El Sistema de Integración Centroamericana, del que forma parte la CCJ, pasa por malos momentos por problemas económicos y numerosos casos de corrupción.

CENTROAMÉRICA COMO REGIÓN
La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) forma parte de los organismos del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que los presidentes de Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá acordaron constituir en
1991, en el tratado de Tegucigalpa, para fortalecer sus vínculos jurídicos y
resolver controversias.

Sin embargo, no fue hasta 1994 cuando se pudo
constituir dicha Corte con la participación de Nicaragua, Honduras y El
Salvador, debido a que los Congresos de Costa Rica, Guatemala y Panamá se niegan
a ratificar el tratado marco que le dio vida al organismo.

Pero además
de problemas de índole político, la CCJ sufre también de males no menos graves
para su preservación: los económicos. Según se fijó en su acta constitutiva, su
sostenimiento se hace con una contribución de medio millón de dólares que cada
país miembro debe destinar anualmente de su presupuesto nacional para que el
organismo pueda funcionar.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. El
organismo enfrenta serias limitaciones económicas, debido a que Nicaragua lleva
tres años sin pagar su cuota y Honduras retiró recientemente su apoyo económico,
con una deuda de dos años. Tan sólo El Salvador cumple con sus obligaciones
pudiendo afirmarse que el CCJ vive gracias a la seriedad de dicho país.


En medio de todas esas limitaciones económicas y con importantes
proyectos de reforma en espera, el magistrado hondureño Adolfo León Gómez asumió
ayer martes la Presidencia de la Corte por un período de un año.

Gómez
sustituyó en el cargo al magistrado salvadoreño Jorge Antonio Giammattei en un
acto oficial efectuado en la sede del organismo en Managua, confirmó un portavoz
de la CCJ.

Los presidentes de la región se proponen reformar las
funciones de la Corte y reducir sus gastos en el marco de las reformas que se
proponen realizar a los organismos del Sica.

Panorama Centroamericano

En general, la mayor
parte de los organismos centroamericanos supranacionales están atravesando por
profundas crisis. Organismos como el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la
misma Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), siguen cojeando porque aún no se
han incorporado todos los países. Por ejemplo, el pasado 6 de septiembre, el
presidente de Honduras, Ricardo Maduro, pidió al congreso de su país suspender
los aportes de Honduras al Parlacen a partir del 2005, por considerarlo una
institución “innecesaria”.

En lo económico, en los últimos años los
centroamericanos han tenido un significativo crecimiento en materia de turismo y
la industria de la maquila.

También han aumentado las remesas que envían
más de un millón de centroamericanos que viven en EEUU, con más de 4.000
millones de dólares al año, con lo que se sostienen las débiles economías de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

De los cinco países, el de
mayor estabilidad política y social es Costa Rica, con un siglo de democracia y
una pobreza que afecta al 18,6% de sus 4,1 millones de habitantes, mientras que
la deuda exterior suma 3.854 millones de dólares.

Guatemala, con 11,2
millones de habitantes, de los que el 60,4 son pobres, adeuda unos 3.467,2
millones de dólares. Volvió a la democracia en 1986.

El Salvador, tiene
6,5 millones de habitantes y su deuda asciende a 3.751,3 millones de dólares.
Los pobres suman el 43%.

Después de 50 años de gobernantes militares, El
Salvador conoció de elecciones libres en marzo de 1984.

Nicaragua tiene
5,5 millones de habitantes, de los que el 46% son pobres. Volvió a la senda
democrática en febrero de 1990 y su deuda exterior es de 2.965 millones de
dólares.

Honduras, con siete millones de habitantes, retornó a la
democracia en enero de 1982, más del 60% de su población es pobre y su deuda
exterior supera los 5.000 millones de dólares.