La economía española se encuentra atrapada en medio de un complejo laberinto, como suele decir el Profesor Juan José Toribio. Para salir de él es necesario abordar los cuatro problemas clave que lastran nuestra recuperación: el excesivo endeudamiento público y privado, la elevada tasa de desempleo, la falta de crecimiento económico y la ausencia de financiación a empresas y particulares. Por supuesto, como suele suceder en economía, ninguno de estos problemas puede ser abordado de manera independiente, pues lo que sucede en un ámbito afecta al resto.
Desde hace algunos meses, el Gobierno, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y nuestros socios de la Unión Europea apuntan hacia el déficit público como el elemento cuya corrección es más urgente. El ministro Montoro, sin ir más lejos, apuntó en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 que no hay “otra salida de la crisis que la reducción del déficit público”.
¿Por qué la reducción del déficit es tan importante para lograr la recuperación económica? La respuesta es doble.
Por un lado, la reducción del déficit público permite un mejor ajuste entre ingresos y gastos del Estado. Esto significa que el Estado, tras reducir la diferencia entre ambas partidas, necesita pedir menos dinero prestado a los inversores internacionales, lo que reduce el riesgo de impago por parte de España. Este hecho se traduce en un menor pago de intereses por la nueva deuda emitida y en menores niveles de gasto en esta partida, redundando nuevamente en un menor déficit público. Esta espiral de control de gasto, déficit y deuda alejaría a España del riesgo de un hipotético default.
Financiar al Estado
Por otro lado, el excesivo déficit público que nuestra economía ha experimentado en los últimos años, está teniendo un efecto muy negativo en la evolución del crédito a empresas y particulares. Y es que las emisiones de deuda del Estado copan el poco crédito que las entidades financieras están ofreciendo a los clientes.
Desde el estallido de la crisis financiera, los bancos europeos han recibido financiación preferente, a tipos de interés muy reducidos, por parte del Banco Central Europeo. La delicada situación por la que las entidades de crédito atravesaban (y aún hoy atraviesan) dirigía la mayor parte de esos fondos hacia activos considerados “sin riesgo”, como la deuda pública.
De esta manera, las entidades de crédito están optando por financiar al Estado, cuyo riesgo, aún en las actuales circunstancias, es percibido como menor, en lugar de a empresarios capaces de generar empleo y crecimiento económico. El Gráfico 1 muestra la evolución acumulada del crédito a las Administraciones Públicas y al resto de sectores residentes (empresas, particulares…) entre febrero de 2010 y mayo de 2012.

Como puede observarse, el crédito al sector privado ha descendido ligeramente desde 2010. Este hecho contrasta con el importante incremento de la financiación al sector público. Este “efecto expulsión” de los mercados financieros al sector privado, consecuencia del mayor atractivo de la deuda pública para los bancos, afecta negativamente a los otros dos muros que impiden la salida del laberinto en el que nuestra economía se encuentra: el excesivo desempleo y la falta de crecimiento económico.
La caída del crédito al sector privado limita la creación de nuevas empresas y dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión y expansión. De este modo, las empresas en nacimiento o en fase de consolidación no tienen margen para financiar nuevas contrataciones o para mantener sus actuales plantillas.
Dificultades de los inversores
El efecto de la falta de crédito también tiene consecuencias sobre la actividad económica agregada. La paralización de la actividad empresarial e industrial, unida a la caída del consumo y del gasto público, frena la recuperación del Producto Interior Bruto (PIB), lo que a su vez, de nuevo, tiene un efecto negativo sobre la recaudación impositiva del Estado.
Junto a estas dos consecuencias de tipo macroeconómico, la contracción del crédito al sector privado tiene un efecto muy negativo sobre la competitividad de nuestra economía y su atractivo para los inversores extranjeros.
Cada año, el Banco Mundial elabora el índice Doing Business, que mide la facilidad para hacer negocios en un determinado país. España figura en el puesto número 45 del mundo en cuanto a facilidad para obtener financiación empresarial. Este hecho es corroborado por otras dos instituciones que realizan análisis similares: el World Economic Forum y la Heritage Foundation. Ambos think tanks señalan las enormes dificultades que los inversores extranjeros encuentran en España a la hora de financiar sus proyectos.
Como consecuencia de ello, en España es más caro financiarse que casi en ningún otro país de la Eurozona. El tipo de interés medio para nuevos créditos a empresas en España está situado en el 6,61%, sólo por debajo de Portugal, y muy por encima de países como Alemania o Francia donde la financiación empresarial es casi tres puntos más barata.
¿Qué esperar en los próximos meses?
Las previsiones de déficit público conocidas en los Presupuestos Generales del Estado publicados hace unos días, no ofrecen un escenario mucho mejor que el actual. El Gráfico 2 muestra la evolución esperada de esta variable hasta 2015.

Suponiendo que los objetivos de déficit para cada año fueran cumpliéndose, España se enfrenta a un escenario de, al menos, tres años más de importantes emisiones de deuda por parte del Estado. La falta de recuperación económica, unida al alto de desempleo que los principales organismos internacionales prevén para el período 2012-2015 en España, parece sugerir que el crédito, salvo problemas mayúsculos en las finanzas del Estado, volverá a ser canalizado hacia el sector público.
Para conseguir que el flujo de crédito retorne al sector privado, las administraciones públicas deben profundizar en el ajuste del sector público y en el desarrollo y aplicación de la reforma financiera puesta en marcha hace algunos meses por el Gobierno. Además deben aclararse los términos del acuerdo de rescate financiero pactado con la Unión Europea.
La falta de concreción, la lentitud y las continuas contradicciones entre los organismos al mando del proceso, restan credibilidad al rescate. Para que la reestructuración y la recapitalización de las entidades financieras sean creíbles y eficaces deben ejecutarse rápidamente y comunicarse de manera clara, para evitar la incertidumbre entre ciudadanos e inversores.
La salida de la crisis necesita un sector empresarial e industrial bien financiado, capaz de recuperar la demanda doméstica y de atraer inversores extranjeros. El sostenimiento de la recuperación exige, sin embargo, algo más. Es necesario que la economía española recupere competitividad a medio plazo. El sector financiero debe jugar un papel clave en la consecución de este objetivo.
El incremento de la competitividad requiere fuertes inversiones en investigación y desarrollo, así como en nuevas tecnologías que faciliten una producción más eficiente y un producto final de mayor calidad, más atractivo globalmente. La recuperación de la competitividad en un país como España difícilmente será alcanzable en un contexto como el actual, en el que el volumen de crédito concedido a las empresas es mínimo.
El laberinto económico español tiene, por tanto, salida. Y ésta debe empezar a construirse a partir de una rápida consolidación fiscal que facilite la recuperación del crédito al tejido productivo. El ajuste del sector público no es un asunto de dogmatismo económico, como muchas veces parece sugerirse. Es una necesidad imperiosa para que España aleje el riesgo de default y para que las empresas puedan volver a crecer, a contratar y a generar beneficios. Aunque los resultados del ajuste, en el corto plazo, sean costosos y difíciles de aceptar, no debe perderse de vista que este proceso es el primer paso hacia la salida de la crisis.
Gonzalo Gómez Bengoechea es
profesor de ICADE