Con su brillante prosa corrosiva, José Benegas alerta que contrario a sus promesas de consenso, el señor K ha batido todos los records en materia de decretos de necesidad y urgencia, que lo convierten en virtual dueño de la ley en la Argentina.

Opinión: José Benegas
Alberto Fujimori sucedió en el poder al gobierno izquierdista de Alan García
Pérez que había dejado al Perú en la ruina. El 5 de abril de 1992, después de
acusar al Congreso y al Poder Judicial de no “dejarlo gobernar”, Fujimori dio un
golpe interno con apoyo de las Fuerzas Armadas disolviendo a los otros dos
poderes del estado y aboliendo la Constitución de 1979. El Congreso peruano en
realidad había sido sumamente complaciente con Fujimori, sólo que no había
aceptado otorgarle alguno de los superpoderes que solicitaba.

Años antes
en la Argentina el alfonsinismo enarboló un concepto novedoso llamado
“gobernabilidad”, que fue la base conceptual del fujimorazo. Esta
“gobernabilidad” presentada como valor, da la idea de que el poder no debe
encontrar obstáculos. La “ingobernabilidad” no tiene nada que ver con la
anarquía, porque el Estado sigue funcionando, las leyes siguen vigentes y el
poder punitivo también. La “ingobernabilidad” es la contrariedad a los deseos
del gobernante de turno por parte de dos poderes del Estado que tienen como
misión contrapesarlo y hasta contradecirlo si es necesario.

Esa
“gobernabilidad” que en general es invocada por gobiernos que gozan de
contrapesos complacientes en los otros dos poderes, no es un valor de la
república o del régimen constitucional, ni siquiera del Estado, sino una
aspiración del partido oficial.

Que el partido oficial quiera realizar
cambios para los que no tiene apoyo suficiente o que resulten del algún modo
antijurídicos no quiere decir que el país los necesite, y que no lo logre no es
una frustración del sistema sino una victoria, en desmedro claro de los deseos
de la facción gobernante. Hablar de gobernabilidad como un problema del país,
equivale a confundir al Estado con el partido.

La Argentina vive un
fujimorazo sui generis con el poder uniko del señor K. El Poder Judicial fue
arrasado en el año 2004 por orden del presidente, que constitucionalmente tiene
prohibido entrometerse en cuestiones judiciales y que tampoco tiene función
alguna que cumplir en cuanto a la remoción de jueces. Los motivos invocados se
mostraron todos falsos. De hecho cambiaron muchas veces, las causales aún siendo
falsas o intrascendentes alcanzaban a jueces que no fueron cuestionados y el
procedimiento conducido por la señora Cristina K fue un verdadero tribunal
popular en el que no se respetó el derecho de defensa.

El senador Miguel
Angel Pichetto, se acordó un poco tarde del problema al considerar un acto
propio de los comités de salud pública de la revolución francesa a la acusación
hecha por la Cámara de Diputados al Juez Antonio Boggiano, el único de los
llamados jueces (bautizados así por Horacio Verbitsky) de la “mayoría
automática” que fue retirado de la lista del cadalso por el kakismo después de
haber arreglado obediencia indebida.

Esos comités de salud pública ya
funcionaron en el país. Los presidió la propia Cristina K, de la que Pichetto es
seguidor. Operaron sobre el resto de los jueces de la Corte pero no sobre
Boggiano. Por las mismas causales que se invocaron para echar a algunos jueces
se debiera echar a todos los que quedaron. En cambio con justicia podríamos
decir, contradiciendo a Pichetto, que la visión del kakismo sobre lo que tienen
que ser los juicios políticos se parecen demasiado al pulgar para arriba o para
abajo con el que el emperador romano deponía de la vida de los gladiadores.


Con el Congreso ocurre lo mismo que con el Poder Judicial. Un estudio
realizado por el diputado Mario Negri prueba que el presidente no ha tenido
problemas en hacer aprobar sus iniciativas, que recibieron sanción a razón de
una cada siete días. Muchas de las que no se aprobaron fueron desalentadas por
el propio Poder Ejecutivo.

Pese a eso, el señor K ha batido todos los
records en materia de decretos de necesidad y urgencia, que lo convierten en
virtual dueño de la ley en la Argentina. Y por si con esto no bastara, se le
concedieron los poderes extraordinarios que se le negaron en su momento a
Fujimori, por lo que K no necesita dar un golpe institucional.

Este
contexto muestra un estado de excepción institucional en la Argentina asimilable
perfectamente al fujimorazo peruano. La diferencia tal vez sea que en Perú hubo
quienes se opusieron. En nuestro caso no tenemos esa suerte. La oposición está
muy ocupada compitiendo en irresponsabilidad con la izquierda y actuando como si
la Argentina fuera Suiza (y no precisamente porque se confundan por la seriedad
de nuestros bancos).

Fuente: El Disidente