La Presidencia irlandesa presentó ayer por la tarde una última propuesta de reparto de poder para tratar de desbloquear las conversaciones.

CONSEJO DE EUROPA
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asiste hoy en Bruselas al que será su primer Consejo Europeo. Este evento afronta una cita decisiva para el futuro político de una Unión Europea ampliada, que quiere dotarse de su primera Constitución. Zapatero acude a la Cumbre con la intención de arrancar un buen acuerdo para que España no pierda poder en la nueva arquitectura europea, pero sin ánimo de bloqueo.

“España acudirá consciente de sus responsabilidades, con espíritu constructivo e impulsando compromisos en la búsqueda del bien común europeo, que es compatible con la firme defensa de los intereses nacionales”, adelantó el presidente en el Congreso de los Diputados durante una sesión destinada a recabar el apoyo de las fuerzas políticas españolas ante la difícil negociación que se abrirá a partir de este viernes en Bruselas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veinticinco tienen ante sí el reto de dar a luz un Tratado constitucional que reivindique el espíritu europeo tras el decepcionante índice de participación registrado en las recientes elecciones al Parlamento Europeo.

El obstáculo del reparto de poder

Como viene ocurriendo en las últimas reuniones del Consejo, el asunto del reparto de poder sigue siendo determinante para alcanzar un acuerdo. El Ejecutivo socialista, rompiendo la línea de negociación mantenida por España hasta entonces, aceptó la fórmula de la doble mayoría para la toma de decisiones, con el fin de salir del atasco en que estaban las conversaciones. Ahora, España propone elevar hasta el 66,6% el porcentaje de población para combinar la mayoría de Estados y dos tercios de la población.

Ayer por la tarde, la presidencia irlandesa propuso elevar los umbrales de las decisiones por doble mayoría previstos inicialmente al 55% para los estados miembros, y al 65% para la población. El borrador inicial del tratado constitucional fijaba esos umbrales en el 50 y 60% respectivamente.

Con esto, la Presidencia irlandesa pretende conciliar las posturas de quienes defienden la posición inicial, como Alemania y Francia, y quienes se oponen a esta fórmula porque limita su influencia con respecto al Tratado de Niza, es decir, España y Polonia.

Las peticiones españolas se completan con la exigencia de un mecanismo para que sean necesarios al menos cuatro Estados miembros para bloquear una decisión y la recuperación de algunos de los 14 eurodiputados que España perdió en el reparto de poder establecido en la Cumbre de Niza de 2000. En el resto de cuestiones institucionales, la posición española no parece que vaya a ser especialmente beligerante.

Los otros asuntos

Así, en cuanto a la composición de la Comisión, España cree que el consenso se podría conseguir en torno a una Comisión amplia, con un comisario por Estado miembro, hasta el 2014. A partir de entonces, se pasaría a una Comisión más reducida con unos 18 comisarios y con un sistema de rotación igualitario.

España es también una firme defensora de ampliar el ámbito de la mayoría cualificada a los asuntos de Justicia e Interior, los aspectos sociales y la economía, donde el Gobierno desea una intervención institucional más activa de la Comisión y una mayor coordinación de las políticas de los Estados miembros.