Hace pocas semanas, el último grupo de los países del Centro y Este de Europa que fueron invitados a unirse a la Unión Europea se decidieron por formar parte de ésta.

Las consecuencias de la integración
Por lo tanto, se beneficiarán de barreras comerciales reducidas, aumento en la
inversión y, eventualmente, mayor movilidad laboral. Sin embargo, a pesar de los
amplios márgenes que favorecieron el ingreso, hubo una falta de entusiasmo hacia
la expansión de la UE que quedó documentada por los bajos niveles de votación a
lo largo del Centro y Este de Europa (CEE).
 
En Hungría, por
ejemplo, solo el 38% de las personas calificadas para votar apoyaron el ingreso.
Tomando en cuenta que la membresía a la UE fue presentada implacablemente como
la solución a los problemas económicos del CEE, esos bajos números son
decepcionantes. El problema es que—usando una analogía médica—el doctor parece
estar más enfermo que el paciente. En el 2002, por ejemplo, la economía de
Eslovaquia creció un 4.4%. Por el otro lado, la economía alemana creció tan solo
un 0.2%.

Claramente la membresía de la UE no garantiza el crecimiento
económico. En cambio, es crucial una combinación de acceso al mercado y de
liberalización económica. A diferencia de Noruega, Suiza e Islandia, los nuevos
miembros de la Unión Europea no presionaron por un tratado de libre comercio con
la UE. Al haber expresado en un principio su interés en una membresía completa a
la Unión, los países invitados decidieron sacrificar la libertad económica por
el acceso a un mercado común europeo altamente regulado.

Estonia, por
ejemplo, abolió todos sus aranceles a las importaciones a comienzos de los
noventa. Como resultado de su ingreso a la UE, Estonia ha tenido que adoptar
10.794 aranceles europeos y otras medidas proteccionistas, como cuotas y
aranceles. ¡Qué irónico es que para unirse a un Occidente supuestamente
capitalista, Estonia deba adoptar características del Este comunista! La
obsesión sobre la UE en los antiguos satélites soviéticos fue causada en parte
por una equivocación y en parte por la codicia. Los gobiernos poscomunistas
vieron la pródiga ayuda que la UE dispersa a través de sus fondos estructurales
y de cohesión como una forma fácil y segura de salir del estancamiento
económico. Para su infortunio, al momento en que el CEE fue elegible para la
ayuda, la Unión Europea entró en recesión y se vio forzada a realizar recortes.
Luego de una década de estar equivocadas, las naciones candidatas se han dado
cuenta que no hay almuerzo gratis. La prosperidad económica depende de políticas
económicas liberales, no de la ayuda externa. Desdichadamente, al entrar a la
UE, los países admitidos verán restringida su habilidad de fomentar el
crecimiento económico a través de la liberalización. En la cada vez más
homogenizada Europa, muchas de sus ventajas comparativas dejarán de existir a
través de la adopción de más de 97.000 reglas y regulaciones europeas. La
Comisión Europea admite el papel que juega en fomentar los problemas económicos
en el CEE. El sitio en Internet de la Comisión dice que “cada miembro nuevo debe
implementar y hacer respetar la ley de la UE, la cual incluye áreas claves de
política social tales como los límites a las horas de trabajo, estándares
mínimos de seguridad laboral, igualdad de géneros y otras medidas para combatir
la discriminación. De tal forma se evitará el riesgo de ´dumping social´”. Lejos
de combatir los males sociales, lo que en realidad está llevando a cabo la UE es
un proteccionismo anticuado. Tal y como lo advirtiera el presidente de la
República Checa, Vaclav Klaus: “Los derechos sociales son intentos disfrazados
por proteger a los productores de altos costos en países fuertemente regulados a
través de estándares de bienestar insostenibles contra la mano de obra barata en
países más productivos”. Aún así, existe una ruta abierta hacia la prosperidad
para el CEE. Debido a los esfuerzos de sucesivos gobiernos británicos, los
países admitidos retendrán el control sobre sus políticas tributarias. Como lo
ha demostrado Irlanda, los recortes de impuestos pueden ser utilizados para
compensar los costos de la creciente regulación de la economía. Por lo tanto, a
pesar de estar limitada por las reglas de la UE, Irlanda se las ingenió para
crecer a una tasa promedio del 7.65% entre 1992 y el 2001. Para atraer la
inversión, Irlanda redujo la tasa de su impuesto superior marginal de un 80% en
1975 al 44% en el 2001. De igual forma, el gobierno irlandés recortó la tasa del
impuesto básico de un 35% en 1989 al 22% en el 2001. Además, la tasa del
impuesto corporativo fue recortada de un 40% en 1996 al 24% en el 2000. Como
resultado de todas estas medidas, los ingresos fiscales de Irlanda en 1999 eran
del 31% del PIB. Una cifra comparable en el resto de la Unión promediaba el 46%.


En el futuro, los países admitidos deben proteger su autonomía
tributaria y estar atentos a las intenciones tendientes a una mayor armonización
europea, la cual reduciría aún más su competitividad. Estas naciones también
deberían intentar introducir un mayor dinamismo económico a Europa mediante la
creación de alianzas con gobiernos más liberales en el plano económico. Deberían
trabajar en evitar la adopción de costosos programas de bienestar en la nueva
constitución de la UE y resguardar el sistema del veto nacional. Finalmente,
estos países deberían trabajar en abolir la proteccionista Política Agropecuaria
Común, la cual los perjudica así como también lastima a los países en
desarrollo. Quizás entonces se beneficiarán verdaderamente de su admisión a la
Unión Europea.

Marian L. Tupy es Director Adjunto del Proyecto sobre la
Libertad Económica Global del Cato Institute.