El interés político en la desregulación se ha esfumado. Y el número de normas en los estatutos no ha hecho más que incrementarse. Gran parte de ello es lo que llamamos números rojos: procedimientos, formas, licencias y regulaciones que no son esenciales y que se añaden al precio de tratar con el gobierno.

Hans Labohm

La Hidra: en la mitología egipcia, un monstruo de nueve cabezas; al ser cortadas, cada cabeza era reemplazada por dos nuevas cabezas. La Hidra fue derrotada por Hércules. La Comisión Europea, el símbolo de la prominencia regulatoria, anunciaba recientemente que se embarcaba en un esfuerzo masivo por reducir los números rojos, eliminando las leyes innecesariamente costosas. Es un avance celebrado, que debería ayudar de algún modo a lograr los olvidados objetivos de Lisboa de la UE. Pero cuesta un poco meterse en el juego desregulatorio.

 

Los años setenta, con su estancamiento, marcaron el final de la “era dorada”: las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el crecimiento del PIB en el mundo occidental alcanzaba casi el cinco por ciento. Accionaron la revolución colateral del pensamiento económico, encaminada a mejorar el funcionamiento de los mercados. Fue una reacción a la preocupación precedente y la demanda añadida, encaminadas a lograr el pleno empleo a través de “demandas de gestión”, “implementación de prioridades”, y “ajuste óptimo” de la economía desde arriba, todo lo cual era parte del paradigma Keynesiano.

 

Desde entonces, el interés político en la desregulación se ha debilitado y esfumado. Pero el número de normas en los estatutos no ha hecho más que incrementarse. Gran parte de ello es lo que llamamos números rojos: procedimientos, formas, licencias y regulaciones que no son esenciales y que se añaden al precio de tratar con el gobierno; todo aquello obsoleto, redundante, innecesario o confuso que difumina la competitividad económica y que obstaculiza el camino a la creación de empleo y desperdicia el tiempo y el dinero del contribuyente.

 

Por todo el mundo, los gobiernos están metidos hoy en la desregulación (con frecuencia, en Europa se alude como “privatización”) encaminada a eliminar o reducir al menos el peso impuesto sobre compañías, organizaciones y ciudadanos por las agencias gubernamentales. Su labor es apoyada por organizaciones como la OECD y el Banco Mundial. Como observa la OECD: “Una de las quejas más comunes planteadas por empresarios y ciudadanos en los países de la OECD es la cantidad y complejidad del papeleo y las formalidades del gobierno. Empresas y ciudadanos pasan demasiado tiempo y dedican recursos significativos a actividades tales como rellenar formularios, solicitar permisos y licencias, proporcionar información empresarial, notificar cambios, etc. En muchos casos, las prácticas se han hecho extremadamente complejas o irrelevantes y barrocas, generando pesos regulatorios innecesarios – denominados ´tinta roja´. Los costes impuestos sobre la economía en conjunto son significativos. Excesivas en número y complejidad, las regulaciones administrativas pueden impedir la innovación, crean barreras innecesarias al comercio, la inversión y la eficacia económica, e incluso amenazan la legitimidad de la regulación y el mandato de la ley”.

 

En respuesta a estos desafíos, los gobiernos, durante las dos últimas décadas, se han centrado cada vez más en revisar y simplificar las regulaciones. Las iniciativas para mejorar la eficacia de las transacciones con ciudadanos y negocios han incluido la eliminación de provisiones contradictorias y obsoletas, la producción de directrices sobre regulaciones administrativas, y la introducción de nuevas formas de medir las regulaciones administrativas y reducir su impacto. Cada vez más, el pensamiento innovador y el uso diestro de las tecnologías de información (IT) llevaron a nuevos enfoques sobre la regulación administrativa.

 

La Unión Europea es notoria por su número de normas en constante crecimiento. Esto es probablemente uno de los motivos por los que los votantes de Francia y Holanda rechazaron la constitución europea propuesta. Aparentemente, la Comisión Europea ha despertado ante este descontento público, porque ha decidido recientemente la retirada de 68 propuestas de nuevas regulaciones, algo que carece de precedentes en la historia de la Unión. Y la Comisión ha declarado que esto es solamente el primer paso. En adelante, las nuevas regulaciones serán objeto de estricta monitorización, con el fin de garantizar que sean consistentes con los objetivos de Lisboa de la UE y en particular con el objetivo de promover la competitividad. Además, el “acquis communautaire”, la enorme reserva existente de legislaciones, necesita simplificarse y actualizarse, para lo cual se prevé un abanico de medidas.

 

Los intentos previos de desregular fueron un callejón de sueños rotos. ¿Será diferente esta vez? Desafortunadamente, no tiene ese aspecto. En diversos campos, la desregulación, incluyendo la reducción de la tinta roja, indudablemente ofrecerá algo de alivio. Pero la imagen total es menos prometedora. Tómese por ejemplo la desregulación del mercado laboral. Aunque algunos sindicatos están abiertos a una liberalización limitada, la desregulación del mercado laboral es principalmente un tabú en Europa. Simplemente no comprenden que los “derechos laborales conquistados” tienen poco peso si el mercado no les hace honor.

 

Más generalmente, no obstante, todo este celo desregulatorio no ha impedido que la UE adopte el principio de precaución como pilar clave de su política de gestión de riesgos, así como embarcase en el REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), y Kyoto (reducción obligatoria de gases de efecto invernadero fabricados por el hombre en coordinación con un sistema de intercambios de emisiones de CO2). Esto supone marcos de nuevas oleadas masivas de desregulación. En esas circunstancias, luchar contra la tinta roja supone luchar contra la mítica Hidra; cortar la cabeza hace que salgan dos más. Y desafortunadamente no hay un Hércules a la vista.

Fuente: TechCentralStation