Economía y Sociedad, Europa

Gobernar contra los más débiles: el caso del salario mínimo español

La negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) entre el Gobierno y los agentes sociales fue la causa de una nueva crisis. Según Valentín Bote Álvarez-Carrasco, es preciso realizar una reflexión rigurosa sobre los efectos que pueden tener la elevación del SMI en la economía española.


"Algunos animales son más débiles que otros. Por ejemplo, el puercoespín es un animal indefenso excepto por sus púas, el ciervo es vulnerable excepto por su velocidad. En la economía también hay personas relativamente débiles. Los discapacitados, los jóvenes, las minorías, los que no tienen preparación, todos ellos, son agentes económicos débiles.

Pero al igual que les ocurre a los seres en el mundo animal, estos agentes débiles tienen una ventaja sobre los demás: la capacidad de trabajar por sueldos más bajos. Cuando el gobierno les arrebata esa posibilidad fijando sueldos mínimos obligatorios, es como si se le arrancaran las púas al puercoespín. El resultado es el desempleo, que crea una situación de desesperanza, soledad y dependencia". Walter Block (Mises Institute) "Los que se oponen al establecimiento de un sueldo mínimo afirman que perjudica a la creación de empleo en Europa; sus defensores argumentan que luchan contra la explotación y ayudan a los pobres. (…) A diferencia de lo que dice la sabiduría popular, es igual de fácil formular teorías en contra que a favor de los sueldos mínimos. Lo que se necesitan ahora son pruebas, no teorías. (…) Se han exagerado tanto los efectos positivos o negativos de los sueldos mínimos".
Dolado et alia (1996)

La crisis del salario mínimo interprofesional

La negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) entre el Gobierno y los agentes sociales fue la causa de una nueva crisis. Según Valentín Bote Álvarez-Carrasco, es preciso realizar una reflexión rigurosa sobre los efectos que pueden tener la elevación del SMI en la economía española. Una cláusula, que pretendía ligar los incrementos del SMI a la inflación pasada, a través de un mecanismo similar al de la actualización de las pensiones, fue la causante de la discordia.

Por un lado, una crisis dentro del propio Gobierno: la negociación de dicha cláusula a espaldas del Ministerio de Economía provocó el "veto" a la misma de Pedro Solbes, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, quien la calificó de "disparate". El Presidente del Gobierno intervino, en el último Consejo de Ministros del año, desautorizando a su vicepresidente y dando la razón al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Volvió a ponerse de manifiesto la inexistencia de una autoridad económica y de una política económica que merezca tal calificación.

Cuando parecía que la situación volvía a la "normalidad", la patronal CEOE emitió un comunicado negando haber alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo y los sindicatos CCOO y UGT sobre el SMI y su actualización, lo que contradecía las propias palabras del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Para tratar de salir de la crisis, el ministro invitó al diálogo entre los agentes sociales, con el fin de solucionar un problema creado por él mismo. Pero, mientras que la patronal considera inaceptable una revisión automática del SMI según la inflación pasada, puesto que pondría en peligro el empleo y la competitividad de la economía española además de favorecer una "espiral inflacionista", los sindicatos consideran que este logro no es negociable y que la discusión sobre este asunto estaba cerrada. Se abrió así un segundo frente de crisis: el Gobierno demostraba su incapacidad para articular el diálogo social en la primera negociación de relevancia que se plantea en la presente legislatura.

Más allá de la génesis de esta doble crisis, es preciso realizar una reflexión rigurosa sobre los efectos que pueden tener la elevación y la indiciación del SMI en la economía española.

El salario mínimo interprofesional para 2005

Tras el último Consejo de Ministros de 2004, el SMI ha quedado fijado, para el año en curso, en 14 pagas de 513 euros cada una. Esta cantidad supone, aproximadamente, un 41% del coste salarial medio, según la medición de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE (1.461,46 euros mensuales en el tercer trimestre de 2004). La comparación con el salario mediano, más representativa dada la forma de la distribución de salarios, eleva el porcentaje hasta el 47% (el salario mediano era equivalente a doce mensualidades de 1.263 euros a finales de 2003).

