La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al ex presidente de Perú Alberto Fujimori a seis años de prisión en un juicio por escuchas ilegales, pagos a congresistas y la compra de una cadena de televisión. La pena es menor a la que se esperaba y el ex mandatario se declaró culpable en los casos conocidos como “interceptación telefónica”, “congresistas tránsfugas” y “medios de comunicación” para evitar una mayor exposición a los medios.
Se suman a 25 impuestos por otros casos
Para Alberto Fujimori, que se mantuvo en el poder entre 1990 y 2000, este era su cuarto juicio. En este proceso, la Fiscalía acusó al ex presidente de Perú por los delitos de peculado contra la administración pública, contra la libertad y la violación del secreto de las comunicaciones. El juicio oral, a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por Cesar San Martín, se celebró en la sede judicial de la Dirección de Operaciones Especiales, en Lima.
El pasado mes de abril, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión al ser declarado responsable de la muerte de 25 personas entre los años 1991 y 1992, en las conocidas masacres de Barrios Altos y La Cantuta. A finales de 2007, la Sala Penal Especial había dictado una pena privativa de libertad de seis años contra el ex gobernante por el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinidad Becerra, ex esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos.
En esta ocasión, la Fiscalía pidió una condena de ocho años de cárcel, dos más de los que le han sido impuestos. El ministerio público sostuvo que el ex mandatario dio su aprobación a los organismos de inteligencia de Perú para realizar las interceptaciones ilegales a un grupo de personas que habían mostrado su desacuerdo con el gobierno. En el caso “medios de comunicación”, la denuncia de la Fiscalía destacaba que el acusado presuntamente se aprovechó de su posición como presidente y emprendió algunas acciones con el fin de controlar los medios locales y poder conseguir así su reelección
Pero una de las acusaciones más graves era la del caso de los “congresistas tránsfugas”. La acusación asegura que Fujimori ordenó el reclutamiento de legisladores dentro del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), los servicios secretos, a quienes pagó altas sumas de dinero, informó la prensa local.
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