Ignacio Delfino Picolini argumenta que los gobiernos de forma arbitraria coartan la libre elección de los consumidores y de las nuevas empresas competidoras al intervenir en los mercados a través de aranceles a las importaciones, estableciendo todo tipo de barreras de entrada a los nuevos oferentes e imponiendo cargas fiscales a la iniciativa privada y, por tanto, limitando libertades.

Libre Comercio
Trabajo en el Departamento de Compras de una compañía. Mis labores diarias
consisten en contactar con proveedores, valorar sus propuestas comerciales,
negociar precios y condiciones, y finalmente comprar. Quienes trabajamos en la
gestión de compras conocemos de primera mano los enormes beneficios que nos
aseguramos al comprar bienes o contratar servicios en sectores de actividad en
los que existe un nutrido número de empresas competidoras. La competencia entre
empresas fomenta la excelencia en la atención al cliente, la mejora continua en
la calidad de los bienes y servicios, y la moderación de los precios a raíz de
la lucha por conquistar y fidelizar al cliente.

Contrariamente, cuando
incursionamos en mercados cerrados en los que no existe competencia real, merma
nuestro poder de negociación a la hora de determinar precios y condiciones. Los
consumidores, al igual que cualquier Departamento de Compras, experimentan día
tras día los sinsabores de adquirir productos caros y de baja calidad pues no
existen en el mercado otros para elegir. Allá por el año 1776, el economista
Adam Smith en la “Riqueza de las Naciones” sostenía que “en todos los países, el
interés de la inmensa mayoría de la población es y debe ser siempre comprar lo
que necesita a quien vende más barato”.

Los gobiernos de forma
arbitraria coartan la libre elección de los consumidores y de las nuevas
empresas competidoras al intervenir en los mercados a través de aranceles a las
importaciones, estableciendo todo tipo de barreras de entrada a los nuevos
oferentes e imponiendo cargas fiscales a la iniciativa privada y, por tanto,
limitando libertades. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que exponen los
gobiernos a la hora de intervenir en los mercados?

Los argumentos que
suelen esgrimir son: la protección a la ¨industria nacional¨, la protección de
los empleos que ésta genera, la salvaguarda de las ¨actividades y recursos
estratégicos¨ del país, el derecho a que los comerciantes o pequeñas empresas
subsistan frente a la ¨amenaza¨ de las grandes empresas o lo que es lo mismo
decir que ¨los peces grandes no se coman a los peces chicos¨. ¿Cómo es posible
responsabilizar al libre albedrío de los consumidores la suerte que pueda correr
la industria nacional y sus trabajadores?, ¿no resulta injusto que el gobierno
privilegie a ciertas empresas sobre otras por considerarlas erróneamente
¨estratégicas¨ y que además obligue a sus usuarios a pagar altos precios a causa
de la inexistencia de competencia?, ¿por qué no reducimos al mismo tamaño a
todas las empresas del país para que unas no puedan comer a otras?.


Conclusión: la economía de mercado y el sistema de precios no pueden
tener un sustituto institucional porque carecemos de la información suficiente
como para saber lo que los consumidores quieren, cómo lo quieren y las formas
más eficientes de producir los bienes. Las restricciones a la competencia en los
mercados son costosas para el consumidor y generan un claro inmovilismo
productivo que inhabilita a estos sectores protegidos a absorber los cambios e
innovaciones tecnológicas necesarias para ofrecer un producto de calidad y más
barato. En este sentido se produce una pérdida gradual de competitividad frente
a empresas extranjeras que interactúan en contextos macroeconómicos más
favorables. Los monopolios, los mercados de competencia monopolista y los
oligopolios son producto de la intervención del propio gobierno en la economía.


La simple eliminación de la protección gubernamental es suficiente para
que desaparezcan una vez que ingresan al mercado nuevos competidores. La
concentración empresarial que surge de forma espontánea sin la ayuda estatal, en
cambio, es siempre saludable para la economía en tanto exista libertad absoluta
en la entrada y la salida en los mercados. En caso de que se produzcan
beneficios extraordinarios provenientes del incremento de los precios o de la
disminución de la calidad, se asistirá automáticamente a la entrada de empresas
que ofrezcan mejores condiciones. El proceso de integración económica en la
Unión Europea consiguió en ciertos sectores incrementar la competencia entre
compañías que anteriormente actuaban en cada país en régimen de monopolio u
oligopolio. Los beneficiarios de esta situación fueron todos los consumidores.


Lamentablemente, esta experiencia exitosa no ha animado a los burócratas
comunitarios a derribar las barreras al comercio para que los productos de India
o Uganda inunden también las plazas del ¨Viejo Continente¨ en beneficio de todos
los consumidores. Y de paso si existe tanta preocupación como se pregona desde
la Comisión, el Parlamento o el Consejo Europeo de la miseria existente en los
países subdesarrollados, comiencen por eliminar los aranceles sobre los bienes
que allí se producen. El presidente ugandés Yoweri Museveni declaró durante una
visita a Washington, “No deseamos asistencia, queremos comercio. La asistencia
no transforma sociedades”. Tampoco es deseable la asistencia a los miles de
agricultores europeos a través de la Política Agrícola Común y los Fondos
Estructurales pues no redunda en beneficios para la sociedad. Al contrario, mina
el poder adquisitivo de los consumidores que transfieren anualmente miles de
millones de euros para sostener actividades improductivas y costosas para todos.


Las naciones con mayor libertad económica han desarrollado niveles de
vida más elevados entre sus ciudadanos que las naciones menos libres. Además han
experimentado mayores tasas de crecimiento que aquellas economías más cerradas.
Si esta observación es cierta, ¿por qué nuestros gobiernos no demuestran
especial interés en respetar los derechos de propiedad privada, la libertad de
contratación, el libre comercio y los bajos impuestos?. El profesor James McGill
Buchanan, Premio Nobel de Economía de 1986, nos da una respuesta muy convincente
a través de su teoría de la ¨Public Choice¨ en la que realiza un análisis
explicativo del comportamiento gubernamental. Buchanan sostiene que las
decisiones políticas tienden a beneficiar a los grupos de interés en detrimento
de los consumidores o ¨ciudadanos de a pie¨.

Los intereses generales de
los ciudadanos suelen verse afectados por la superior influencia de grupos de
presión organizados que mediante el lobbying, la propaganda, las ayudas
financieras a las campañas electorales o el soborno, consiguen prevalecer sobre
los intereses generales. Los individuos que gobiernan no son en esencia
diferentes a los gobernados, es decir, persiguen sus propios intereses. En el
caso de los políticos y los burócratas, los objetivos perseguidos son los votos,
los cargos públicos, las cuotas de poder y los presupuestos. La política deviene
de esta forma en un campo fértil para la búsqueda de rentas por parte de grupos
de presión particulares. En cambio, los ciudadanos presentan intereses dispersos
que desincentivan la formación de grupos de presión organizados para incidir en
las decisiones de gobierno

Fuente: Fundación Atlas