En este informe, el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Juan Manuel Carmona, da cuenta de como es la costumbre, e incluso algunos casos puntuales, que implican violencias específicas a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela por hechos que competen exclusivamente a la represión del Estado.

Democracia
Señores Delegados:

Se celebra esta Reunión de Medio Año en
circunstancias que no podrían ser más graves y gravosas para el ejercicio de la
libertad de expresión y de prensa en Venezuela; y, de suyo, en un momento en que
nuestras libertades democráticas menguan aceleradamente y se compromete,
incluso, nuestra paz como nación. Y no exageramos al afirmar esto.

Luego
de que el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, superara durante el pasado año
el referéndum revocatorio de su mandato y se hiciera de la casi totalidad de los
gobiernos regionales y municipales del país, en procesos eleccionarios cuyas
gravísimas irregularidades tardíamente confesaran el Centro Carter y la OEA en
sus informes respectivos, decidió el mandatario cumplir con sus amenazas – a
pesar de las prevenciones realizadas al respecto por la misma OEA, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones como America´s Watch – al
decidir, finalmente, el asalto al Poder Judicial, la proscripción y castigo
penal de la disidencia de opinión, el control de los contenidos de todas las
programaciones que transmite la red privada de radio y de televisión.


Así, con una mayoría simple – por ende inconstitucional – reunida por
los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional, fue aprobada la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, que eleva desde 20 hasta 32 el número de los
magistrados de dicho alto tribunal; y, con el voto de la misma e írrita mayoría
oficialista, fueron designados los nuevos magistrados sin mediar concursos de
credenciales, omitiéndose la norma constitucional sobre participación ciudadana,
con lo cual se benefició de manera grosera y abierta a militantes probados de la
Revolución.

El Magistrado elegido como nuevo Presidente del supremo
tribunal, al inaugurarse en sus funciones despejó cualquier duda sobre la
independencia de sus decisiones o sentencias, del género que fuesen, señalando,
sin rubor, que estarían supeditadas a su condición de revolucionario y de
militante comunista; y precisando, por si fuese poco y como criterio de lo que
será su conducta pública, que “los medios de comunicación y periodistas deben
estar al servicio de la verdad y sólo de la verdad” y que “todo juez que emita
juicio en contra de los principios revolucionarios, será destituido y anulada su
sentencia”.

A la par, otro de los magistrados, a inicios del año
judicial en curso, expresó públicamente que:

“Tan sancionable es la
conducta del agente de orden público que abusa de su arma de reglamento y con
ella quita la vida injustificadamente a un ciudadano, como el periodista que a
través del micrófono o con la máquina impresora agrede, ofende, difama o agravia
a un ciudadano que cumple una función dentro del Estado. En ambos casos – según
él – se viola una norma y por ello se comete un delito; en ambos casos –
adiciona el magistrado – los actores de semejantes conductas son unos
delincuentes”.

“La nueva realidad de la patria impone concebir un nuevo
juez o jueza cuyo perfil se acople a la nueva estructura institucional… sin
que desmaye ante presiones externas, como muchas veces sucede con los medios de
comunicación social cuando éstos crean una matriz de opinión contraria a la
verdad procesal, exponiendo al funcionario al escarnio público…”. “Que se
aplique un sistema de justicia donde los jueces y juezas actúen de acuerdo a la
justicia bolivariana” . “Quienes no se sientan identificados con ese proyecto de
rescate de la Justicia, deben darse de baja”, finaliza diciendo este magistrado
del Tribunal Supremo, designado por obra de la novísima Ley Orgánica mencionada.


