César Vidal sostiene que Zapatero ha dado una nueva lección de lo que no debe hacerse en política exterior. Por la vía de las concesiones unilaterales, ha entregado la posición española en la reivindicación de Gibraltar, humillando al pueblo español.

Relaciones Internacionales
Los orígenes del contencioso

En 1704, España
se hallaba desgarrada por una terrible guerra civil. El final de la dinastía de
los Austrias en la figura de Carlos II el Hechizado había abierto un proceso
sucesorio que, en puro derecho, tenía que haber comenzado y concluido con el
entronizamiento de Felipe de Borbón como rey de España. Sin embargo, el temor a
una alianza franco-española provocó de manera inmediata una reacción
internacional y la aparición de un candidato alternativo en la persona del
archiduque Carlos de Austria. Apoyaban a éste Holanda, el imperio y, muy
especialmente, Inglaterra, que bajo ningún concepto deseaba la existencia de una
potencia fuerte en el continente. El 4 de agosto del citado año, la ciudad,
castillo y fortaleza de Gibraltar fueron objeto de un ataque llevado a cabo por
una fuerza combinada anglo-holandesa. Gibraltar, como la casi totalidad de
España, había ya prestado obediencia a Felipe V de Borbón y, de manera lógica,
decidió resistir al ataque de unas tropas que representaban los intereses del
archiduque Carlos. La resistencia estaba condenada al fracaso dada la
superioridad del enemigo y, finalmente, vecinos y guarnición terminaron por
rendirse.

A la sazón, el territorio de Gibraltar comprendía la comarca
costera de la bahía de Algeciras y con su ciudad de más de cinco mil habitantes
era la capital de una zona extensa superior a alguna provincia española. La
acción, en teoría, no debía haber tenido mayor trascendencia en la medida en
que, como ya queda dicho, ingleses y holandeses eran aliados de un aspirante al
trono español y sólo tomaban posiciones en territorio de la nación española.
Lamentablemente, el almirante inglés Rooke decidió pasar por alto reglas tan
elementales y mediante un acto que sólo puede ser calificado como piratería tomó
posesión de la plaza no en nombre del archiduque Carlos sino de la reina inglesa
Ana. La edición de 1879 de la Encyclopedia Britannica, volumen 10, página 586,
no se recataba de señalar lo taimado de semejante acción atribuyendo el acto
llevado a cabo por Rooke a su propia responsabilidad (his own responsibility) y
añadía que, desde luego, había ido en contra del honor de Inglaterra el que
hubiera sancionado y ratificado una ocupación desprovista de principios como
aquélla. El comportamiento de Rooke, por seguir el texto de la Britannica, había
sido el de un patriotismo carente de escrúpulos (unscrupulous patriotism) y por
ello no resultaba extraño que los españoles hubieran sentido profundamente la
injusticia perpetrada contra ellos.

Desgraciadamente, aquel episodio sólo
iba a ser el inicio de una larga cadena de abusos ingleses. Desde luego, no
resulta extraño que Felipe V intentara reconquistar la plaza, ya en septiembre
de 1704, y que se irritara profundamente cuando le recordaran la villanía
inglesa. Con el paso del tiempo, el monarca caería en un lamentable desarreglo
mental -al que me he referido en alguno de mis libros- pero en lo que se refiere
al tema de Gibraltar hay que insistir en que estaba cargado de razón. A fin de
cuentas, Gibraltar formaba parte del territorio hispánico desde la época de la
colonización romana, nunca había dejado de estar sometido a entidades políticas
españolas -cristianas o islámicas- e incluso míticamente se asociaba con la
fundación de España por el mismo Hércules. En términos cronológicos, distintas
instituciones políticas hispánicas dominarían la plaza por un período de tiempo
hasta ocho veces superior al de la existencia de la colonia británica. De hecho,
cuando el Tratado de Utrecht puso fin a la guerra de Sucesión y en su artículo
décimo se recogió la ocupación de Gibraltar por Inglaterra, España se guardó muy
mucho de aceptar la legitimidad de aquel acto. La cesión quedó por añadidura
condicionada a la supresión del comercio entre la plaza y el territorio vecino,
a la prohibición de residencia en Gibraltar de determinadas personas para
garantizar la seguridad española y al respeto por parte de Inglaterra del culto
católico en la plaza. Finalmente, el texto incluía una cláusula resolutiva de la
crisis en la que se afirmaba que si en algún tiempo Gran Bretaña decidía “dar,
vender o enajenar” Gibraltar se daría “a la Corona de España la primera acción
antes que a otros para redimirla”. A partir de ese momento, España intentaría
vez tras vez recuperar un territorio propio y Gran Bretaña mantener la colonia.


