La justicia peruana ha emitido 17 órdenes de captura internacional contra el prófugo ex presidente Alberto Fujimori, refugiado desde noviembre del 2000 en Japón.

SE ESCUDA EN SU DOBLE NACIONALIDAD
Según el procurador general de Perús, Ronald Gamarra, parece que Japón busca enredar a la justicia de Perú para después rechazar la solicitud de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, acusado en este país de ser coautor de la muerte de 25 personas durante su gobierno. El ex presidente Fujimori, tras su destitución por un escándalo de corrupción vive en Tokio desde noviembre del 2000 amparado en su doble nacionalidad y en la postura de Japón que no extradita a ciudadanos japoneses.

Según los expertos peruanos, el pliego de preguntas que Japón remitió sobre el caso Fujimori se basan en la valoración de pruebas, cuando el trámite de extradición es un tema estrictamente administrativo.

El procurador Gamarra se reunió el martes con el canciller, el ministro de Justicia, la Fiscal y los magistrados de la Corte Suprema para coordinar la respuesta a Japón sobre la solicitud de extradición de Fujimori, la cual será resuelta “en breve,” según el presidente de la Corte Suprema, Hugo Sivina.

Fujimori tiene la nacionalidad japonesa, además de la peruana, por ser hijo de japoneses. Aunque niega todos los cargos que se le imputan, el gobierno peruano planea mantener su petición de extradición y en caso de no lograrlo prevé recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Por otro lado, la Fiscal General de Perú, Nelly Calderón, emplazó al Gobierno japonés a definirse sobre la extradición del ex presidente peruano y, en caso de dudas sobre su nacionalidad, a que acuda a la Corte Internacional de Justicia. La fiscal declaró que “la nacionalidad de Fujimori es japonesa porque está inscrito en el Koseki, que es un documento oficial” y luego “usó la nacionalidad peruana hasta que fue presidente de la República, con lo cual engañó a todo el pueblo peruano”.

El ex gobernante “volvió a utilizar” su nacionalidad nipona, según Calderón, para refugiarse en Japón a partir de noviembre de 2000, cuando renunció por fax a la Presidencia de Perú desde Tokio. Por ello, para la jurista peruana es la Corte de La Haya la instancia jurídica que debe determinar qué nacionalidad “predominante” tenía el ex presidente en aquel momento.

Calderón señaló que la Fiscalía ha probado que Fujimori, como jefe de las Fuerzas Armadas, “avaló y permitió” que el grupo paramilitar Colina cometiera delitos de lesa humanidad como el asesinato de 15 personas en Barrios Altos en 1991 y de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en 1992.

El ex presidente afronta 15 procesos judiciales, la mayoría de ellos con orden de detención y, según un informe de las Naciones Unidas, es uno de los diez dirigentes políticos más corruptos del mundo.