En el último año, el Gobierno ha incrementado el SMI en 52 euros, ya que el salario fijado a principios de 2004 era de 460,50 euros. Estamos hablando, por tanto, de un incremento del 11%. Los argumentos para justificar tan elevado aumento han sido dos: por un lado, recuperar el supuesto poder adquisitivo perdido desde 1996 (calculado mediante la diferencia entre los incrementos de inflación acumulados durante dicho período y los aumentos del SMI). Y por otro, la insistencia desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acerca de la necesidad de aproximarse al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

Un aumento tan brusco del SMI ha provocado reacciones muy diversas, desde los que lo consideran una medida redistributiva en favor de los trabajadores sin efectos adversos hasta los que prevén graves consecuencias para nuestra economía. En el próximo epígrafe se analizan cinco fuentes potenciales de riesgo derivadas tanto del incremento del SMI como de su vinculación al índice de precios al consumo (IPC). Conceptualmente deberíamos distinguir entre estos dos efectos, sin embargo, el compromiso del Gobierno de elevar el SMI hasta los 600 euros al final de la legislatura oculta el problema de la indiciación durante este período, ya que los incrementos necesarios para alcanzar la cifra prometida superarán previsiblemente los del IPC. Será a partir de ese momento cuando el efecto de la indiciación se manifieste en toda su perversidad potencial.

Resulta llamativo, antes de iniciar el análisis, la falta de transparencia que caracteriza a este debate, al ni siquiera haberse hecho públicos los datos sobre los colectivos directamente afectados. El "apagón estadístico" gubernamental es, en este caso, mayúsculo.

Cinco manifestaciones del riesgo

La tentación del Gobierno de "jugar" a la distribución de rentas a través del SMI es grande, pues es un instrumento que le resulta barato. Pero este puede ser un enfoque "cortoplacista", puesto que la elevación del SMI tiene consecuencias en varias facetas de la economía. Nos podemos encontrar con un "efecto cantidad", es decir, alteraciones en el nivel de empleo de la economía, y con un "efecto precio", traslaciones de estos incrementos a salarios y precios, generando la espiral inflacionista tan temida por la mayoría de los analistas económicos, y sobre la que alerta la CEOE.

· Efectos sobre el empleo

En un mercado de trabajo competitivo la introducción de un salario mínimo superior al salario de equilibrio genera un exceso de oferta de trabajo y, por tanto, desempleo. La situación es especialmente dramática en los grupos laboralmente más "débiles" (jóvenes o trabajadores con baja cualificación, por ejemplo), que son los principales perjudicados de una medida que nace, precisamente, para protegerles. Estos son los argumentos que Walter Block enuncia, de forma profundamente descarnada, en la cita con la que comenzamos este artículo. Esta es la objeción más inmediata que siempre se ha achacado al establecimiento de un salario mínimo o al incremento de su cuantía. Sin embargo, no es ni la más nítida ni la más grave en el caso español.

De hecho, los estudios empíricos que han analizado los efectos sobre el empleo de la introducción de un salario mínimo no ofrecen unos resultados claramente concluyentes. La explicación de esta aparente paradoja empírica (a saber, que una elevación del salario mínimo no genera destrucción masiva de empleo) radica en que el mercado de trabajo no siempre es competitivo. En determinadas situaciones, en las que existen fricciones en el funcionamiento del mercado de trabajo, puede ocurrir que los trabajadores sean remunerados por debajo de su productividad marginal. Cuando esto sucede, existe un cierto margen que permite que una subida del salario mínimo no tenga efectos negativos sobre el empleo. Un caso típico es el de un monopsonio, en el que existe un único demandante de trabajo[i]. Esta es, no obstante, una estructura de mercado que no cabe, ni mucho menos, considerar generalizada.

La ausencia de un fenómeno generalizado de destrucción de empleo no implica que no pueda producirse un "efecto composición" negativo en el mercado laboral, tal y como documentan Newmark y Wascher (1995)[ii]. En este trabajo, centrado en el empleo juvenil, se pone de manifiesto que un aumento del salario mínimo incrementa la probabilidad de que los jóvenes abandonen sus estudios. Algunos de estos jóvenes no encuentran trabajo, lo que para los autores es evidencia de que "hay que hacer cola" para acceder a los empleos en los que se cobra el salario mínimo. Otros jóvenes sí encuentran trabajo, pero esto suele suceder a costa de trabajadores con más baja cualificación, que son desplazados del mercado de trabajo y ven incrementada su probabilidad de permanecer en el paro o en situación de inactividad.

Pese a que los efectos agregados sobre el empleo no tienen por qué resultar necesariamente de muy elevada magnitud entre los más jóvenes, estos autores destacan el cambio que se produce en la composición de la población activa. Los jóvenes con menores cualificaciones son los más perjudicados por las elevaciones en el salario mínimo, porque ven incrementada sustancialmente la probabilidad de perder su trabajo puesto que pueden ser sustituidos por trabajadores de mayor formación.