Más luego, la Asamblea Nacional, otra vez con el voto de la mayoría
simple de diputados gubernamentales, decidió aprobar la conocida por Uds. y muy
cuestionada Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión o Ley Mordaza:
que estatiza de hecho el sistema de radio y de televisión privado, controlando
sus horarios y programas, en modo tal que el Gobierno cumpla su propósito real,
antes oculto, justo el que animó la redacción de la ley y que hoy ha revelado el
Presidente Chávez, cuando comentó el objeto de su Nueva Política Comunicacional:


“Divulgar y contribuir a la formación e identificación de la población
con los valores, ética e ideología de la Revolución bolivariana. Desarrollar
[una] estrategia de divulgación e información hacia los EEUU para neutralizar
elementos de acción imperial contra Venezuela. [Y] educar a la población en los
principios militares de disciplina, amor a la patria, y obediencia”.

Por
obra y consecuencia de la mencionada Ley de Contenidos, el Estado no sólo podrá
“expropiar” los tiempos de transmisión para disponerlos a su servicio, sino que,
sin mediación judicial y por razones alegadas de seguridad nacional, también
podrá suspender cualquier programa de radio y de televisión: sin mengua de las
sanciones administrativas, civiles y penales que puedan recaer sobre los
responsables de atentar contra la misma en lo particular, como medios
respectivos y de los periodistas a su servicio.

Finalmente, aprobó
igualmente la Asamblea una reforma de la legislación penal sustantiva, para
trasladar los efectos punitivos de su señalada Ley Mordaza, hacia la prensa
escrita y hacia todo aquel ciudadano que opine y disienta del credo de la
Revolución.

La reforma del Código Penal, en efecto, no sólo consagra en
su mayor amplitud las conocidas “leyes de desacato”; antes bien y por sobre
“criminaliza” la disidencia política y de opinión.

Dos artículos del
texto de esta ley de reforma son más que suficientes para ilustrar ante Uds.
cuanto decimos:

“Artículo 297 A. Todo individuo que por medio de
informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo,
telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, pretenda causar o
efectivamente cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será
castigado con prisión de dos a cinco años. [Omissis].”

“Artículo 508.
Todo el que, con gritos o vociferaciones, con abuso de campanas u otros
instrumentos, o valiéndose de ejercicios o medios ruidosos, haya perturbado las
reuniones públicas, o las ocupaciones o reposo de los ciudadanos, será penado
con arresto de hasta por un mes y con multa hasta de cien unidades tributarias,
aumentándose de uno a dos meses de arresto y multa de doscientas unidades
tributarias en el caso de reincidencia en la misma infracción.

Si el
hecho ha sido cometido contra la persona del Vicepresidente Ejecutivo de la
República, de algunos de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
[omissis], miembros de la Asamblea Nacional, de los Consejos Legislativos de los
estados, [omissis], podrá imponerse arresto de tres a cuatro meses y la multa
podrá ser de hasta 500 Unidades Tributarias”.

El Bloque de Prensa
Venezolano , organización que agrupa en su seno a la mayoría de los medios
impresos nacionales protestò públicamente estas leyes, por violatorias de los
derechos humanos y de la esencia misma de la democracia y que,
indefectiblemente, potencian la autocensura y la liquidación definitiva de la
libertad de expresión.

Es este, pues, sin distorsiones, el marco dentro
del que opera la llamada “democracia bolivariana, participativa y protagónica y
Estado de Derecho y de Justicia” que tanto vende hacia el extranjero su artífice
principal: Hugo Chávez. Y es este el marco que sujeta nuestro ejercicio de la
libertad de expresión y de prensa.

No huelga señalar que el Gobierno
seguirá diciendo que no ha cerrado medios en Venezuela. Y es que no necesita, de
suyo, cerrarlos; dada la castración a que los ha sometido en el ejercicio de sus
responsabilidades sociales de comunicación e información, usando para ello de
las formas legales, pero vaciándolas previamente de todo contenido democrático.
La SIP ha mostrado su preocupación ante estas circunstancias y que explican las
visitas repetidas de sus autoridades a Venezuela, entre éstas, el Presidente de
nuestra Sociedad, Dr. Alejandro Miró Quesada, a quien los editores venezolanos
le estamos eternamente agradecidos.