Los abusos cometidos por esta potencia fueron, como ya hemos indicado,
no escasos. Por ejemplo, en las negociaciones preliminares al Tratado de Madrid
de 13 de junio de 1721 se planteó como condición previa la devolución de
Gibraltar a España. El ministro inglés en Madrid, William Stanhope, y el
secretario de Estado español, marqués de Grimaldi, se comprometieron así a que
el tratado no sería ratificado mientras Jorge I de Inglaterra no comunicara la
restitución de Gibraltar. El 1 de junio, Jorge I envió la carta en cuestión pero
una vez que el 5 de julio del mismo año España ratificó el tratado, el monarca
inglés faltó a su palabra.

Las promesas británicas volvieron a repetirse
en ocasiones en que Gran Bretaña se vio amenazada por un enemigo más poderoso
que España pero siempre para quedar en nada. Por si fuera poco, Inglaterra fue
sumando a sus desafueros diplomáticos una larga lista de incumplimientos del
Tratado de Utrecht desde el mismo siglo XVIII cuya simple exposición sería
material para una docena de artículos como el presente. Así, nada más firmarse
el acuerdo, las tropas inglesas procedieron a ocupar militarmente la Torre del
Diablo a Levante y el Molino a Poniente, no incluidos en el mismo. El 19 de
agosto de 1723, William Stanhope sostenía con evidente descaro que Inglaterra
tenía derecho a ampliar el terreno cedido por el tratado de Utrecht a “todo el
terreno cubierto por la artillería de la Plaza”, aunque reconocía que tal
extremo no estaba contemplado en el texto firmado por ambas naciones. En 1815,
por ejemplo, una epidemia de fiebre amarilla diezmó a los ingleses de Gibraltar.
España ofreció entonces generosa ayuda humanitaria a los británicos y éstos
aprovecharon la situación para apoderarse de nuevos territorios españoles en la
zona. En 1854, las autoridades británicas volverían a utilizar una ocasión
similar -la generosa ayuda española prestada con ocasión de una epidemia- para
repetir su proceso expansivo. En 1908, en claro antecedente del Muro de la
vergüenza berlinés, el gobierno británico levantó incluso una verja de hierro
que separaba físicamente a España de una colonia gibraltareña que no había
dejado de crecer territorialmente en las últimas décadas.

A esas
alturas, los ingleses eran más que conscientes de que su colonia era incapaz de
automantenerse -a diferencia de otras bajo pabellón británico- y reconocían que
Gibraltar sobrevivía gracias a actividades ilegales como el contrabando. El 25
de agosto de 1841, por ejemplo, Lord Palmerston, en una bochornosa nota enviada
a la legación española en Londres, afirmaba que los barcos de contrabandistas
irían armados con cañones para defenderse de los guardacostas españoles. A nadie
se le ocultaba -como no se le oculta hoy- que Gibraltar no era viable
económicamente salvo mediante la conjunción de prácticas económicas delictivas y
colonialismo británico. Tan sólo este tema daría material más que sobrado para
una voluminosísima tesis doctoral.

Las críticas
británicas a la colonia

Por supuesto, no todos los británicos
veían con agrado semejante suma de desafueros. En 1856, sir Robert Gardiner en
su Informe sobre Gibraltar. Una fortaleza y una colonia se preguntaba: “¿Cuáles
deben ser los sentimientos de todos los españoles con esta noble Roca a la vista
siempre, ocupada por extranjeros?”. Seis años después, John Bright afirmaba que
“el Peñón de Gibraltar fue tomado y retenido por Inglaterra cuando no estábamos
en guerra con España y su apropiación fue contraria a todas las leyes de la
moral y del honor”. No fueron los únicos.

