Algunos en Irak y más allá pueden considerar la pena de muerte como un castigo merecido para los brutales crímenes soportados por los iraquíes bajo el régimen de Saddam. En mitad de los recuentos diarios de horror que proceden de Irak, lo que ha logrado el Tribunal Especial al pedir cuentas al dictador y su régimen no es un éxito menor para Irak o para el mundo.

Hassán Mneimneh
Con su veredicto de culpabilidad y pena de muerte para el exdictador iraquí Saddam Husayn, el Tribunal Especial Iraquí ha sentado un precedente legal crucial. Sus implicaciones internacionales se extienden más allá de Irak: ningún poder absoluto y ninguna manipulación de las estructuras legal y judicial eximen a un dictador de la responsabilidad de salvaguardar la vida y la dignidad del inocente.

El caso Dujayl, en virtud del cual fue dictaminado el reciente veredicto de culpabilidad, puede parecer una elección extraña para una primera condena judicial del régimen Saddam. Las alegaciones, demostradas para satisfacción del panel de cinco jueces, fueron que Saddam había autorizado, sin el proceso pertinente, la ejecución de 148 ciudadanos iraquíes inmediatamente después de un intento de asesinato en su contra. Esta cifra palidece en comparación con el recuento diario de bajas sufridas por la sociedad iraquí durante el régimen de Saddam. Frente al contexto de incapacidad tanto de las autoridades iraquíes como de las americanas para detener el derramamiento de sangre, el Tribunal Especial ha defendido el principio de que el gobierno, y los funcionarios en el gobierno, son responsables de cada vida.

En calidad de dictador de Irak, Saddam Husayn se había dotado de poderes absolutos sobre el estado y la sociedad, reservándose para sí mismo y para su “Consejo de Mando Revolucionario” toda la autoridad judicial, ejecutiva y legislativa, dotándose además de inmunidad absoluta en el ejercicio de estos poderes. Es en este contexto que Saddam y su equipo de defensa han intentado echar por tierra la competencia del Tribunal Especial, denunciando la aplicación por su parte de un conjunto híbrido de principios legales en el juicio de dictador y sus socios. Sin embargo, al llevar el proceso hasta su conclusión, el Tribunal Especial ha establecido la supremacía de las normas internacionales en derechos humanos por encima de los esquemas encaminados a pasar por encima suyo y/o subyugarlas por parte de un gobierno en el poder.

El proceso del caso Dujayl ha estado plagado de errores serios, incluyendo irregularidades de procedimiento e intervenciones políticas. Además, no se proporcionó protección adecuada al equipo de la defensa; tres abogados defensores fueron asesinados. Estos fallos necesitan tratarse y volverse a tratar en los juicios posteriores que está programado que Saddam y sus socios afronten. Ni siquiera en este primer ejercicio, no obstante, estos errores afectan a los méritos del caso.

Al inicio de la acción judicial tomada en su contra, se esperaba que estuvieran abiertas cinco líneas de defensa para Sadam: se esperaba que sus abogados (1) cuestionasen la legitimidad, la competencia y la jurisdicción del tribunal, (2) se opusieron a la justicia de los arreglos del procedimiento, (3) desafiaran la veracidad de los hechos y la validez de las acusaciones, (4) pusieran en tela de juicio la responsabilidad de Saddam en su autoría, y, en caso de verse obligados a ceder, (5) argumentaran que sus acciones estaban justificadas por ley y/o interés nacional. El desarrollo del juicio Dujayl ha obligado al equipo de la defensa de Saddam a sucesivas retiradas: con las pruebas documentales y los testimonios presentados, incluyendo la confirmación firmada por Saddam de la orden de ejecución de los 148 ciudadanos, los hechos básicos ya no se ponen en duda. La naturaleza abierta de la brutal represión negó a Saddam y a su equipo cualquier uso efectivo de los argumentos de “interés nacional”.

Por el bien de la justicia sin tacha, es imperativo exigir que alguno o todos los temas del procedimiento sean resueltos. Sin embargo, también debe reconocerse que el Tribunal Especial se está moviendo en mitad de un conflicto, y contra el bagaje de más de tres décadas de subyugación de la judicatura. También es crédito de los funcionarios iraquíes de este tribunal el haber tenido éxito a la hora de llevar a puerto este difícil juicio.

Al contrario que su homólogo rumano Nikolai Ceausescu, y al contrario que sus muchos contrincantes y detractores atrapados por su régimen, Saddam Husayn no fue objeto de la “justicia” rápida de un tribunal revolucionario. En lugar de eso, se le ofreció, y se le seguirá ofreciendo, la oportunidad de plantar cara a sus acusadores y responder a sus presuntos crímenes. Es una oportunidad de que la sociedad iraquí desarrolle un renovado respeto al mandato de la ley, después de más de una generación de ser testigos de ser ignorada por parte de Sadam es el régimen. También es una oportunidad de que la sociedad iraquí explore la profundidad de su tragedia, así como la responsabilidad individual y colectiva en ello.

Algunos en Irak y más allá pueden considerar la pena de muerte como un castigo merecido para los brutales crímenes soportados por los iraquíes bajo el régimen de Saddam. Otros pueden argumentar que una ruptura con el pasado opresivo puede precisar de una moratoria indefinida sobre la pena capital. La sociedad iraquí también tendrá que bregar con las consecuencias potenciales de éste veredicto en la vida sectaria. En mitad de los recuentos diarios de horror que proceden de Irak, lo que ha logrado el Tribunal Especial al pedir cuentas al dictador y su régimen no es un éxito menor para Irak o para el mundo.

Hassán Mneimneh es director en Washington DC Director de la Fundación Memoria de Irak, una organización dedicada a la reflexión sobre el pasado totalitario de Irak. Es miembro de Benador Associates.