Existe, por tanto, pleno fundamento económico –tanto teórico como empírico– para prever efectos adversos sobre el empleo juvenil y sobre los trabajadores menos cualificados, de la subida del salario mínimo. De hecho, esa es la conclusión a la que llega el Banco de España en su último informe trimestral sobre la economía española[iii], donde se muestra una postura bastante crítica con la reforma del SMI realizada por el Gobierno. En este informe menciona que "no cabe descartar que revalorizaciones cuantiosas del SMI puedan incidir negativamente sobre las posibilidades de empleo de estos colectivos de trabajadores (trabajadores con productividad más reducida) y afectar a la capacidad de la economía española para mantener el actual proceso de intensa creación de puestos de trabajo".

La oportunidad de esta medida resulta especialmente cuestionable justamente cuando se inicia un proceso de regularización de inmigrantes, un colectivo que parcialmente reúne las características de riesgo de exclusión laboral como consecuencia de la subida del salario mínimo. Para algunos inmigrantes, por su escasa cualificación (asimilable a la mano de obra bruta de tipo ricardiano), el riesgo es especialmente elevado. Una consecuencia probable del incremento del salario mínimo es la permanencia en situación irregular en la "economía sumergida". Justamente lo contrario de lo que se trata de conseguir.

A lo anterior se une que esta medida entra en completa contradicción con la Estrategia de Lisboa, al incrementar de forma clara los riesgos de exclusión laboral y social de los colectivos con menores posibilidades de acceso a un empleo.

El Gobierno no ha considerado alternativas sensatas para evitar estos riesgos, como la creación de salarios mínimos diferenciados en función del nivel de cualificación y productividad.

· Efectos sobre la distribución salarial

Existe una amplia literatura que documenta empíricamente una predicción teórica: la elevación del SMI provoca compresión de la distribución de salarios. Los estudios de Machin, Manning y Rahman (2002)[iv] y de Dickens, Machin y Manning (1999)[v] son ejemplos de esta literatura. En ambos casos se comprueba que la introducción del salario mínimo en el Reino Unido, en 1999, generó una sustancial compresión salarial en la parte baja de la distribución de salarios.

Una compresión de la estructura de salarios, sobre todo en la parte baja de la distribución, entre otros aspectos negativos, desincentiva la acumulación de capital humano y rompe con los incentivos de los trabajadores menos cualificados a incrementar su formación.

De nuevo salta a la luz la contradicción de esta medida con uno de los ejes de la Estrategia de Lisboa: el incremento de la formación de los trabajadores (la acumulación de conocimiento, de capital humano) para propiciar más empleos y de mejor calidad.

· Efecto "desplazamiento" en la negociación colectiva

La elevación del SMI provocará presiones al alza en la negociación de los convenios colectivos, desplazándose el aumento del SMI a toda la escala de salarios. Este es uno de los efectos más peligrosos que puede generar la fuerte elevación del SMI y la indiciación del mismo al IPC, tal y como han puesto de manifiesto tanto el Banco de España y la patronal como numerosos estudiosos de la materia.

La elevación del SMI no afectaría, por tanto, solamente al colectivo que lo percibe, sino realmente a todo el colectivo laboral, con incidencia variable en función del sector, de la categoría laboral y de la posición en el abanico salarial.

El SMI es el umbral de referencia en la negociación de muchos convenios colectivos, pues los salarios base están referenciados, implícita o explícitamente, al SMI. No puede olvidarse, además, que el SMI representa más del 70% del salario medio de los trabajadores no cualificados en los servicios, por lo que la referencia de aquél siempre es relevante a la hora de negociar las demandas salariales de estos grupos profesionales. De hecho, existe ya evidencia de que la amenaza del "efecto desplazamiento" se esta materializando en la negociación colectiva, puesto que los sindicatos están ya negociando subidas de los salarios base de convenios de acuerdo al incremento que ya ha experimentado el SMI en el último año. Muchos convenios sectoriales se están viendo ya afectados por el incremento del SMI en un buen número de categorías profesionales.

· Efectos sobre otros mínimos sociales

Hasta la reforma del SMI del pasado mes de junio, éste servía de referencia de numerosas prestaciones sociales, desde pensiones asistenciales hasta el acceso a viviendas protegidas. La reforma supuso, entre otros aspectos, la creación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), cuya evolución queda en principio desligada de la seguida por el SMI, y que se convierte, desde ese momento, en el indicador de referencia para un gran conjunto de prestaciones sociales. La cuantía del IPREM para 2005 se ha fijado en 469,80 euros mensuales y su actualización, de momento, está prevista que se produzca según el objetivo de inflación fijado por el Gobierno en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. La crítica fundamental que podemos hacer radica en el escepticismo que provoca la creación de una multiplicidad de indicadores de referencia en materia social, SMI e IPREM, con cuantías y sistemas de actualización distintos, lo que provocará, en poco tiempo, la aparición de una brecha importante en las cuantías de ambos.