Naturalmente, Gibraltar, que
nunca ha sido algo distinto a una colonia, se vio afectada directamente por el
proceso descolonizador. En 1950, el gobierno británico inició en Gibraltar un
proceso de repoblación que, supuestamente, ayudaría a legitimar la supervivencia
de la colonia. La acción -una burla absoluta del derecho internacional- fue
contestada incluso en Gran Bretaña. En febrero de 1951, por ejemplo, William C.
Atkinson indicaba cómo Inglaterra se había comportado en la situación de
Gibraltar añadiendo “el insulto a la herida”. El 17 de septiembre de 1954,
Halliday Sutherland señalaba que la toma de Gibraltar en 1704 “fue un acto de
piratería” y en 1966, Arnold J. Toynbee indicaba la injusticia de la ocupación
británica de Gibraltar preguntándose: “¿Le agradaría al pueblo británico ver una
fortaleza rusa o china en Land´s End o en las islas del Canal?”.

La
resolución de la ONU y la posición española

Sin embargo, lo más
importante fue que la ONU reconoció públicamente que Gibraltar no era territorio
británico sino una colonia. El Comité encargado por Resolución 1654 (XVI) de 27
de noviembre de 1961 del examen de cuestiones relacionadas con el proceso de
descolonización -un comité que desde el 17 de diciembre de 1962 contaría con
veinticuatro miembros- proclamó solemnemente en su resolución de 16 de octubre
de 1964 que “las disposiciones de la Declaración sobre la concesión de
independencia a los países y a los pueblos coloniales se aplican íntegramente al
territorio de Gibraltar”.

El 16 de diciembre del año siguiente el
plenario de la XX Asamblea General de la ONU aprobaba un proyecto de resolución
sobre Gibraltar en el que volvía a insistir en el carácter colonial de este
enclave. La Resolución fue aprobada por 96 votos a favor y ninguno en
contra.

Lo cierto es que semejante paso -de capital importancia
histórica- venía a recoger lo que había sido un proceso sin titubeos. De hecho,
y es obligado referirlo, a lo largo de la Historia de España, pocas causas han
sido defendidas de manera más unánime por los españoles de todo signo que la de
la soberanía española de Gibraltar. Por supuesto, como hemos indicado, esa causa
la defendieron reyes como Felipe V o Carlos III y dictadores como Miguel Primo
de Rivera o Franco. Pero también lo hicieron los cuatro presidentes de la I
República: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar.

Estanislao
Figueras afirmó “el objetivo de la nación debe ser en esta como en todas las
cuestiones, buscar el engrandecimiento y la prosperidad, para que esta política
nos lleve a Gibraltar”. Francisco Pi i Margall señaló “la patria está encogida
porque está cercenada con la exclusión de Gibraltar”. Salmerón dijo: “Inglaterra
extiende continuamente su dominio en el territorio de España” y Emilio Castelar
proclamó: “Yo admiro mucho a la nación inglesa. Mas declaro que no puede ser
nuestra aliada mientras posea Gibraltar”. La misma actitud mantuvieron los dos
presidentes de la II República, Alcalá Zamora y Azaña. Alcalá Zamora señaló, por
ejemplo, “Entre Inglaterra y España sólo se plantea e interpone un problema: el
de Gibraltar. Han pasado más de dos siglos, podrían pasar muchos más y ese
problema seguiría vivo” y Manuel Azaña escribía: “Toqué la cuestión del Estrecho
haciendo ver la importancia de asegurar su dominio, en caso de guerra. Examiné
la cuestión de Gibraltar y dije al Consejo mi propósito de preparar desde el
Ministerio de la Guerra los planes necesarios para tener aquel dominio”. Ese
punto de vista llegó a hacerse extensivo a dirigentes de la izquierda como la
anarquista Federica Montseny o el socialista Luis Araquistain que manifestó:
“Gibraltar es un anacronismo histórico que debe avergonzar a todos los europeos
de Occidente y no sólo a los españoles y a los ingleses”. No hace falta decir
que no pensaban cosa distinta los intelectuales más importantes. Joaquín Costa
afirmaba: “Ese control inglés es vejatorio para España y no debe tolerarse…” o
Salvador de Madariaga declaraba: “Nadie cree hoy en Inglaterra que sea posible
negarle Gibraltar a España”. “En cuanto a los políticos, en este asunto, no
creen ni una palabra de lo que dicen”.

