Los grupos parlamentarios de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso pidieron ayer al Ejecutivo que gestione en próximos años con más países la eliminación de sus respectivas deudas externas, ya que el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) para el año 2005 sólo recoge este tipo de actuación con Ecuador.

Indemnizarán a cooperantes que fallezcan por causa no natural
El dictamen del Plan Anual de Cooperación Internacional 2005 fue aprobado hoy
por unanimidad en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
con un texto consensuado por todos los grupos.

En el texto aprobado, un
dictamen de diez puntos, se hace hincapié en que la reforma, evaluación e
integración del de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) sigue siendo ´una de
las asignaturas pendientes del sistema de cooperación´.

Los grupos
parlamentarios de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
del Congreso pidieron ayer al Ejecutivo que gestione en próximos años con más
países la eliminación de sus respectivas deudas externas, ya que el Plan Anual
de Cooperación Internacional (PACI) para el año 2005 sólo recoge este tipo de
actuación con Ecuador.

El PACI es el dictamen que desarrolla los
objetivos, prioridades y criterios de la asignación de ayuda española al plan
director de la cooperación española que se ha establecido para el período
2005-2008.

El Gobierno lo aprobó el pasado 8 de abril y ayer recibió el
respaldo de todos los grupos de la citada comisión, que acordaron un texto de
consenso sobre este dictamen. En primer lugar, consideran que en el futuro sería
positivo que se hiciera “un mayor esfuerzo” en el desglose de cifras de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD).

Asimismo, estiman que el PACI de este año
no contiene “suficientes compromisos” en materia de gestión activa de la deuda
externa de los países altamente endeudados. Por ello, señalan que los PACI
siguientes deberán contemplar más número de operaciones como la que figura en
Ecuador, “como ejemplo de modelo a seguir a la hora de planificar y coordinar”
el sistema español de cooperación.

En opinión de los grupos
parlamentarios del Congreso, la evaluación, reforma e integración del
instrumento FAD sigue siendo una de las “asignaturas pendientes” del sistema de
cooperación. Pese a ello, reconocen que el PACI de este año contiene ya algunas
previsiones concretas de créditos FAD, tanto geográfica como
sectorialmente.

Además, los grupos apoyan una reforma de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) al ser una cuestión aún pendiente
de “máxima importancia”. A su juicio, los criterios que deben regir la reforma
deberán basarse en la profesionalidad y la objetividad de la acción de la
AECI.

Por otro lado, consideran que es necesario hacer mayores esfuerzos
económicos en el campo de las aportaciones y la transparencia a los organismos
internacionales no financieros, en línea con el PACI, donde se subraya la
importancia de los mecanismos multilaterales de desarrollo.

El PACI 2005
concreta la concentración de la ayuda hacia los países prioritarios en un 70 por
ciento de la AOD bilateral. Sin embargo, estiman que es deseable en el futuro
una mayor concentración en las áreas geográficas prioritarias.


Estatuto del
Cooperante

La Comisión de Cooperación Internacional para
el Desarrollo en el Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una
proposición no de ley presentada por Convergència Democràtica de Catalunya (CiU)
en la que se insta al Gobierno a incorporar en el marco del futuro Estatuto del
Cooperante, pendiente de aprobación, el establecimiento de indemnizaciones a
aquellos cooperantes y misioneros que fallezcan por causa no natural en el
transcurso de operaciones de paz.

El portavoz de CiU en la citada
comisión, Carles Campuzano, recalcó en su intervención que con esta propuesta se
pretende “hacer justicia” y subsanar el “olvido inaceptable” que la actual
legislación hace de los cooperantes y misioneros fallecidos o heridos en
operaciones internacionales de paz.

Un real decreto aprobado por el
Congreso en diciembre de 2004 establece un sistema de indemnizaciones en los
supuestos de muerte o daños físicos o psíquicos para militares, miembros de las
Fuerzas Armadas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, y personal de servicio de
la Administración Pública.

Asimismo, se incluye en este apartado a
ciudadanos integrados en un programa o acción desarrollada por organizaciones no
gubernamentales y periodistas con motivo de su participación en una operación de
mantenimiento de paz, asistencia humanitaria o en otras de carácter
internacional que hayan sido aprobadas por el Gobierno a estos efectos.


De esta forma, se excluye de la lista de beneficiarios a cooperantes y
misioneros, que no pueden reclamar las citadas indemnizaciones. Por ello, el
diputado convergente consideró que este hecho “debe subsanarse de inmediato”.


Campuzano advirtió de que espera que el Gobierno proceda a aprobar de
“manera inmediata” dicho Estatuto del Cooperante y que esta vía no suponga una
fórmula para “dilatar la solución al problema” actual por el que misioneros y
cooperantes están excluidos del régimen de indemnizaciones que el Ejecutivo
destina a los afectados que participen en operaciones internacionales de paz.


Por último recordó a algunos de los cooperantes y misioneros fallecidos
entre 1994 y 2002, entre ellos los misioneros Joaquim Vallmajó (Figueres), los
hermanos maristas Servando Mayor (Burgos), Julio Rodríguez (Valladolid), Miguel
Ángel Isla (Burgos) y Fernando de la Fuente (Burgos); los miembros de Médicos
del Mundo Maria Flors Sirera (Lleida), Manuel Madrazo (Sevilla) y Luis Valtueña
(Madrid); así como el sacerdote y misionero vasco Isidro Uzcudun (Donosti) y el
misionero vasco José Ramon Amunarriz (Irún).