La Comisión Europea anunció la apertura de un procedimiento contra Italia por déficit excesivo en sus cuentas públicas, ya que superó el techo del 3% del PIB establecido por el Pacto de Estabilidad en 2003 y 2004.

Al comprobar un peligroso deterioro de las finanzas públicas
El Ejecutivo comunitario ha decidido abrir este expediente a raíz de las
recientes revisiones de datos que apuntan a un deterioro de las finanzas
públicas en Italia, y ha aplicado el espíritu de la reforma del Pacto de
Estabilidad en el contexto de las reglas existentes, teniendo en cuenta todos
los “factores relevantes”, según explicó a través de un comunicado.

El 23
de mayo de 2005, Eurostat anunció que el déficit italiano se situó en el 3,1%
tanto en 2003 como en 2004. En los dos años, la deuda se mantuvo estable en
torno al 106%-107%. A raíz de las observaciones de Eurostat, el Instituto
Estadístico Italiano realizó una nueva revisión al alza, de forma que el déficit
para 2001, 2003 y 2004 se sitúa en el 3,2%, mientras que la cifra para 2002 se
incrementó hasta el 2,7%

El informe elaborado por el Ejecutivo
comunitario para justificar el expediente sancionador indica que esta situación
no es excepcional, de acuerdo con la definición del Tratado, ya que no resulta
de un acontecimiento extraordinario fuera del control del Gobierno ni es
consecuencia de una recesión severa, porque el crecimiento italiano ha sido
lento durante la última década pero positivo.

El déficit italiano tampoco
es temporal, ya que se ha situado por encima del valor de referencia durante dos
años, y, de acuerdo con las previsiones de primavera de la Comisión, estará por
encima del 3% en 2005 y en 2006, incluso si el crecimiento económico vuelve a su
potencial.

El Ejecutivo comunitario analizó también la posición
presupuestaria a medio plazo de Italia y el resto de factores relevantes. En
particular, el bajo potencial de crecimiento y la elevada deuda indican que el
actual equilibrio es demasiado bajo para asegurar la reducción de la deuda. El
incremento del déficit no puede explicarse por gastos en inversiones públicas,
I+D o educación, porque estas partidas se han mantenido estables en los últimos
años.