La Corte Suprema de Justicia mexicana responsabilizó al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz (del PRI), en un dictamen no vinculante, de “graves” violaciones a los Derechos Humanos por la represión de las fuerzas de seguridad para poner fin a las importantes revueltas que protagonizaron los maestros de este estado entre mayo de 2006 y enero de 2007 para reclamar mejoras salariales. Alrededor de 20 personas murieron en los disturbios y otras 300 fueron detenidas.
En las revueltas de 2006 y 2008
Más de dos años después de las revueltas, la Corte Suprema ha concluido que durante las revueltas se violaron de manera sistemática garantías constitucionales de los opositores al Gobierno de este estado que van desde el derecho al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a la libertad de tránsito, trabajo, pensamiento y expresión, así como de educación, propiedad, a la paz, y al acceso a la información, según informa Europa Press recogiendo lo publicado por el diario mexicano El Universal.
"Sí existieron violaciones graves a garantías individuales en hechos ocurridos en Oaxaca en 2006 y 2007", dijo la Corte Suprema en un comunicado en el que añadía: "El gobernador del estado de Oaxaca tiene una responsabilidad lisa y llana". La instancia judicial mexicana exime sin embargo al ex presidente mexicano Vicente Fox y a los miembros del Gobierno federal de toda responsabilidad de las violaciones cometidas durante las revueltas, por las que también fueron imputados en un principio por su falta de intervención.
Además del gobernador de Oaxaca, la Corte Suprema mexicana halló responsable de las violaciones a garantías constitucionales al director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, al director de la Policía Ministerial, teniente de Navío José Moreno Rivas, así como al director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes, informó el canal Tele Sur. La Corte Suprema remitirá ahora su dictamen no vinculante al presidente, Felipe Calderón, al Congreso, a la Procuradoría General de la República y al Congreso de Oaxaca, las instancias que deberán decidir si se impulsa la depuración de responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas por estas violaciones cometidas.
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