Las maniobras rozan lo grotesco. La más sencilla ha sido la de cambiar, lisa y llanamente, los precios encuestados por los precios “sugeridos” por la Secretaría de Comercio.

Ricardo Lafferriere
Las investigaciones judiciales sobre la manipulación de las estadísticas oficiales prosigue sacando a la luz, día tras día, los mecanismos utilizados para “controlar la inflación”, cambiando las cifras de precios al consumidor encuestadas en el mercado en aquellos productos que según el criterio del Secretario de Comercio, no merecen estar en la lista.

Las maniobras rozan lo grotesco. La más sencilla ha sido la de cambiar, lisa y llanamente, los precios encuestados por los precios “sugeridos” por la Secretaría de Comercio. En otros casos, el propio Secretario de Comercio decidió limitar el incremento estadísticamente autorizado para determinados precios, y las autoridades políticas por él designadas en el INDEC para reemplazar los técnicos de carrera se encargaron de aplicar esa limitación en la información publicada.

El tema, como ya lo hemos dicho, no es menor. Además de dejar sin estadísticas confiables al país, una limitación en el incremento del índice de precios al consumidor falsea, en cadena, otros índices, como el de pobreza y el de indigencia.

Obviamente, si los precios reales no son los publicados, el “corte” para la consideración de pobreza e indigencia disimula que la cifra de pobres e indigentes se incrementa en varios cientos de miles de personas, que para la estadística oficial ya no merecerán los –escasos- beneficios que tal declaración supone. Y, de paso, también ayuda a la publicidad oficial al difundir falsos logros.

El sofisma se completa con las afirmaciones del presidente y del Jefe de Gabinete de Ministros condenando como infames neoliberales al servicio de los acreedores a quienes “quieren que la inflación suba, para pagar más intereses a los titulares de los bonos públicos”. Sólo sin conferencias de prensa ni debate parlamentario puede expresarse un desvarío de tal naturaleza, que pretende desviar la denuncia sobre la falsificación del termómetro hacia la falsa intención de que exista una enfermedad. Otro grotesco, que puede confundir a los pocos dispuestos “intelectuales progresistas” que le quedan a la escena oficial deseosos de ser convencidos, pero que no engañará a los acreedores, que ya hablan, en el país y en el mundo, de un nuevo “default”, esta vez producido por el mismo gobierno que emitió las obligaciones que hoy se reducen por la sola decisión del deudor. Olvidan que será a esos mismos acreedores a los que deberán recurrir el año que viene para conseguir los Ocho mil quinientos millones de dólares de obligaciones que vencen y no cuentan aún con programa financiero… salvo que se esté pensando en repetir el alegre default del 2002 o volver con la cabeza gacha a pedir ayuda al condenado FMI.

Mientras esto ocurre, el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos nos alerta, a través de otro índice no manipulado, que los precios mayoristas han sufrido un incremento, en lo que va del año, superior al Diez por ciento (10 %), con un ritmo que, anualizado, supera ya el Veinticinco por ciento (25 %). El incremento de precios mayoristas resta competitividad a la economía –afectando el superávit comercial, uno de los invocados “fundamentos” del programa económico- y adelanta la evolución de los precios al consumidor. Y el crecimiento descomunal del gasto público, del 50 % interanual, afecta el otro soporte, el del superávit fiscal primario, prácticamente desaparecido.

A pesar de estos dos elementos fuertemente conflictivos –la manipulación de los índices al consumidor, y el crecimiento de precios mayoristas- que indican el crecimiento de la inflación a niveles no inferiores al Veinte por ciento (20 %) promedio (el Treinta por ciento (30 %) si no se promedian con las tarifas congeladas), el gobierno ha resuelto, por un simple decreto, elevar el presupuesto nacional en el 12,6 % con respecto al sancionado por el Congreso. Ello significa que, a dos meses de las elecciones nacionales, ha resuelto gastar el equivalente a Cinco mil millones de dólares por encima de lo autorizado, en partidas concentradas en reparticiones y funciones que no deben rendir cuentas, como los fideicomisos y las transferencias a las empresas prestadoras de servicios públicos con tarifas congeladas.

Obviamente, si alguna duda cabía sobre la reacción del gobierno frente a la creciente inflación, esta decisión es una señal del rumbo que tomará, en lo económico y en lo político.

En lo económico, porque está claro que seguirá el camino ya ensayado en el país (recordemos el gobierno de Isabel Perón, en 1975/76) de incrementar el gasto público para contener las presiones sectoriales, aunque el producto no lo permita, profundizando el descontrol inflacionario. En lo político, porque sigue en el camino de ignorar la norma republicana básica, desde la Carta Magna, de que los ingresos y gastos del Estado deben ser aprobados por el parlamento.

Triste regresión de la democracia argentina, que acerca aún más el estilo kirchnerista al mecanismo populista-autoritario del chavismo.

Fuerte llamado de atención a la oposición política, que con su dificultad para recíprocos acercamientos –a pesar de tener propuestas prácticamente idénticas- permite que un aparato clientelista retrógrado que apenas llega al 35 % de intención de voto en encuestas imparciales, pueda seguir destrozando la democracia que tanto costó reconstruir.