Para conseguir los objetivos económicos establecidos en la Declaración aneja a la Constitución europea, la Comisión Europea busca flexibilizar el Pacto de Estabilidad.

PACTO DE ESTABILIDAD
El Pacto de Estabilidad, tal y como es ahora, obliga a los países de la UE,
entre otras cosas, a comprometerse a respetar el objetivo presupuestario a medio
plazo consistente en conseguir situaciones presupuestarias próximas al
equilibrio o con superávit y a no invocar el carácter excepcional de un déficit
asociado a una baja anual del PIB de menos del 3%, salvo que se encuentren en un
período de grave recesión (baja anual del PIB real del 0,75% como mínimo), para
lo cual deberán poner en marcha los ajustes presupuestarios correctores que
estimen necesarios cuando reciban información que señale un riesgo de déficit
excesivo.

La Comisión Europea comenzará este jueves la discusión sobre la
reforma de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cumpliendo así
el mandato dado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veinticinco el
pasado viernes en la Declaración aneja a la Constitución europea.

A
partir de un informe de los servicios internos sobre finanzas públicas el
comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, propugnará una mayor
flexibilidad en los criterios de reducción del déficit público para fases de
crecimiento económico débil o crisis.

El ´pragmatismo´ del informe no
cuestiona las reglas del Pacto de Estabilidad, y muy en particular, el límite de
déficit del 3% del PIB. De no haber existido esas reglas, el déficit primario en
la zona euro habría sido superior al 0,9% del PIB de 1994 a 2003 y la deuda
pública se habría situado ocho puntos por encima. Almunia pone el acento en la
importancia de una ´mejor interpretación´ del Pacto de Estabilidad teniendo más
en cuenta la situación de cada país y la evolución de su deuda (postura
defendida también por Francia y Alemania).

La propuesta se basa en que
«los Estados deberían sacar partido de los periodos de recuperación para
consolidar sus finanzas públicas y mejorar su situación presupuestaria». Se
trataría de lograr «un excedente en periodos de coyuntura favorable», de modo
que habría margen para «hacer frente a posibles inflexiones» a lo largo del
ciclo.

La postura española

España
apoya la propuesta que prepara la Comisión para que se busquen políticas
“prudentes y simétricas” dentro del ciclo pero con exigencias menores en un
ejercicio concreto. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía, Pedro Solbes, valoró de forma positiva el documento de Almunia, al
considerar que es “una adaptación a la realidad económica”.

La Comisión
Europea deberá tener en cuenta las referencias a la necesidad de incentivar el
crecimiento, mantener la estabilidad de los precios y lograr los compromisos de
la Estrategia de Lisboa: crear empleos, reformas estructurales y cohesión
social. “Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para
incrementar el potencial de crecimiento de su economía”.

Las políticas
económicas y presupuestarias deben por consecuencia fijar las prioridades
adecuadas en materia de reformas políticas, innovación, competitividad y
refuerzo de la inversión privada y del consumo durante los periodos de débil
crecimiento económico.