Antes de enunciarles, como es
costumbre, los casos particulares sobre violación al derecho a la libertad de
expresión y de prensa más reciente, permítasenos informarles con crudeza y con
apoyo en documentos oficiales del propio Gobierno venezolano, sobre el panorama
todavía más grave que nos espera, a los venezolanos y a los demás países del
Hemisferio. Y es nuestra obligación contarles esto, pues uno de los deberes
fundamentales y históricos de la prensa es el ejercicio del control del poder en
sus desafueros y desviaciones mediante una oportuna información a la opinión
pública, y en nuestro caso sin concesiones en defensa de los principios
contenidos en la Declaración de Chapultepec.

Luego de unas jornadas
organizadas por la Presidencia de la República y realizadas entre los días 12 y
13 de noviembre del pasado año, el Presidente Chávez expuso ante sus seguidores
y ante oficiales generales, superiores y subalternos de la FF.AA., las líneas
maestras de La Nueva Etapa, La Nueva Estrategia de su revolución: Que implica el
tránsito desde la fase en curso, de consolidación interna, hacia otra fase de
confrontación externa y de exportación de la revolución.

En cuanto a la
consolidación de su poder interno, el Jefe de Estado venezolano anunció la
creación, con apoyo de las misiones cubanas, de Unidades de Batalla Endógena
para el control social y popular de la misma población. Asimismo, ordenó, en
términos exactos, perseguir y hostigar a los opositores para impedir que se
reorganicen. Y la razón de ello huelga. Las palabras del Presidente son más que
reveladoras:

“Si no hubiésemos hecho la cedulación” [recordemos aquí la
denuncia sobre la cedulación como venezolanos dispuesta por el Gobierno de
Chávez y que beneficio a 500.000 colombianos residentes en la frontera, entre
ellos a los miembros de las FARC y del ELN, quienes votaron durante el
referéndum revocatorio presidencial]; “si no hubiésemos hecho la cedulación –
repito las palabras de Chávez – hasta el referéndum revocatorio lo hubiésemos
perdido, porque esta gente [la oposición] sacó 4 millones de votos”. “Y fue
cuando empecé a pedirle apoyo a Fidel… – agrega Chávez – y él me dijo: Si algo
sé yo es de eso, cuenta con todo mi apoyo”.

En el ámbito de lo económico
y del control popular sobre la sociedad, el mensaje de Chávez al que hacemos
referencia, no se ahorra en propósitos y señala que implementarán el modelo de
“cogestión” de las empresas y avanzarán hacia la “reestructuración del sistema
de garantías y financiero privado”.

Chávez aclara luego, lo dice y no lo
dice a la vez para ser cuidadoso, sobre el destino final de sus acciones, que se
orientan sin duda a la instauración de un régimen comunista en Venezuela,
aseverando lo siguiente:

“No nos estamos planteando eliminar la
propiedad privada… Hasta allá no llegamos. No, pero nadie sabe lo que ocurrirá
en el futuro, el mundo se va moviendo… No es el momento”.

En los
predicados anunciados para La Nueva Etapa, tampoco se ahorran palabras y se
describe hasta la saciedad todo cuanto se propone el régimen bolivariano en
relación con los demás países del continente, y que el señor Chávez tuvo la
audacia de resumir en la idea de la Guerra Mundial del siglo XXI, anunciada
desde Montevideo.

El Nuevo Pensamiento Militar según lo confirmara
recién, el inefable General López Hidalgo, Secretario de Defensa de la Nación,
avanzará hacia la guerra asimétrica o de guerrillas y para ello ya se está
equipando actualmente a la FF.AA. con vistas a su primera misión, que describe
el documento sobre La Nueva Etapa así: “desarrollo de acciones defensivas en la
zona fronteriza con Colombia (…) por la implementación del Plan Colombia”.
Acciones defensivas que han de entenderse, según tal documento y a tenor de la
exégesis que de él hizo Chávez, como dirigidas al autor del plan en cuestión: el
Presidente George W. Bush.