Esa situación no experimentó
cambios tampoco al producirse la instauración de un régimen democrático en la
segunda mitad de los años setenta del siglo pasado. Tanto los gobiernos de la
UCD como los del PSOE mantuvieron la insistencia en la soberanía española sobre
Gibraltar, una posición nacional que se salvaguardó en la Declaración aneja al
Tratado de adhesión a las Comunidades Europeas. Por otra parte, el Derecho
Comunitario, de forma congruente con la situación colonial que sufre España en
Gibraltar, establece en el art. 299 – 4 del TCEE que “las disposiciones del
presente Tratado se aplicarán a los territorios europeos cuyas relaciones
exteriores asuma un Estado miembro”. Es decir, que los gibraltareños, según el
Derecho Comunitario, no cuentan con voz propia en política exterior, porque la
asume el Reino Unido.

Por otro lado, la política exterior
correspondiente a las dos legislaturas de gobierno del PP mantuvo esa misma
línea ininterrumpida de tres siglos, logrando avances verdaderamente notables
siendo ministro de Asuntos exteriores Joseph Piqué y cuando se abordó el tema de
la soberanía. El acuerdo no se concluyó finalmente -Gran Bretaña pretendía que
fuera definitiva la solución co-soberanista y además que se consultara a los
habitantes de Gibraltar, mientras España rechazaba ambos extremos- pero
significó un reconocimiento por parte británica de los derechos españoles.


La irresponsable política de Zapatero


Esos avances -insistimos en ello, respaldados por una unanimidad
española de tres siglos- se han desplomado de manera incomprensible por la
política exterior desarrollada por Rodríguez Zapatero y su ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Por un lado, los pasos dados por Rodríguez
Zapatero han generado, de manera comprensible, una enorme sensación de
inseguridad e incertidumbre en los aliados. España ha dejado de ser un aliado
fiable para convertirse en una nación regida por un presidente no caracterizado
precisamente por la responsabilidad y la madurez políticas. Por otro, de forma
absolutamente injustificada, Rodríguez Zapatero ha renunciado a negociar la
soberanía, ha admitido que los gibraltareños sean sujetos de derecho en las
discusiones, ha consentido en que cuenten con un derecho de veto que no les
corresponde legalmente y ha realizado una serie de concesiones sin
contraprestación.

Hasta hace apenas unos días, sólo dos razones impedían
que Gibraltar siguiera el camino de otras colonias británicas, como Hong Kong, y
fuera reintegrada a la soberanía que en derecho corresponde, es decir, a la
española. La primera era el prurito británico de continuar manteniendo un peso
colonial en un mundo afortunadamente poscolonial. La segunda -aún más
inconfesable- era no entrar a fondo en la sentina de irregularidades legales que
tiene como sede Gibraltar y que ha sido denunciada repetidamente desde las más
diversas instancias. Resulta obvio que ninguna de estas razones era de recibo en
el marco no sólo de la Unión Europea sino del cumplimiento más elemental del
derecho internacional. A ellas se ha sumado la actitud de un gobierno como el de
Rodríguez Zapatero, empeñado en llevar una política contraria a todo lo seguido
hasta la fecha aunque ello signifique lesionar gravemente los intereses
españoles. Por primera vez en nuestra Historia, nuestro gobierno es mucho más
culpable de la situación de cara a Gibraltar que las autoridades británicas.


A día de hoy, la única salida justa y razonable para el contencioso de
Gibraltar sigue siendo la restitución de la soberanía de la plaza a España. De
hecho, el momento en que se llegue a ese punto no sólo se habrá corregido una
injusticia histórica sino que habrá desaparecido el último contencioso entre dos
grandes naciones que, antaño enemigas, son ahora amigas y aliadas y, sobre todo,
se habrá eliminado del territorio europeo una lacra tan vergonzosa y vergonzante
como la existencia de una colonia. Sin embargo, si hoy estamos más lejos que
nunca de llegar a esa ansiada meta lo debemos no a las acciones de la “pérfida
Albión”, sino a la incompetencia, desidia y falta de sentimiento nacional del
gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.

Originalmente
publicado por FAES