Ahorristas estafados por el Estado argentino protestan ante la última decisión del máximo tribunal judicial.

Inseguridad jurídica
La Corte Suprema de Justicia de Argentina avaló la pesificación de
depósitos aplicada por el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002. Ratificó así la
validez del decreto que fijó la pesificación de depósitos en moneda norteamericana
equivalente a $ 1,40 más el Coeficiente de Estabilización y Referencia (CER).

La decisión del máximo tribunal brinda más previsibilidad al plan del Gobierno
para renegociar la deuda, ya que un fallo contrario hubiese obligado a buscar
alternativas de emergencia, como la emisión de un bono compulsivo para darle
a los ahorristas que tenían dólares.

Hubo protestas en Tribunales de Buenos Aires
-donde los ahorristas quemaron papeles y guías telefónicas generando enfrentamientos
con la Policía y luego trasladaron su reclamo a la Procuración General- y en
otras ciudades del país, de quienes fueron perjudicados por la pesificación.

Un grupo de ahorristas de Paraná había reclamado la devolución de alrededor de
un millón y medio de dólares de su propiedad confiscados por el “corralito” instalado
por el ex ministro Domingo Cavallo, pero hoy la Corte rechazó el fallo de la
Cámara Federal de Paraná que había declarado la inconstitucionalidad de todas
las normas pesificadoras.

Así, el máximo tribunal aceptó la recomendación realizada
por el procurador general de la Nación Esteban Righi, ex ministro del Interior
del ex presidente frejulista Héctor Cámpora, quien sugirió a los ministros revocar
ese fallo y validar la pesificación de depósitos tras reivindicar los alcances
de la denominada “emergencia económica” pese a los constantes anuncios gubernamentales
relativos al actual despegue del país. Los ministros que avalaron la pesificación
fueron Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano, Elena Highton
de Nolasco y Eugenio Zaffaroni, estos dos últimos colocados allí por el presidente
Néstor Kirchner. En tanto, Carlos Fayt votó en disidencia, mientras que el presidente
del Tribunal, Enrique Petracchi, se excusó, como lo viene haciendo en todas las
causas relacionadas con la pesificación y el “corralito”.

En su recomendación,
Righi había justificado que “el contexto económico, social e institucional que
rodeó a las medidas no puede ser soslayado”.