido. Y lo más
importante de esta adaptación ha sido el desarrollo de las instituciones: las
normas, las convenciones, las leyes y las reglas de comportamiento.


Estas instituciones, entre las cuales, el derecho a la vida, la
propiedad privada, el respeto a la dignidad de las personas, la libertad de
expresión y de actuación, y la igualdad ante la ley, nos han permitido, a pesar
de lamentables períodos de enfrentamientos, debidos a los fallos humanos en la
aplicación de los principios, estas instituciones, digo, nos han permitido
convivir unos con otros y, en las últimas centurias, han logrado, gracias a la
creatividad empresarial y el libre mercado, que una proporción creciente de los
humanos escapara de la pobreza en la que nuestros ancestros estuvieron
sumergidos. Sería una tragedia que, en nombre de un falso “desarrollo
sostenible”, destruyéramos estas instituciones, para regresar a los tiempos
oscuros. El verdadero desarrollo sostenible consiste en la conservación y
transmisión, no precisamente de los recursos naturales, que hay que utilizar y
consumir sensatamente, sino de las instituciones.

El verdadero
desarrollo sostenible ha de consistir en utilizar las instituciones y, en
especial, el mercado globalizado, en provecho del bien común de la actual
generación, extendiendo el modelo a los ámbitos en los que todavía no tiene
pleno vigor, para promover en ellos la mejora de la calidad de vida, pero, al
mismo tiempo, conservando dichas instituciones, en especial las económicas, a
fin de poder transmitirlas a las futuras generaciones, para que ellas, en su
momento, puedan también disfrutar de sus beneficios.

Participación
en Jornada organizada por la Fundación Iberdrola Madrid, 18 diciembre 2002