Junto al ordenado equipamiento de la FFAA, lo
dice el documento oficial en cuestión, se instruyó a Gobernadores y Alcaldes
para que organicen la reserva militar popular; identificando a cada “patriota”
en su caserío según que “uno de ellos sea tirador de fusil, francotirador, o
lanzador de granadas”.

Las palabras de Chávez no son nada ambiguas ni se
reducen a amenazas. “Utilizaremos todas las estrategias posibles, desde una
defensa móvil frente al gigante hasta el ataque”, precisa el Gobernante.


El objetivo final no aparece oculto en el papel sobre La Nueva Etapa .
Tanto que, el propio Chávez anunció a sus seguidores que: “la estrategia de su
revolución es quebrar ese eje «monroista» dominado por el Pentágono y conformado
por Bogotá-Quito-Lima-La Paz- Santiago de Chile”.

Chávez ha declarado,
en suma, que el momento de la guerra del siglo XXI ha llegado; de donde, no solo
la estimula y quiere como parte de la etapa de confrontación externa y de
exportación de su revolución. La idea que anida en el fondo de su trance
intelectual y que revela en su discurso no deja especio para las dudas:


“Creo que no es un sueño, creo que nunca antes en América se había dado
una situación como ésta. Hace tres años atrás éramos sólo Cuba y Venezuela”.
Venezuela vive, en suma, un régimen dictatorial en cierne, de inspiración
marxista, que usa estrategias militares, que se cubre con un manto inequívoco de
populismo, y que usa y manipula en su favor las formas legales de la democracia.
Por ello y por ahora se le permiten ciertos “lujos” los venezolanos a modo de
disfraz o de distracción de la opinión pública, hasta tanto logra Chávez y su
régimen afianzarse en los despropósitos. No deben olvidar los editores del
Hemisferio que la suerte de Venezuela y nuestro drama, es propio y también
ajeno, como desde ya lo anuncia Chávez en su documento sobre La Nueva Etapa . No
olviden, por ende, que las grandes tragedias de la Humanidad, como nos lo
muestra la historia de todos los siglos, siempre fueron hijas de los
mesianismos. Así las cosas, estimados colegas, directivos y miembros de la SIP,
les referiré brevemente y a título enunciativo, como es la costumbre, algunos
casos puntuales que implican violencias específicas a la libertad de expresión y
de prensa en Venezuela por hechos del Estado. El gobierno ha desatado una
abierta y descarada persecución, abusando inclusive del control férreo que
ejerce sobre el Poder Judicial y sobre el Ministerio Público, para acallar a los
periodistas y medios de comunicación. No se trata de amenazas.

A la
periodista Patricia Poleo, se le allanó su residencia y se le abrió causa penal
para que haga entrega de documentos que han servido de soporte a sus últimos
escritos, detallando que el Fiscal Danilo Anderson, asesinado y declarado mártir
por la revolución, fue víctima de una acción de bandas de extorsionistas a las
que, supuestamente, estuvo vinculado. Otro tanto ha ocurrido, por motivos
similares, con la periodista Tamoa Calzadilla, quien fue ya imputada penalmente
y por requerimiento personal del propio Fiscal General de la República y antiguo
Vicepresidente de Chávez,

Fue detenido, en fecha reciente y en un
aeropuerto del interior del país, el periodista y editor del periódico El Nuevo
País, Rafael Poleo, miembro de esta Sociedad. Se alegó la existencia de una
orden de detención del año 1991, causa en la que se le había otorgado indulto en
1993. Impresiona, pues, como excusa cierta para ejercer una acción coercitiva
que silencie definitivamente a su hija Patricia Poleo.

También le fue
dictada privación de libertad a la periodista Ibéyise Pacheco, luego de
seguírsele juicio por difamación agravada y por haberse expresado
incorrectamente, cuando denunció el falseamiento de exámenes universitarios por
un Coronel del ejército al servicio de la Revolución.