Esta asimetría es difícil de asumir socialmente y no tardarán en oírse voces que aboguen por el cierre de la brecha entre ambos indicadores. El resultado final será, por tanto, el crecimiento del IPREM al ritmo del SMI, aunque el Gobierno puso de manifiesto inicialmente que esto no debía ser así. Las presiones para la igualación de las cuantías de ambos indicadores no son una ficción. De hecho, ya en su origen, en la negociación con los agentes sociales, se planteó la posibilidad de la actualización del IPREM de acuerdo con la inflación pasada. Parece claro que antes o después las presiones para materializar esa actualización se harán realidad. Y cuanto mayor sea la brecha entre SMI e IPREM, mayor será la dificultad de un Gobierno para mantenerse firme en la negociación. Corremos un riesgo evidente de un "efecto contagio" de la indiciación de todos los mínimos sociales.

· Efectos sobre la inflación y la competitividad

El fuerte crecimiento del SMI y su indiciación, vinculando su crecimiento a la inflación pasada, generará tensiones inflacionistas por varias razones, algunas ya mencionadas: por el efecto desplazamiento a través de los niveles más bajos de la escala salarial, por el efecto contagio del IPREM y por las mayores cotizaciones sociales que los empresarios tendrán que pagar a la Seguridad Social al ser mayores los salarios.

Además, en determinadas actividades, sobre todo dentro del sector servicios, que se verán muy afectadas por la elevación del SMI, la posibilidad de trasladar los incrementos de costes directamente al consumidor vía precios es bastante inmediata. La indiciación, tal y como señala el Banco de España, supondrá una "restricción adicional a la flexibilidad de la economía" y "refuerza la inercia inflacionista de la economía". En un contexto como el actual, en el que la política económica del Gobierno se ha traducido en un incremento del diferencial de inflación con la Unión Económica y Monetaria (UEM) a un nivel superior al 1%, las nuevas tensiones inflacionistas mermarán aún más la competitividad de nuestra economía y dificultarán la corrección del lastre a nuestro crecimiento que supone, en estos últimos trimestres, el sector exterior, cuyo vertiginoso desequilibrio alcanza el dudoso honor de ser actualmente el segundo más alto del mundo y que está restando dos puntos de crecimiento al PIB.

Conclusiones

El Gobierno ha dado muestras, una vez más, de no contar con una línea definida de política económica. La reforma del SMI es un ejemplo de una reforma poco evaluada y que se hace coincidir en el tiempo con un proceso de regularización masiva de inmigrantes, cuyas consecuencias distan mucho de haberse estimado convenientemente. Más allá del incremento del SMI, la decisión de indiciar éste u otros salarios a la inflación pasada supone un retroceso de 26 años. Supone volver a la dinámica previa a los "Pactos de la Moncloa" de 1977, con salarios indiciados de forma retroactiva a precios, y con desprecio a la evolución de la productividad. Un error mayúsculo de política económica.

La interrelación entre ambas reformas, subida del SMI y regularización de un millón de inmigrantes, tiene unas ramificaciones que hoy día son desconocidas, más aún cuando todavía no hemos vivido ningún cambio de ciclo con un porcentaje de población inmigrante residente en España tan elevado como el que tenemos en la actualidad. Los riesgos de la decisión de elevar fuertemente la cuantía del SMI y de ligar su evolución al IPC son, sobre todo, riesgos sobre precios y salarios en nuestra economía, y, por tanto, sobre la competitividad de la misma. El traslado de las subidas a la negociación colectiva (el efecto "desplazamiento") o las presiones en el futuro para equiparar el IPREM al SMI, son algunos de los efectos preocupantes que creemos que no se han tenido en cuenta al plantear esta reforma.

Tampoco se han considerado medidas como salarios mínimos diferenciados, estableciendo salarios mínimos especiales para los colectivos con mayor riesgo de verse afectados por el desempleo. Además, la reforma se ha llevado a cabo de una forma tan desafortunada que se ha roto el diálogo social. Precisamente cuando éste resultaría imprescindible para abordar una serie de reformas del mercado de trabajo mucho más urgentes y necesarias para mejorar el funcionamiento de nuestra economía. Haber puesto el énfasis en la subida del salario mínimo supone confundir por completo las necesidades de reforma del mercado laboral.

La reforma de la negociación colectiva, de los costes de despido, o la configuración de un sistema más eficiente y racional de prestaciones por desempleo son ejemplos de reformas mucho más ambiciosas y delicadas, para las que resulta imprescindible contar con el diálogo social, diálogo que el Gobierno ha dilapidado a las primeras de cambio.

Fuente: FAES

// OTROS TEMAS QUE TE PUEDEN INTERESAR

// EN PORTADA

// LO MÁS LEÍDO

// MÁS DEL AUTOR/A

No se encontraron resultados

Menú