Mientras el mundo está pendiente de la crisis de Irán, las brechas abiertas de Afganistán e Irak,…

… el conflicto palestino-israelí (el interno palestino, también), las guerras olvidadas de África (sólo miramos la de Somalia, Estado fallido desde hace 15 años, porque hay una lucha entre los señores de la guerra y las cada vez más potentes milicias islamitas apoyadas por Al Qaeda), el preocupante ascenso de los movimientos indigenistas en Iberoamérica (aunque parece que ha sufrido un frenazo en Perú) y otros escenarios poco agradables, mientras, en Filipinas el Senado y la Cámara de Representantes han aprobado sendos proyectos de Ley con el fin de abolir la pena de muerte.

Las razones aducidas por la Presidenta Gloria Macapagal Arroyo son básicamente dos: que se ha mostrado como un instrumento inútil para disuadir a los delincuentes para que no cometan horrendos crímenes, y que, al final, va contra los pobres, que no cuentan con recursos para contratar los servicios de un buen abogado.

Aunque sin duda es legítimo que un Estado se dote de los mecanismos precisos para acabar con el crimen e imponer el imperio de la Ley, es igualmente indudable que ese mismo Estado no es todopoderoso y que debe observar unos ciertos límites. Esos límites al Estado no vienen sólo de las leyes positivas, de las ya aprobadas por el Parlamento, sino también de la Ley Natural, o, si lo prefieren, su versión contemporánea, los Derechos Humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida, sin el cual el resto carece de sentido.

Cuando un Estado decide acabar con la vida de una persona es porque la considera una amenaza tal que ve imposible su arrepentimiento y su transformación en un ciudadano modélico (lo que algunos llamarían la “reinserción en la sociedad”).

Pero tras años de experiencia en diversos lugares del mundo, se ha comprobado que no todos los que sufrieron la pena capital eran culpables. Y, aunque lo hubieran sido, se les debía dar una segunda oportunidad de rehacer su vida. Y aunque jamás se arrepintieran de lo que hubieran hecho, nadie puede arrogarse la legitimidad suficiente como para acabar con la vida de otro ser humano.

La pena que se creó para evitar que familiares o amigos de las víctimas se tomaran la justicia por su mano, es decir, con el objetivo de poner algo de civilizado en una sociedad irracional, en el siglo XXI no es ya una muestra de avance sino una muestra de atraso cultural.