En otro orden, los
Canales de Televisión más importantes, fueron sancionados por el Ministerio de
Comunicaciones a pagar cuantiosas sumas de dinero en concepto de multas, al
considerarlos el Gobierno como instigadores, mediante sus noticias, del paro
nacional ocurrido entre diciembre 2002 y enero del año 2003.

Fue
imputado penalmente, asimismo, el periodista Napoleón Bravo, cuyo programa de
televisión, debido a las presiones gubernamentales, fue sacado del aire, como
también acaba de ser clausurado el programa de televisión y de entrevistas
conducido por la periodista Marta Colomina, a quien la Comisión y la Corte
Interamericanas de Derechos Humanos habían dado protección con medidas
cautelares. Conviene agregar en este sentido, como periodistas del diario El
Carabobeño, que se edita en Valencia, Estado Carabobo, fueron aprehendidos en la
Base Aérea Libertador, mientras cumplían funciones específicas, relacionadas con
una manifestación, que en su apoyo anunciaba el Sr. Chávez desde Montevideo,
Uruguay. Pero los militares de guardia alegaron que se habían tomado fotos en
zona prohibida, por lo que los obligaron a borrarlas, con el compromiso de
suscribir un acta donde se comprometían a no reincidir, como condición para
dejarlos en libertad.

No menos digno de referencia es el caso del Dr.
Tulio Álvarez, destacado constitucionalista, quien dedicó un esfuerzo cívico sin
par al estudio, investigación y prueba del fraude electoral fraguado por el
gobierno para torcer la voluntad popular en el pasado referendo revocatorio
presidencial del 15 de agosto del pasado año; cuyas conclusiones recogió en su
informe de gestión el hoy Secretario General de la OEA, César Gaviria.

A
renglón seguido, como era de esperarse, se alentó y prohijó desde las más altas
esferas gubernamentales una iniciativa, para que el diputado oficialista y ex
Presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, incoara demanda penal en
contra del Dr. Alvarez. Fundamentando la acción judicial en un escrito publicado
en el periódico Así es la Noticia , con la firma del susodicho abogado, donde
denunciaba un desfalco en perjuicio de empleados de la Caja de Ahorros de la
Asamblea Nacional, cuando ejercía su administración el diputado Lara.


Esa opinión de Álvarez, inserta en la prensa y en resguardo del derecho
de sus defendidos, haciendo uso de una libertad consagrada constitucionalmente,
le ha llevado a su condenatoria con privación de libertad, por difamación
agravada y en perjuicio del derecho a la libre expresión del pensamiento que,
formalmente, le reconoce la Constitución venezolana y le aseguran los pactos
internacionales sobre derechos civiles y políticos.

Señor Presidente y
demás miembros de la SIP:

No quisiéramos concluir nuestro informe sin
hacer referencia y agradecer la distinción de que hemos sido objeto por parte de
la SIP y de su Presidente Dr. Alejandro Miró Quesada, al designarnos, en lo
personal, como Vicepresidente Regional para la Libertad de Expresión en
Venezuela. Ello constituye motivo de orgullo para el Bloque de Prensa
Venezolano, que siente especial deferencia y la reconoce, igual todo el personal
del Diario El Impulso que dirijo; fundado por el abuelo Don Federico Carmona en
1904 y que es hoy el de mayor antigüedad de cuantos circulan en nuestro país.


El historial de El Impulso, en cuya dirección se han turnado varias
generaciones de la familia, se ha conservado una invariable línea de
independencia que lo ha caracterizado, como defensor de la libertad de
expresión; lo cual le condujo a contarse entre los miembros fundadores de esta
Sociedad Interamericana de Prensa; circunstancia que nos obliga en lo personal
aún más, a corresponderles cabalmente en los términos de la confianza que se nos
ha depositado.

INFORME DEL Dr. JUAN MANUEL CARMONA PERERA

VICEPRESIDENTE REGIONAL SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (S.I.P.)


Reunión de Medio Año
Panamá
Marzo 2005