Daniel T. Griswold ofrece una solución para enfrentar el problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos que incremente la seguridad nacional a la vez que se respeta la dignidad y los derechos de los migrantes.

INMIGRACIÓN

Nuestras leyes de inmigración necesitan desesperadamente ser reformadas.
Nadie entiende mejor eso que los habitantes en Arizona.

El gobierno ha fallado en hacer cumplir las leyes existentes. Desde los 80,
en EE.UU. se ha quintuplicado el gasto y triplicado el personal en la frontera
con México. Se ha construido un triple muro por docenas de millas en el
desierto. Por primera vez en la historia de los EE.UU. se ha impuesto sanciones
a los empleadores de ilegales. Pero estas enérgicas medidas han fallado en
tratar las realidades subyacentes del mercado laboral estadounidense.

Una consecuencia no intencionada ha sido la fatal desviación de la migración
desde unos cuantos puntos de entrada urbanos a regiones poco pobladas tales como
la frontera de Arizona. Cada día miles de inmigrantes ilegales cruzan la
frontera, ocasionando molestias a los propietarios de tierras locales. Desde
1998 más de 2000 inmigrantes hombres, mujeres y niños han sufrido, agonizado y
muerto por deshidratación y asfixia. Eso es un precio muy alto para buscar un
mejor trabajo. La razón del fracaso es simple. Las leyes de inmigración
existentes están chocando con dos poderosas realidades: la economía
estadounidense sigue produciendo oportunidades para trabajadores poco
calificados en sectores importantes como el comercio al por menor, servicios,
construcción y turismo. Mientras tanto el grupo de norteamericanos deseosos de
ocupar esos trabajos, continua reduciéndose a medida que la población se hace
más vieja y mejor educada. A pesar de eso, nuestro sistema migratorio no tiene
un camino legal para que gente pacífica y trabajadora pueda venir a los EE.UU. a
ocupar, aunque sea temporalmente, esos trabajos. El resultado es una inmigración
ilegal generalizada.

Los críticos de la inmigración demandan más de las mismas políticas
fracasadas: más murallas y alambres de púas, divisiones enteras de tropas en la
frontera, deportaciones masivas de trabajadores indocumentados a un costo
económico y humano muy alto.

Un enfoque más responsable sería reconocer la realidad creando un programa
temporal de trabajadores y un camino para la legalización para los más de 9
millones de personas que viven acá ilegalmente hoy en día. El presidente George
W. Bush apoyó ese enfoque en enero y otra vez durante los debates
presidenciales. También lo hizo el Senador John Kerry. Tres republicanos de
Arizona, el Senador John McCain y los Representantes Jeff Flake y Jim Kolbe, han
introducido una legislación que crearía justamente un programa de ese tipo.

La legalización reemplazaría un flujo inseguro, desordenado e ilegal de
inmigrantes con uno seguro, ordenado y legal. A principios de los 50, la
creciente inmigración ilegal desde México enfrentó a los EE.UU. con una
disyuntiva similar en políticas públicas. La respuesta en ese entonces fue un
incremento dramático en las visas para trabajadores temporales bajo el programa
Bracero; el resultado fue igualmente una reducción dramática en la inmigración
ilegal.

La legalización mejoraría el destino de millones de trabajadores. Los nuevos
trabajadores legalizados tendrían mayor poder de negociación en el mercado
porque ellos podrían cambiar fácilmente de trabajo para mejorar su salario y
condiciones laborales. Sería más probable que ellos puedan calificar para un
seguro médico y podrían invertir en habilidades laborales y de idioma. Los
impuestos y las tarifas pagadas por los nuevos trabajadores legalizados podría
ayudar a subsidiar los costos locales y estatales para educación y atención
medica. Debido a que los trabajadores legalizados estarían en capacidad de
visitar más frecuentemente sus países de origen, ellos estarían menos inclinados
a traer a sus familias y más inclinados para, ultimadamente, regresar a casa.

Legalización no sería igual a una “amnistía”. Los trabajadores legalizados no
obtendrían automáticamente la ciudadanía o incluso la residencia permanente.
Ellos recibirían solamente una visa temporal renovable por tiempo limitado.
Ellos tendrían que pagar una multa que no sería poco dinero para los
trabajadores poco calificados. Y ellos tendrían que ponerse en la fila junto a
todos los demás para aplicar a un estatus permanente bajo las leyes vigentes.

La Legalización también incrementaría la seguridad nacional. Empezaría por
reducir drásticamente la inundación de contrabando humano y fraude de documentos
que facilita la inmigración ilegal. Sacaría de las sombras a millones de
personas y permitiría saber quienes son. Liberaría recursos para la guerra
contra el terrorismo.

Durante una visita a Arizona a inicios de este año, el principal funcionario
para la seguridad fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, el
subsecretario Asa Hutchinson declaró “Si podemos pasar algún tipo de iniciativa
de trabajado temporal, como lo ha sugerido el presidente, eso haría nuestro
trabajo más fácil. Ojalá, en el momento que (los trabajadores) puedan ir a y
regresar legalmente de sus hogares, no tendrán que cruzar ilegalmente y por lo
tanto reducirán una porción del tráfico y uno se podrá concentrar en aquellas
personas que realmente representan un riesgo para los Estados Unidos y un
problema de seguridad”.

Sea quien sea que gane en Noviembre, el Congreso y el presidente tendrán una
oportunidad en el nuevo año para hacer de EE.UU. una nación mas justa, segura y
próspera mediante la promulgación de reformas migratorias reales.