La embajada de EEUU en Bolivia ha negado que sus agencias antidroga (DEA) y de cooperación (USAID) hagan política en ese país, rechazando las denuncias realizadas por el Presidente Evo Morales. El mandatario boliviano había acusado a la DEA de ejercer “tareas de control político”.

Continúa la tensión diplomática
La postura fue fijada anoche por el encargado de negocios de la embajada, Kris Urs, en una reunión con el vicepresidente Álvaro García Linera. Éste ejerce la Presidencia interina del país debido al viaje de Morales a Venezuela y El Salvador, donde asiste a la Cumbre Iberoamericana.

“Nosotros estuvimos aquí para conversar con el vicepresidente (sobre) la relación entre Estados Unidos y Bolivia, y también para asegurar al Gobierno que la DEA y USAID no están haciendo nada políticamente”, declaró Urs tras su encuentro con García Linera en el Palacio de Gobierno de La Paz.

La visita de Urs se produjo a raíz de las advertencias lanzadas por Morales de expulsar de Bolivia al Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA) porque, a su juicio, realiza acciones de “control político”.

La acusación de Morales

Morales había señalado que “la tarea del Gobierno es dignificar a los bolivianos y las bolivianas. Si la DEA cumple con su tarea específica de lucha contra el narcotráfico, la respetamos. Pero va estar en un control político, se va ir”, dijo el mandatario esta semana.

La DEA fue expulsada en septiembre pasado de la zona cocalera del Chapare (centro), feudo sindical del Presidente Morales, y los dirigentes campesinos del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron hace poco a Morales echar a esa agencia del país.

Los productores de coca de Bolivia también expulsaron del Chapare a funcionarios de la agencia de cooperación estadounidense USAID, a la que el mandatario acusó de financiar actividades de la oposición.

“Persona no grata”

Las relaciones entre los gobiernos de La Paz y Washington están muy deterioradas desde que en septiembre pasado, Morales declaró “persona non grata” al embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, acusándolo de conspirar en su contra junto a la derecha nacional.

Washington respondió con la expulsión del embajador boliviano, Gustavo Guzmán, y con el inicio de un proceso para suspender los beneficios arancelarios que otorga al país suramericano con el argumento de que no ayuda en la lucha antidroga.